Mientras Perfil informa que la Corte Suprema de Justicia demoraría todo lo posible la definición sobre la suspensión a la ley de servicios de comunicación audiovisual (notas de Néstor Espósito y Rodolfo Barros), Horacio Verbitsky denuncia en Página 12 a los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que avalaron la suspensión, por sus vínculos con la represión ilegal y por estar involucrados en causas por violación a derechos humanos. Mario Wainfeld en Página 12 recuerda que la Corte Suprema en 2007 priorizó la cuestión de la “gravedad institucional” por encima de los “ritos procesales”, lo cual sería un antecedente como para asumir la intervención en el caso de la ley de medios audiovisuales.

JUECES DE LA DICTADURA ACUSAN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

El mundo al revés

Los camaristas mendocinos que se dicen amenazados por los organismos de derechos humanos falsearon las fechas para simular una congruencia inexistente. El pedido de juicio político se presentó el 22 de diciembre y la apelación por la ley de medios recién la recibieron una semana después. Fueron ellos quienes intentaron una negociación para obtener su impunidad, que el gobierno no aceptó. De derecha a izquierda, generalizado rechazo al plebiscito inconstitucional de Duhalde.

Por Horacio Verbitsky

La declaración del camarista mendocino Otilio Romano de que se siente amenazado por los organismos de derechos humanos, que lo habrían presionado con denuncias en su contra para que falle a favor de la ley de servicios audiovisuales, invierte la secuencia real de los hechos. Fue Romano, y su compañero en la Cámara Federal de Mendoza, Luis Francisco Miret, quien intentó negociar su posición en una causa que interesaba al Poder Ejecutivo Nacional, a cambio de que no prosperara el juicio político en su contra por complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. La misma táctica había seguido la jueza María José Sarmiento, cuando atribuyó a represalias oficiales por su fallo sobre las reservas del Banco Central la orden de detención de su padre, el coronel torturador Luis Alberto Sarmiento. La denuncia de los organismos de derechos humanos contra Romano fue presentada al Consejo de la Magistratura el 22 de diciembre de 2009, último día hábil de ese organismo en el año, y la apelación oficial al fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que suspendió la ley de medios ingresó a la cámara mendocina una semana después, el 28 de diciembre, lo cual derrumba sin apelaciones la insólita pretensión del juez.

Un hallazgo

La complicidad de esos jueces con las torturas, las violaciones y los saqueos de bienes durante la Triple A y la dictadura militar surgió a luz en forma casual cuando la Corte Suprema de Justicia envió un equipo de trabajo a digitalizar las causas del archivo de la justicia federal mendocina sobre violaciones a los derechos humanos. Allí aparecieron los nombres de Romano y Miret, por entonces fiscal y juez. Esto ocurrió entre agosto y octubre del año pasado, antes de que el Congreso sancionara la ley de medios audiovisuales. Cuando fue promulgada ya estaba avanzado y sometido a consulta con organismos nacionales el borrador con la denuncia al Consejo de la Magistratura contra Romano y Miret. El modus operandi era siempre el mismo: palizas, picana, una lapicera y una invitación a rezar al que se negara a empuñarla para firmar una declaración que no podía leer porque estaba con una capucha. Romano y Miret dictaron prisiones preventivas sobre la base de esas declaraciones obtenidas bajo tormentos, pese a las constancias médicas que obraban en las distintas causas, y no procedieron a denunciar ni investigar a quienes los aplicaron. Esto incluye la detención de la adolescente Luz Faingold Casenave, que Miret entregó a su madre como indicaba la ley vigente, pero media hora después revocó la orden y en vez de enviarla al “lugar de alojamiento apropiado”, que era otra alternativa legal, la dejó detenida durante tres semanas e incomunicada durante cinco días en los calabozos policiales donde fue torturada y violada. En otra de esas causas, el defensor oficial de la detenida Alicia Morales de Galamba pidió informes a la policía mendocina y al Ejército sobre qué había ocurrido con los muebles de su casa y con su automóvil. Romano intervino, fuera de plazo, para oponerse. Invocó para ello que él era “principal custodio de los actos del procedimiento”, pese a que no había participado en ninguna de las declaraciones indagatorias ni testimoniales. Con súbito celo profesional se opuso al pedido porque de otro modo “convertiríamos al Tribunal en una oficina de informes de cosas perdidas”. Lo que sí es cierto y se informó aquí, es que Romano y Miret intentaron negociar con el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón un pronunciamiento favorable a la ley de medios a cambio del cierre de las investigaciones en el Consejo de la Magistratura. Mazzón es un hombre influyente pero no todopoderoso, y la negociación no prosperó. El camino elegido fue entonces confirmar la medida cautelar de Pura Arrabal y deslegitimar a los denunciantes como si se tratara de operadores oficiales. Algunos de ellos, como Diego Lavado y Pablo Salinas, fueron funcionarios en el área de derechos humanos del gobierno de Celso Jaque, pero muy pronto debieron renunciar por la tenaz impugnación que sostuvieron contra el jefe de policía designado por el gobernador, Carlos Rico Tejeiro, quien era uno de los policías que ejecutaban las torturas que Romano y Miret encubrían.

Los medios y los fines

El fallo contra la ley de medios es endeble y entre las razones para conceder la medida solicitada por el diputado del peronismo cobista Enrique Thomas, menciona el discurso de CFK en el que anunció que excluiría del proyecto a las telefónicas, tal como reclamaba toda la oposición y buena parte de las ONG interesadas en la radiodifusión. El haberlo hecho sin consultar con la Cámara de Diputados violaría el artículo 125 de su reglamento. Si se trata de revisar el procedimiento parlamentario, la conferencia de prensa de la presidente es un injerto inadmisible en el análisis judicial. Tampoco explica cómo fue posible que si Thomas y sus colegas no tuvieron tiempo de leer el proyecto que se sometería a votación hubo cuatro dictámenes que llegaron al recinto. Con el criterio que fijó la Cámara, cualquier ley de las que ese y otros tribunales aplican a diario serían inconstitucionales, porque en su formación no se cumplió al pie de la letra con algún artículo del reglamento de alguna cámara. La resolución cautelar se adelanta a la sentencia de fondo al dar por probadas irregularidades irreparables. Para ello considera como pruebas irrebatibles las expresiones de los diputados de la oposición que constan en actas y las tiene por consentidas por la mayoría porque nadie, salvo el diputado Héctor Recalde, las contestó. Se ve ahora con nitidez que las veinte cuestiones de privilegio planteadas por la oposición procuraban preconstituir prueba para las acciones judiciales que constituían la estrategia de fondo. Llega ahora el turno de la Corte Suprema de Justicia de considerar una ley que el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión acaba de proponer como un modelo para el mundo.

Mucho FRYO

La secuencia cronológica es similar en el caso de la jueza María José Sarmiento. Este diario publicó los antecedentes de su padre, el coronel torturador Luis Alberto Sarmiento, bautizado como “el mago de la picana” por los policías que lo acompañaron en el Comando represivo SAR (sigla de Sub Area Rosario, también mencionada como Sección Antiguerrillera Rosario). Algunos intelectuales vinculados con el Frente del Rechazo y el Odio reaccionaron con ira. Los pensadores del FRYO compararon esa investigación periodística con la pureza de sangre exigida por la Inquisición de la época ilustrada de Felipe II y por la dictadura argentina, con la persecución de la Gestapo a quien tuviera ancestros judíos por cuatro generaciones y con el envío al Gulag stalinista de todo aquel que proviniera de una familia aristocrática, aunque se hubiera vuelto un comunista ferviente. Cuando la justicia citó a declarar a Sarmiento, el ex senador Eduardo Duhalde y la jefa de la Coalición Cívica Libertadora, Elisa Carrió, lo atribuyeron a una represalia del gobierno por el fallo del verano. La buena lógica invita a considerar los hechos en su verdadera precedencia: la indagatoria de Sarmiento por crímenes de lesa humanidad que cometió en 1976 fue pedida por el fiscal Guillermo Mario Negro cuatro años antes, luego de la reapertura de las causas, y el gobierno nacional se presentó como querellante. El juez que ordenó su citación, Ramón Chávez, está en funciones desde 1992, es decir que no fue designado ni por Néstor Kirchner ni por CFK sino por Carlos Menem. Su protector fue Ramón Puerta, ahora operador del acercamiento entre sus amigos Duhalde y Maurizio Macrì. Esto nada tiene que ver con la sangre ni la raza, con las venganzas bíblicas ni las persecuciones totalitarias. La jueza Sarmiento tenía un excelente motivo para detestar al gobierno que impulsaba la persecución penal de su padre y éste no es el estado de ánimo que la Constitución y los tratados internacionales contemplan cuando hablan de jueces imparciales e independientes. Salvo que se pretenda, como es ostensible por parte de Romano y Miret, golpear a un gobierno al que se percibe debilitado para conseguir impunidad por sus propios actos.

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