Las medidas cautelares suspensivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, avaladas en segunda instancia, provocaron un limbo normativo y un dislate político en la radiodifusión que llegará por la apelación del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Como la nueva ley de medios dejaba sin efecto el decreto ley 22.285 de la dictadura, la suspensión de la primera repone automáticamente la vigencia del segundo. Martín Becerra critica la suspensión de la ley y propone como solución provisoria y “menos mala” volver a la ley de 1953, la última antes de la actual que fue sancionada en democracia. En La Ventana, de Página 12. La confirmación de la suspensión por la Cámara Federal de Mendoza fue informada por casi todos los medios. Aquí se reproducen notas de Clarín y Página 12.

MEDIOS Y COMUNICACION

Limbo normativo, dislate político

Martín Becerra critica las medidas judiciales suspensivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y propone como solución provisoria y “menos mala” volver a la ley de 1953, la última antes de la actual que fue sancionada en democracia.

Por Martín Becerra* – 17.03.2010

Las medidas cautelares suspensivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, emitidas por jueces federales de primera instancia de Mendoza y Salta, provocaron un limbo normativo y un dislate político en la radiodifusión. Como la nueva ley de medios dejaba sin efecto el decreto ley 22.285 de la dictadura, la suspensión de la primera repone automáticamente la vigencia del segundo.

La paradoja es que en nombre de la libertad de expresión y del estado de derecho, la suspensión de la ley de medios dispuesta por dos jueces restaura de facto el decreto de Jorge Videla, considerado casi unánimemente como autoritario, centralista y discriminatorio. El equivalente televisivo sería: “Como hoy el noticiero de Canal 7 no representa cabalmente la noción de servicio público y es progubernamental, lo reemplazamos por el desinformativo 60 minutos de José Gómez Fuentes (de ATC, en dictadura)”.

Es imposible hallar un fundamento coherente con la tradición de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que objete al mismo tiempo la nueva ley de medios y pugne por restaurar la de la dictadura. De ser consecuente la preocupación por la libre expresión, como declaman las cautelares de los jueces Olga Pura de Arrabal y Miguel Medina, la suspensión de la ley tendría que extenderse a todo decreto anterior, sobre todo a los decretos leyes 22.285 de Videla y 15.460 de Pedro Eugenio Aramburu, de 1957. Ello conduciría a desempolvar la única ley de radiodifusión sancionada en democracia antes de 2009, que es la de… ¡1953!

La paradójica restauración del decreto ley de la dictadura fue lograda por reclamos judiciales de diputados del “peronismo federal” tras su frustrado boicot a la ley en el Congreso. El contrasentido incluye a periodistas, opinólogos y constitucionalistas que desde 1983 no manifestaron incomodidad por la profanación republicana que consiste en hacer regir a los medios audiovisuales –es decir, los que intermedian en la construcción del espacio público– por un decreto dictatorial.

La suspensión se basa en cuestiones de fondo y de forma. De fondo, porque algunos artículos de la norma –relativos a los modos previstos para desconcentrar el mercado o su régimen sancionatorio– serían controvertidos (por ejemplo el impedimento a los operadores de TV cable de poseer más de una señal). De forma, por el desprolijo trámite legislativo, dado que los plazos de funcionamiento de las comisiones, como ocurre a menudo, fueron exiguos. La objeción de fondo, si fuese válida, se subsanaría con normas complementarias o modificatorias de la ley y no con su suspensión, toda vez que el argumento subyacente es que la ley garantiza derechos hasta ahora no reconocidos, y que por ello correspondería ampliar –en lugar de restringir– la multiplicidad de voces, incluyendo las de los operadores comerciales cuando no utilizan un vínculo escaso como es el aire sino un vínculo físico no finito, como es el cable. La cuestión de forma amerita saldarse en el Poder Legislativo, que podría revisar su rutina de funcionamiento para todas las leyes.

Una sólida respuesta a las objeciones de fondo ha sido promovida por el CELS junto a medios comunitarios, sindicatos de trabajadores de la comunicación y universidades nacionales, en un amicus curiae presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones salteña. Estas organizaciones defienden el derecho a la comunicación y por ello respaldan la nueva ley. También exigen su implementación participativa y ecuánime.

Mientras la Justicia sigue su curso, el Poder Ejecutivo nacional podría apelar, por una vez con legitimidad, a la necesidad y a la urgencia y producir un decreto, evitando que mientras perdure el paréntesis a la nueva ley, se retroceda a decretos impuestos por gobiernos dictatoriales.

Esta posibilidad, republicana y constitucional, implicaría derogar por decreto todos los decretos emitidos en materia de medios audiovisuales. De este modo, se sostendría la importancia de la deliberación parlamentaria en la producción de regulaciones para un sector estratégico en la vida pública. Lo que supone derogar el decreto ley de la dictadura, pero también los dispuestos en períodos constitucionales, como el 1005 de Carlos Menem que elevó, de 4 a 24, la cantidad de licencias que puede explotar un mismo grupo y que permitió la transmisión en cadena, arruinando la producción propia en el interior del país, o el decreto 527 de Néstor Kirchner de 2005, que suspendió el cómputo de años de explotación de licencias de radio y televisión, postergando así una década la realización de concursos públicos que no discriminen a las organizaciones sin fines de lucro.

La suspensión de una ley que garantizaba el equilibrio en el acceso de todos los ciudadanos a los medios y que avanzaba –con imperfecciones, como ocurre con toda ley– en su democratización, tiene consecuencias para el interés público al restaurar normas que vulneran derechos humanos elementales. La ley de 1953, con su anacronismo tecnológico y con su tolerancia con la concentración mediática afín al gobierno de Juan Perón, fue sancionada en democracia. Parece que, aún con sus defectos, desempolvarla resulta la solución provisoria “menos mala” antes que reinstalar la Doctrina de la Seguridad Nacional en la regulación audiovisual.

* Doctor en Comunicación. U. Nacional de Quilmes. Conicet.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó la suspensión de ley de medios

Se trata del primer fallo de segunda instancia en todo el país contra la aplicación de la norma. El tribunal, integrado por Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra, ratificó una medida cautelar de la jueza federal de esa provincia Olga Pura de Arrabal.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó este jueves un fallo de primera instancia de la jueza Olga Pura de Arrabal que, mediante una medida cautelar, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales. Esa medida había sido apelada en febrero por el Gobierno nacional.

Según los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra, “le asistió razón a la señora juez de grado cuando, como fundamento central de la medida de cautela dictada, concluyó que al señor diputado nacional accionante en estos autos efectivamente se le habían violado sus fueros parlamentarios y fue privado de ejercer el derecho-deber de intervención como legislador en el trámite de sanción de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, lo que conlleva la violación de derechos constitucionales que la asisten como representante del pueblo”.

Para la Cámara Federal, “aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional que aconsejan mantener el estado de suspensión en la aplicación y actos de ejecución” de la ley de medios.

En diciembre, la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, había dispuesto la suspensión de la aplicación de la ley 26.522. La magistrada entendió que el Congreso habría incurrido en irregularidades reglamentarias al sancionar la norma, y remarcó “la política acelerada que se ha impreso, tanto a la sanción de la ley, como a los actos implementados para hacerla efectiva”.

Además, la jueza afirmó que “la ley que se impugna dispone y decide aspectos que exceden la mera regulación de medios de radiodifusión, reglando aspectos que hacen a la libertad de prensa”.

Luego, hubo otros cuatro fallos en contra de la norma. El más reciente, de la Justicia salteña, también ordenaba no aplicar ningún punto de la norma por irregularidades en el procedimiento legislativo.

El juez salteño Abel Medina ordenó al Poder Ejecutivo “que se abstenga” de aplicar la ley de medios “en su integridad, como de dictar actos administrativos o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la citada normativa hasta tanto se dicte sentencia definitiva”. Mientras tanto, rige la anterior ley de radiodifusión y el COMFER como su organismo de aplicación.

LA CAMARA FEDERAL DE MENDOZA FALLO CONTRA LA LEY DE MEDIOS

Un caso para la Corte Suprema

Es la primera decisión de un tribunal de segunda instancia. Se basa en la queja de un diputado por haber sido “privado de ejercer el derecho de intervención” en el trámite de sanción de la ley. El Gobierno apelará ante la Corte.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó ayer un fallo en primera instancia de una jueza de esa provincia y ratificó la suspensión de la aplicación de la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual. En febrero, el Gobierno había apelado la medida, pero la Cámara entendió que “aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional”. Así, mientras dure esta medida, vuelve a regir la 22.285 de 1980 y el Comfer como autoridad de aplicación. “Es increíble –opinó Gabriel Mariotto, presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de la norma–, se suspende una ley democrática por un supuesto ‘vicio parlamentario’, y vuelve a regir una ley de la dictadura.” El Gobierno confirmó que apelará y el caso llegará a la Corte, que deberá resolver la cuestión de fondo.

El fallo lleva la firma de los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra. Los magistrados entendieron que se violaron los derechos del diputado del PJ disidente Enrique Thomas –autor del amparo– porque el legislador “fue privado de ejercer el derecho de intervención” en el trámite de sanción de la ley. Por eso, el tribunal sostuvo que en el tratamiento “aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional que aconsejan mantener el estado de suspensión en la aplicación y actos de ejecución” mientras se sustancia la cuestión de fondo.

La Cámara Federal mendocina es la primera que se expide en segunda instancia sobre la ley 26.522. En diciembre último, la jueza Olga Pura de Arrabal dispuso como medida cautelar la suspensión de la norma por interpretar que el Congreso había incurrido en irregularidades reglamentarias.

En diálogo con Página/12, la diputada Patricia Bullrich celebró la medida. “Denunciamos en su momento que la ley había sido tratada de manera irregular y en eso se basó la intervención de Thomas. Lo que hay que hacer ahora es dejar de aplicar la ley”, expresó la legisladora de la Coalición Cívica. La titular de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giúdici, se mostró de acuerdo y recordó por su parte que el gobierno nacional “cometió irregularidades y desobediencias al fallo de primera instancia porque siguió dictando medidas desde la Autoridad Federal de Aplicación (Afsca)”.

Gabriel Mariotto, titular de la Afsca ahora suspendida, expresó su desacuerdo con el fallo. “Cuando la ley se empezó a discutir, la oposición lanzó todo tipo de descalificaciones: que era la ley de (Hugo) Chávez, que era la ley de las telefónicas, que íbamos a revisar las licencias cada dos años, que ‘ese Congreso’ no lo podía tratar… Finalmente, llegó al Parlamento y logró una gran adhesión. La democracia votó una norma, y ahora quieren armar una instancia judicial para frenarla.” El funcionario señaló “la paradoja de cuestionar un supuesto vicio parlamentario para suspender la ley de la democracia y pretender entonces aplicar la ley de la dictadura” y recordó que mientras dure la suspensión vuelve a regir la norma de radiodifusión de 1980.

Ahora, el Gobierno apelará y llevará el caso a la Corte Suprema. Los funcionarios consultados argumentan que ya en 1994 el máximo tribunal había sentado precedente sobre la materia, estableciendo que las cuestiones de interpretación de los reglamentos de las Cámaras sólo le competen al Congreso. La Corte –apuestan– también debería fallar a favor del Gobierno sobre la cuestión de fondo. “La ley en sí es sólida. Es lo más avanzado en la materia que hay en el continente y un gran avance respecto de lo que había”, aseguraron, y recordaron que la 26.522 cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la ONU (ver recuadro).

La ratificación de la suspensión de la ley es el revés judicial más fuerte recibido por la norma hasta ahora. Sin embargo, un funcionario que sigue de cerca la batalla judicial eligió mirar el camino con optimismo. “Hasta ahora veníamos de Cámara en Cámara, apelando cada fallo. Ahora que vamos a la Corte, tendremos una sentencia firme y final”, expresó.

Informe: Federico Poore.