En un editorial sin desperdicio, Clarín alude a la suspensión integral de la ley de servicios de comunicación audiovisual definida en medidas cautelares por dos jueces y la inconstitucionalidad de algunos artículos en algunos fallos judiciales, lo que “preanuncia una compleja trama judicial, hasta que en definitiva sea la Corte Suprema la encargada de determinar la constitucionalidad, o no, de un marco regulatorio conflictivo desde su tratamiento legislativo”. El matutino advierte que “el único extremo que podría modificar esta senda sería una revisión legislativa, gestada por un amplio consenso y respetuosa de los derechos adquiridos, una posibilidad que la actitud intemperante del oficialismo obtura”.

EDITORIAL

Ley de medios: acatar a la Justicia

Una nueva medida cautelar contra la ley de medios, dictada en este caso por la Justicia salteña, vuelve a poner a prueba la actitud gubernamental ante las decisiones judiciales adversas. Otra vez, y como también ocurriera con una determinación de la Justicia mendocina, se dispuso suspender en su integridad la cuestionada norma impulsada por el Gobierno, por irregularidades en el procedimiento legislativo.

La medida impone la abstención de dictar actos administrativos o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la ley de medios hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva. La resolución señaló que si la autoridad de aplicación de la norma incumple con la suspensión se considerará que incurre en “desobediencia judicial”.

Esta última puntualización cobra especial relevancia ya que ha sido denunciado que los funcionarios del ex Comfer no estarían cumpliendo con la suspensión judicial vigente desde diciembre, porque habrían concretado medidas como el censo de medios como la creación del registro de señales que violarían la prohibición de la Justicia.

Además de las dos disposiciones judiciales que ordenan no aplicar ningún punto de la norma, se han dictado tres otras resoluciones suspendiendo la aplicación de diversos artículos de la ley de medios. Esta circunstancia preanuncia una compleja trama judicial, hasta que en definitiva sea la Corte Suprema la encargada de determinar la constitucionalidad, o no, de un marco regulatorio conflictivo desde su tratamiento legislativo. El único extremo que podría modificar esta senda sería una revisión legislativa, gestada por un amplio consenso y respetuosa de los derechos adquiridos, una posibilidad que la actitud intemperante del oficialismo obtura.

Mientras tanto, es de esperar que el Gobierno acate las suspensiones judiciales, respetando las decisiones judiciales. Esta actitud es la que corresponde en un Estado de Derecho, es la que se deriva de nuestra Constitución y también es la que se espera de los funcionarios públicos.

El último fallo judicial dispuso suspender la aplicación de la ley de medios por irregularidades de procedimiento. Se pone a prueba la disposición del Gobierno para obedecer a la Justicia.

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