La masiva movilización reclamando la aplicación de la suspendida ley de servicios de comunicación audiovisual convocada por la Coalición por los 21 puntos por una radiodifusión democrática y otras organizaciones sociales ha contado con la involuntaria colaboración de los grandes grupos de medios, que en su sobreactuación contribuyeron a difundir un tema que fue, anteriormente, silenciado. Reflexión de Luis Bruschtein en Página 12.

PANORAMA POLITICO

La convocaron los medios

La problemática de los medios pasó como el rayo del laboratorio a la sociedad. Un fenómeno insólito por lo complejo y oculto. En realidad, el funcionamiento de los medios es simple pero está invisibilizado tras un velo cultural. Y más oculto todavía porque a los medios no les interesa ponerse en evidencia haciéndose una especie de harakiri de credibilidad. Movilizaciones masivas como las del jueves, algunas de ellas autoconvocadas sin que exista un gran aparato detrás, en respaldo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, demuestran que esa problemática, hasta hace poco propia de claustros y centros de estudio, ha ganado la calle. En el Gobierno tienen estimaciones que indican que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene apoyo en el 55 por ciento de la sociedad y que el “fútbol para todos” tiene aún bastante más respaldo.

Por Luis Bruschtein

Es probable que lo que está sucediendo en Argentina sirva de experiencia para el resto del mundo. En pocos años, la aplicación de nuevas tecnologías y el surgimiento de los grandes multimedia produjeron desarreglos en el juego de fuerzas sobre todo en las sociedades periféricas, donde este proceso se dio en forma abrupta y casi simultánea. Eran sociedades que soportaban al mismo tiempo las tormentas económicas del neoliberalismo con festivales de privatizaciones, desmantelamiento del Estado y expulsión de millones de personas a la miseria y la desocupación. Y finalmente las crisis terminales de estos sistemas. El surgimiento de los poderosos multimedia en sociedades cada vez más dependientes de la información era el problema menor que tenían y al que prácticamente no se le prestó atención. En los países centrales, en cambio, este proceso fue atentamente acompañado por regulaciones, límites y marcos legales y económicos. Cuando esas mismas prácticas de preservación democrática y antimonopólica intentan aplicarse aquí provocan más revuelo que la mano de Dios de Maradona y se pone en juego un dispositivo corporativo, que desequilibra las reglas de juego democráticas. Es lo que se llama el discurso único o hegemónico que puede ser impuesto ya no desde un gobierno dictatorial, como decían los manuales, sino desde una corporación económica mediática que es capaz de incidir fuertemente en el humor de los ciudadanos.

Estos temas se vienen discutiendo desde hace varios años en las carreras de comunicación. Muchos de los jóvenes que asistieron el jueves a la movilización en la Capital Federal, así como a las que se hicieron al mismo tiempo en otras ciudades del país, desde Comodoro Rivadavia hasta Tandil o Mendoza, eran estudiantes de las carreras de comunicación de muchas universidades estatales y privadas. Para ellos se trata de una problemática que los involucra con un mundo del que formarán parte en el futuro. Pero también había miles y miles de personas para quienes hasta hace unos pocos meses la jerga comunicacional de las convocatorias y discursos les importaba un pito, y en cambio ahora se sintieron convocadas por algo, ya sea el Gobierno, la Red por una Radiodifusión Democrática o por los mismos grandes medios.

Resulta una paradoja, porque de todos ellos, los únicos en condiciones de generar un proceso de sensibilización masiva sobre una problemática tan específica son los propios medios. Y esta vez han conseguido hacerlo en contra de sí mismos.

Aun llevado a una guerra sin cuartel, el Gobierno no tiene herramientas suficientes que produzcan una ruptura cultural como para que la sociedad se rebele contra sus Oráculos, o para resquebrajar esta creencia sobrenaturalizada en los grandes medios. Y la Red, que ha sido la convocante a estos actos, llega a todos los protagonistas más directamente involucrados pero por sí sola es menos que David contra Goliat.

Los únicos con el poder suficiente –incluso para convocar en contra de ellos mismos– son los grandes medios. En las concentraciones, tanto en la de jueves, de la Red, como en la del viernes anterior en el Obelisco, convocada por los seguidores del programa 6, 7, 8, la mayoría de los participantes no estaban encuadrados en columnas de organizaciones sociales o políticas. Y gran parte de los carteles estaban hechos a mano con consignas inventadas por sus autores y portantes. Muchos estaban escritos con la furia de la desilusión, del que esperaba otra cosa y se ha desengañado. Como suele suceder en este tipo de expresiones, también se producen injusticias y arbitrariedades. Lenin diría que una cosa es el escrache y otra el escrachismo. Pero el sentido general de las protestas fue claro y contundente.

El Gobierno o la Red o el programa 6, 7, 8 se podrían pasar criticándolos toda la vida y la relación igual es tan desfavorable que habría sido garúa finita si no fuera porque los grandes medios y sus principales columnistas pusieron demasiado en evidencia la manipulación en las ediciones o los intereses concretos que estaban en juego, con operaciones mediáticas, forzando la información y otras veces ocultándola, exagerando y crispando con titulares explosivos y apocalípticos. Como nunca antes en los últimos 25 años de democracia, los multimedia jugaron a polarizar y parcializar la información y terminaron por provocar un fenómeno reactivo insólito, al punto que el movimiento a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual alcanzó una entidad similar a la de otros movimientos sociales.

En todo el mundo existe este problema y se debate, pero aquí es el único lugar donde además se generó un movimiento social específico. Hay también un efecto especular: la existencia de este debate y de este movimiento es también una demostración de la importancia de los medios para bien o para mal. Y esa importancia en un aspecto tan sensible está planteando la obligación de regular y acotar en forma democrática. La oposición política encontró un aliado formidable en la corporación mediática, por lo que prefirió oponerse a una ley cuya aplicación ni siquiera se sentirá en el transcurso de este Gobierno, que termina en el 2011.

Y ahora ya ni siquiera es la política la que obstaculiza, sino algunos jueces. La ley tiene cinco causas abiertas en su contra por las empresas afectadas, ya sea Clarín o el grupo Vila-Manzano, o por diputados de la oposición. La actuación de los jueces resulta impresionante. Las presentaciones tienen motivos diferentes. En un caso es por el plazo de un año para desmonopolizar, en otro acusan que no se siguió el trámite reglamentario en el Parlamento y otros porque va contra la libertad de prensa. El mapa judicial también pone en evidencia su trama de intereses y complicidades y abandona el trono de la asepsia y la imparcialidad. El resultado es que la aplicación de toda la ley está frenada. Es otra paradoja de un Gobierno al que también acusan de manipular la Justicia. Es evidente que hay jueces que juegan para la misma servilleta, con la diferencia de que este Gobierno ya no la tiene.

La puja por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual abarcó hasta ahora todos los planos posibles, ya sea el de los medios, la economía, la política y, finalmente, la Justicia, desmadejando nichos de decisión muy relacionados entre sí que terminan conformando un poder concentrado que no está establecido en ninguna organización republicana. Se trata de lobbies en la política y en la Justicia que en determinado momento llegan a tener más fuerza que el Poder Ejecutivo o el Legislativo, al punto que frenan una ley aprobada en el Parlamento sin que haya una causa flagrante que lo respalde. La discusión parlamentaria fue muy abierta y hasta la difusión a través de los mismos medios afectados en ningún momento mostró flancos ostensibles para el camino judicial que aceptaron con rapidez y esmero los jueces comprometidos.

UNA MULTITUD SE MANIFESTO PARA RECLAMAR LA APLICACION DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

“El pueblo no acepta cuando no se cumplen las leyes”

Madres y Abuelas, artistas, funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales, partidos y gremios encabezaron la marcha de miles de personas desde el Congreso hasta Tribunales. Masivo rechazo a la suspensión de la norma dispuesta por la Justicia de Mendoza.

Por Nicolás Lantos

Una multitud desbordó ayer por la tarde la plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia de la Nación, para reclamar la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso entre septiembre y octubre del año pasado y suspendida por la decisión de un tribunal mendocino. Siguiendo la convocatoria realizada por más de 300 organizaciones de todo el país, entre ONG, sindicatos y partidos políticos, y con una fuerte difusión boca a boca y a través de Internet, la marcha que comenzó frente al Congreso de la Nación fue encabezada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, legisladores de numerosas fuerzas políticas, funcionarios del gobierno nacional, dirigentes sindicales, periodistas y figuras de la cultura y el espectáculo. Hebe de Bonafini, la encargada de cerrar el acto, llamó a “empujar desde la calle” para defender la nueva norma y agradeció a la Presidenta por haberla impulsado. “Cristina, nos pusiste una ley en nuestras manos y la vamos a defender con nuestra vida si es necesario”, infló pecho.

El sol caía sobre las palmeras de la plaza e iluminaba la fachada del Teatro Colón, que ultima los detalles para volver a abrirse al público. Frente a los Tribunales la gente comenzaba a amontonarse, confundida con abogados, secretarias y che pibes que pululaban por la zona, aún a última hora de la tarde. Mientras tanto llegaban los primeros desprendimientos de la columna principal de la manifestación, con la agrupación Túpac Amaru como vanguardia. Algunos grupos por la calle Libertad, otros por Lavalle. Entre oficinistas recién salidos del trabajo y militantes de base se podía ver a actores como Daniel Fanego y Federico Luppi, periodistas como Eduardo Aliverti y Pedro Brieger, al vocero de la AFA, Ernesto Cherquis Bialo, y a buena parte de la plana mayor de la CTA. Entonces llegaron las Madres, escoltadas por un cortejo de aplausos, y la multitud se abrió para dejarlas pasar hasta el escenario. Ya estaba todo listo para comenzar con el acto.

“Estamos en democracia. Hoy no hay ningún obstáculo para que las leyes se cumplan. El pueblo argentino no acepta cuando no se cumplen las leyes”, advirtió Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo y encargada de inaugurar la lista de oradores. “Queremos libertad de expresión”, pidió. Concluyó con un llamado a “darse la mano con persistencia, con tozudez y coraje para vencer a los que se interponen al cumplimiento de la ley. Hoy la ley es nuestra, a luchar todos juntos”. Junto a ella, en el escenario estaban el titular de la Autoridad de Aplicación de la nueva ley, Gabriel Mariotto; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el director del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, media docena de diputados nacionales y otros personajes públicos que se acercaron a dar su apoyo a la iniciativa, como la actriz Florencia Peña o el guitarrista del grupo de rock El Otro Yo, Cristian Aldana.

Aunque al promediar el acto ya era de noche, la gente seguía sumándose a la marcha y los organizadores festejaban haber superado ampliamente “los 50 mil asistentes”. En el backstage, la dirigente social Milagro Sala parecía Madonna, perseguida por cámaras y fanáticos antes de subir al escenario a dar su discurso. “Apoyo a la TV pública porque gracias a ella nos empezaron a conocer bien –le explicó a Página/12–. Esta ley la defienden en cada pueblo y en cada localidad, porque ellos son los verdaderos beneficiados.” La titular de la organización Tupac Amaru enfrentó al público para pedir “desde las comunidades aborígenes y desde las organizaciones sociales” que se escuche a los que tienen una voz distinta al mensaje hegemónico.

Más tarde, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, increpó a “los que pensaban que pagándole a un juez podían frenar la ley”. “Se equivocaron”, les dijo y prometió “seguir en la calle hasta que la ley se aplique”.

A continuación, el diputado Julio Piumato, dirigente del sindicato de trabajadores judiciales, apuntó contra los “jueces serviles ante los poderes monopólicos” y los intimó a “cumplir con la Constitución”. Sus palabras hacían eco a las declaraciones matutinas de Cristina Fernández, que había denunciado la existencia de una “Justicia cautelar” que intenta “defender y proteger intereses minoritarios pero muy poderosos”. La Presidenta, tras un acto en el Banco Nación, había señalado a la prensa que los sectores concentrados de poder “pretenden que siga vigente una ley de la dictadura y con actividades monopólicas”. En ese sentido, Piumato concluyó sosteniendo que “si no hay libertad de expresión ni justicia social, no hay democracia”. Y, luego, el titular del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), Néstor Busso, completó: “Defender esta ley es defender la posibilidad de construir un país con Justicia”.

Entonces hubo un breve intervalo musical, a cargo de Ignacio Copani, y después vino el plato fuerte. Hebe de Bonafini dio una de sus habituales arengas sin filtro. “Señores jueces: pongan las bolas donde hay que ponerlas”, exigió, y terminó increpando al tribunal de Mendoza que suspendió la aplicación de la nueva norma. “Si la Justicia no funciona, hay que empujarla desde la calle, desde las manifestaciones y les decimos a los mendocinos que, si es necesario, vamos a hacer una marcha como ésta allá”, avisó la titular de Madres, que incluso desafió a la Corte Suprema. “Les exigimos que voten a nuestro favor. Alguna vez voten para el pueblo, las Madres estamos hartas de la injusticia de ustedes, de esta Suprema Corte, de los jueces corruptos”, dijo Bonafini, que dio final al acto diciendo que “nadie más que el pueblo movilizado puede arrancar esta ley.”