Estela Carlotto y Horacio Verbitsky denunciaron a Ernestina Herrera de Noble de obstrucción a la justicia, así como a su abogado, el ex juez Gabriel Cavallo, quien objetó el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (dependiente en los hechos hasta hoy del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado que funciona en el Hospital Durand), tendiendo un manto de sospecha acerca de la legitimidad de la recuperación de identidad de veinte descendientes de desaparecidos. El diario que más espacio dedicó a la conferencia conjunta de los titulares de Abuelas de Plaza de Mayo y del CELS fue Página 12.

LA PRESIDENTA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO DENUNCIO A LA DUEñA DE CLARIN Y A SUS ABOGADOS

“Es un delito obstruir a la Justicia”

Estela Carlotto criticó la estrategia dilatoria de Ernestina Herrera de Noble, quien recusó a la jueza Sandra Arroyo Salgado y cuestionó al BNDG. Dijo que el ex juez Gabriel Cavallo, ahora abogado de Clarín, “se ha puesto del lado de la mafia”.La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, denunció por “obstrucción de justicia” a Ernestina Herrera de Noble luego de que la dueña de Clarín recusara a la jueza Sandra Arroyo Salgado, la magistrada que ordenó entrecruzar las muestras de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera con todas las familias de desaparecidos que figuran en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). “Es siniestro pensar que las Abuelas queremos un nieto a cualquier costa”, dijo Carlotto en una conferencia de prensa en la que criticó duramente al ex juez Gabriel Cavallo, flamante abogado de Herrera de Noble: “Se ha puesto del lado de la mafia”, aseguró. Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, calificó las demoras como “una situación abusiva”, comparó la estrategia dilatoria de los letrados de Clarín con las de “represores de todo el país” y explicó que unos y otros mantienen “la esperanza de que un cambio de la situación política les permita recuperar la impunidad”.

“La señora de Noble busca remover a la jueza por haber avanzado con una investigación independiente y en cumplimiento de órdenes de tribunales superiores”, destacó Carlotto, quien convocó a la conferencia luego de que trascendiera que el ex juez Cavallo recusó a la magistrada de San Isidro por supuesto “prejuzgamiento” y solicitó la nulidad de todo lo actuado, incluyendo el procedimiento en el que se secuestraron objetos personales con muestras de ADN con el objetivo de determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Además, Cavallo cuestionó la actuación del Banco Nacional de Datos Genéticos desde 2006 en adelante (ver aparte).

La presidenta de Abuelas señaló que “dudar del BNDG desde 2006 es dudar de la identidad de 18 nietos y nietas recuperados”. “La señora de Noble está obstruyendo la justicia, esa acción es un delito y ciertos sectores, sobre todo políticos de renombre, utilizan el tema para sus campañas de 2011”, afirmó Carlotto en referencia a la seguidilla de declaraciones de Elisa Carrió, Eduardo Duhalde, Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Ernesto Sanz, entre otros, publicadas el domingo en Clarín y el lunes en La Nación. “Sin más información que la brindada por una de las partes se han involucrado irreflexivamente en una estrategia de obstrucción a la verdad y la justicia”, lamentó.

“Hacen como una alianza en concordancia con lo que públicamente manifiestan los abogados que dicen defender a estos chicos, puestos por la señora de Noble, diciendo que se los está martirizando y que el procedimiento fue salvaje y agresivo”, explicó Carlotto. Para que revean su actitud anunció que les enviará copia de las actas de allanamiento, donde consta “que todo fue meticulosamente delicado, con personal femenino para la niña, en un lugar privado, con entrega voluntaria de ropa, cosa que firmaron los propios abogados”.

Carlotto definió a los dirigentes políticos como “voces inescrupulosas” y sostuvo que se están haciendo “cosas salvajes y siniestras para tapar un delito, porque evidentemente detrás de esta obstrucción de justicia hay algo muy grave”.

Horacio Verbitsky recordó que el CELS cuestionó en 2002 la detención de la viuda de Noble “porque estaba probada la falsedad de la adopción, pero no que se tratara de una apropiación de hijos de desaparecidos, y en consecuencia de un delito de lesa humanidad”. “Lo que no podíamos haber imaginado es que las pruebas genéticas demorarían ocho años. Eso tendría que haberse hecho de inmediato y es lo que hoy exigen Abuelas, el CELS y la propia Justicia, porque ya es una situación abusiva”, destacó. El presidente del CELS agregó que la actuación de los abogados del Grupo Clarín “coincide con la estrategia dilatoria de las defensas de represores de todo el país para evitar llegar a juicio oral” y apuntó que “la idea es dilatar la prueba, suspender audiencias, plantear recusaciones infinitas, incidentes procesales de todo tipo y hasta se inventan elementos procesales que no están en el Código”, siempre “con la esperanza de que un cambio de la situación política les permita recuperar la impunidad”.