Distintas acciones vinculadas a los medios se inscriben en la judicialización de actos de gobierno. La ley de servicios de comunicación audiovisual, sobre cuya suspensión dictada por una jueza de Mendoza el gobierno apeló (nota enCritica), los balances y la nueva relación del gobierno con Clarín y La Nación en el directorio de Papel Prensa, y la venta de Telecom son los principales asuntos que la justicia debe dirimir terminada la feria judicial de enero. Nota de Rodolfo Barros y Matías Barberia en Perfil. En marzo se registró otro fallo adverso, por parte de una jueza de Salta, contra la ley 26522 (nota de Alejandro Alfie en Clarín).

las idas y vueltas judiciales de la nueva legislación sobre comunicación

La ley de medios se encamina a la Corte

El Gobierno apeló la suspensión dispuesta por la Justicia de Mendoza. En el Ejecutivo afirman que la norma “está en plena vigencia”. Pero en el máximo tribunal advierten que llevará, al menos, dos años resolver la pulseada judicial.

Ariel Zak – 11.02.2010

El Gobierno apeló ayer la resolución de la justicia mendocina que suspendió la puesta en marcha de la nueva ley de medios, una de las banderas de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Con un entusiasmo desmedido, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comuniciación Audiovisual, Gabriel Mariotto, dijo que “la ley está en plena vigencia, pero estamos apelando una (medida) cautelar de una jueza de Mendoza que suspendió la aplicación de la norma”. Sin embargo, los obstáculos se esconden para el Gobierno a la vuelta de la esquina. Desde la Corte Suprema ya reconocen en privado que la contienda judicial se extenderá al menos hasta 2011, al tiempo que advierten sobre los puntos débiles que esconden los artículos que obligan a las empresas que están fuera de la ley a deshacerse de las licencias en el plazo de un año.

La declaraciones radiales de Mariotto fueron en referencia a la medida cautelar que dictó la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, quien suspendió la aplicación de la ley a raíz de una presentación realizada por el diputado nacional por el Peronismo Federal, Enrique Thomas, quien denunció que hubo irregularidades en el tratamiento legislativo de la norma.

A fines del año pasado, Thomas había solicitado que se declare inconstitucional la nueva ley por “los graves e insanables vicios en que incurrió el trámite parlamentario de la norma”. La Justicia hizo lugar a su pedido, frenó la aplicación de la ley y desató la ira de la Casa Rosada.

Además de Mariotto, otras fuentes del Gobierno consultadas por Crítica de la Argentina se manifestaron confiadas en que la Justicia le dará la razón al Gobierno respecto del caso mendocino. En esta instancia, es la sala II de la Cámara de Mendoza la que debe expedirse.

Si bien el fallo de Pura de Arrabal es el único que frenó la aplicación de la norma, existen otras tres medidas judiciales en los tribunales de Buenos Aires, San Juan y Salta que trabarían algunos de los artículos, entre ellos el que obliga a los grupos mediáticos que superan la cantidad de licencias permitidas a adecuarse a la nueva regla (desinvertir) en el plazo de un año.

El entusiasmo con el que el Gobierno afronta la batalla judicial por la denuncia que se tramita en los juzgados mendocinos tiene su contratara en esas tres denuncias disparadas desde distintos puntos del país. Uno de los impulsores de la ley de medios reconoció ante este diario que la misión de destrabar los artículos más polémicos entrará en la agenda “del próximo gobierno”.

Similar fue la lectura que hizo un ministro de la Corte que dialogó con este diario. Según explicó, los artículos más complicados serían los que pueden ser considerados como “confiscatorios”. Por caso, señaló el artículo 161, que se refiere al plazo de adecuación de los titulares de licencias.

En cuanto al tiempo que llevará resolver todos los contrapuntos judiciales que envuelven la nueva ley, el magistrado estimó que el “ping-pong” judicial podría tardar dos años. Según ese cálculo, la ley estaría en “plena vigencia” después de la próxima elección presidencial.

del canje a la ley de medios

Termina la feria y la economía se judicializó

Las principales medidas del Gobierno se encuentran examinadas por los jueces. Aseguran apelaciones.

Por Rodolfo Barros/Matias Barberia

Las principales decisiones económicas y que impactan a las empresas por parte del Gobierno, se judicializaron. El final de la feria promete hacer que la semana que se inicia sea clave para muchas de esas decisiones.

Fondo del Bicentenario. Nació el 15 de diciembre pasado, como un intento por trasladar US$ 6.500 millones de “reservas excedentes” del Banco Central al Tesoro a través de un decreto de necesidad y urgencia.

El 28 de diciembre, la iniciativa encontró sus primeros escollos judiciales. El PRO y la Coalición Cívica presentaron un pedido de amparo ante la Justicia para suspender el DNU y dar la palabra así al Congreso. El mismo día, la provincia de San Luis presentó otro amparo, en este caso ante la Corte Suprema de Justicia, para evitar el uso de reservas. La acción de San Luis hasta el momento no prosperó, pero resistencia de Redrado mediante a habilitar las reservas y luego a dejar su cargo al frente del BCRA, el 9 de enero la jueza María José Sarmiento entendió que no existía “necesidad ni urgencia” alguna para usar reservas por decreto. El 22 de este mes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la opinión de la magistrada de primera instancia y entendió que era el Congreso el que debía decidir.

Canje de deuda. El episodio del Fondo del Bicentenario seguido del atrincheramiento de Martín Redrado al frente del Central propició otro jaque a una de las iniciativas económicas del Gobierno en la actualidad: el Canje de Deuda en default. El martes 12 de enero, el juez estadounidense Thomas Griesa trabó un embargo sobre US$ 1,8 millones del BCRA que se hallaban depositados en la Reserva Federal de los EE.UU., así como sobre todas las propiedades del Estado argentino que pasaran por su distrito hasta alcanzar la suma de US$ 3.110 millones. El magistrado de Nueva York debe decidir ahora si el BCRA es el alter ego del Tesoro.

Aerolíneas. Con casi dos años de retraso, la Justicia se prepara para definir esta semana otro de los grandes hitos de la gestión económica del Gobierno K, la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, de manos del grupo español Marsans. Fue decidida en julio de 2008, a la par de la derrota en el Senado por la Resolución 125, pero la propiedad de la empresa sigue en manos de los españoles, si bien el control de la misma es Estatal.

Lo que empezó como un acuerdo entre el Gobierno y Marsans, se transformó en una batalla alrededor del precio que se debía pagar por las dos empresas. Finalmente, el Tribunal de Tasación calculó un valor neto negativo, por lo que el Congreso avaló una expropiación por el valor simbólico de $ 1 en diciembre de 2008.

Para que la empresa sea netamente estatal, el Gobierno deberá defender dede el lunes el valor que pagó por la empresa. Marsans, por su parte, lleva adelante una acción ante el tribunal del Banco Mundial, por US$ 2.500 millones. En marzo comienzan las audiencias.

Cablevisión. La empresa logró frenar la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de suspender su fusión con Multicanal. El Gobierno apelará la medida.

Telecom. Telecom Italia frenó judicialmente la decisión de la CNDC de que desinvierta. El caso va a la Corte junto a otros juicios que rondan a la compañía. La Corte deberá decir si lo traslada a un tribunal o decide ella misma si los fundamentos por lo que el organismo antitrust esgrimió, para afirmar que Telefónica controla a Telecom Argentina a través de Telecom Italia, tras la adquisición de una parte de sus acciones, son correctos (Más sobre el caso Telecom en página 18)

Ley de Medios. Mañana la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFCA) recibirá la notificación que suspende la aplicación de algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entre ellos, se encuentran el que suspende la actividad de la AFSC y los otros organismos creados por la nueva ley.

En la AFSCA aseguran que apelarán y que tienen los argumentos para que el trámite sea rápido y contundente a su favor.

Papel Prensa. El juez Ernesto Marinelli dictó una medida cautelar que suspende una disposición de la Secretaría de Comercio Interior para que Papel Prensa venda a todos sus proveedores al mismo precio. La medida fue criticada por las principales espadas K a favor de la Ley de Medios y el ministro de Economía, Amado Boudou. Se espera que el Gobierno la apele también esta semana.

OTRO FALLO JUDICIAL QUE SE SUMA AL
DICTADO POR UNA JUEZA DE MENDOZA

La Justicia volvió a suspender la vigencia de la ley de medios

Se notificó ayer al Gobierno de una medida cautelar dictada en Salta.

Por: Alejandro Alfie

Por segunda vez, se suspendió ayer la vigencia de toda la ley de medios. Esta vez por una medida cautelar que dictó el juez federal de Salta, Miguel Medina, debido a irregularidades en el procedimiento de sanción de esa ley. Fue ante una demanda iniciada por la diputada Beatriz Daher, del Peronismo Federal.

El juez ordenó al Poder Ejecutivo y al órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “que se abstengan” de aplicarla “en su integridad, como de dictar actos administrativos o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la citada normativa, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. En caso que Gabriel Mariotto -a cargo de la autoridad de aplicación- no cumpla con estas medidas, se considera que incurre en “desobediencia judicial”, dijo el juez Medina en su fallo.

La diputada salteña Daher, del bloque que comanda Felipe Solá, comentó que “cuando se sancionó la ley de medios, se cometieron numerosas irregularidades en el proceso de aprobación de dicha ley”. Por ejemplo, mencionó que el reglamento de la cámara establece que tienen que pasar siete días entre los dictámenes de comisión y la sesión donde se van a tratar. “Pero aquí pasó menos de un día”, afirmó Daher.

El fallo del juez Medina es similar al que dictó la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, ante una demanda del diputado Enrique Luis Thomas, del mismo bloque del Peronismo Federal.

Pero los abogados de la diputada Daher mencionaron que “como la Autoridad Federal de medios dictó varias resoluciones posteriores al fallo de la jueza Pura de Arrabal, que no estaban contemplados en el caso Thomas, se resolvió hacer una demanda más amplia y concreta, que por ejemplo impide seguir adelante con los censos que vencían el 15 de marzo”.

Además, el juez Medina profundizó sobre la posibilidad de judicializar los actos del Congreso, citando al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, “quien denomina paradigma del Estado de Derecho Constitucional al que se enfoca como garantía de procedimientos democráticos y constitucionales, cuyo principio estructurante es el respeto de las decisiones mayoritarias con el límite de la Constitución”, dijo Medina. Y en su fallo explicó que Lorenzetti “no consiente cualquier resultado si no se han seguido los procedimientos que fija el Estado de Derecho”.

El Gobierno seguramente va a apelar esta medida cautelar, para que resuelva la Cámara Federal de Salta, tal como hizo en la causa iniciada por el diputado Thomas. Pero la cámara de apelaciones salteña ya tiene en estudio otro fallo del juez Medina, que a mediados de diciembre otorgó otra medida cautelar contra seis artículos de la ley de medios, a favor del Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO). En esa causa, Medina cuestionó varios artículos, como los que regulan la oferta de programación televisiva y radial en el interior del país, la multiplicidad de licencias que pueden tener los medios, la emisión en cadena de los contenidos de programación y la adaptación de los medios a la nueva ley.

Ahora el juez, directamente, suspendió toda la ley.

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