La ausencia de fuentes fidedignas en la mayoría de los artículos periodísticos de los medios argentinos, la falta de ejercitación del contraste entre distintas versiones de la realidad en la información que difunden, en su mayoría, los medios de comunicación, tuvieron en el “caso Pomar”, la familia accidentada que estuvo 24 días “desaparecida”, su expresión cabal. Junto a lugares comunes reiterados por estrellas mediáticas, de “policía brava” y represión para fuerzas del orden incapaces de hallar un automóvil accidentado a pocos metros de una ruta cuando todas las pistas reales conducían a explorar ese terreno, y a la cultura de tránsito que transgrede toda norma de respeto por la vida y que es generalizada en la sociedad argentina, el caso Pomar motivó una larga serie de artículos, pero el de Mario Wainfeld el pasado domingo en Página 12 compila con maestría la crítica sobre el suceso.

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Que no parezca un accidente

El caso Pomar y sus estribaciones: la ineficiencia policial, la desmesura mediática, el solapamiento de las conductas colectivas. La política de seguridad de Scioli, en la picota. Un trípode corporativo que perdió dos patas.

Por Mario Wainfeld

“Dunraven, versado en
obras policiales, pensó que
la solución del misterio
siempre es inferior al misterio”,

Jorge Luis Borges, “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto.

Una familia normal, promedio, con pibes chicos y dueña de uno de los autos económicos más vendidos. Un enigma indescifrable que crecía con el transcurrir de los días. Todo confluía para generar empatía, interés, temores. La solución traicionó las ansiedades, desencadenando cataratas de conclusiones. Vale la pena revisitarlas porque el fenómeno, en sus detalles, puede ser único pero alude a tendencias y conductas muy arraigadas. El dato más relevante fue la patética ineficiencia policial.

A la Bonaerense se le escapó la tortuga, ¿cuándo no? La única originalidad fue la ausencia de dolo o desidia deliberada. No interfirieron en la investigación intereses espurios: no había redes solidarias con delincuentes, de-sarmaderos vinculados con el poder político, zonas liberadas a ocultar. Aunque el azar predispuso una escena no accesible al primer vistazo, la pesquisa era sencilla, accesible. Hete aquí que la “mejor policía del mundo” está constitutivamente impedida para averiguar algo sin violar garantías. El apotegma de Luis Patti, “no se puede llegar a la verdad sin patear un par de traseros o allanar sin autorización”, puede invertirse: si no hay aprietes o brutalidad, no se sabe qué hacer.

La impericia policial replantea los debates acerca de la represión. Más allá de la teoría, darles mano libre a uniformados tan disfuncionales y torpes es un riesgo siniestro.

El fracaso de la repartición pone en llaga uno de las principales fallas del gobernador Daniel Scioli: confiarle la conducción de la política de Seguridad. Si la Policía no se da maña para honrar sus tareas específicas, es (aún) más disparatado investirla de competencias propias del poder civil. Scioli lo hizo, amparándose en un discurso facilista, coqueteando con el sentido común más playo: hay que restaurar la autoestima policial, nadie conoce el paño como ellos, la autoridad se restaura, ¡delincuentes, temblad! Más allá de la abdicación republicana de renunciar al poder conferido por el voto, la regresión muestra su disfuncionalidad en el día a día. Fracasos de gestión todos los días, impunidad garantizada desde arriba.

Tercerizar el poder político, pactar con las corporaciones, trasegar el espinel mediático vale para conseguir consensos parciales y aplausos de ciertas plateas. Es un rebusque de vuelo corto porque desampara a los ciudadanos normales. El tiempo, que todo lo devela, dejó mal parado al gobernador. Sus asertos más arriesgados, como “tengo que ponerme al frente del clamor popular”, fueron desechados de improviso. El clamor, de momento, no pedía sangre de jóvenes marginales o mano dura, se focalizaba en la Bonaerense, elevada en su rango sin merecimientos ni consecuencias virtuosas observables. Y rápidamente trepaba a la carcomida imagen del gobernador.

El mensaje debería llegar a quienes piden que las salpicadas e inhábiles manos policiales se endurezcan. O a quienes pretenden que esos ojos miopes (a los que se les pianta un auto volcado a pocos metros de la ruta) definan quién es un merodeador peligroso o un sospechoso al que hay que encarcelar sin rodeos ni papelerío.

El del hallazgo fue un mal día para los lugares comunes. El garantismo no se interpuso en la indagación, ni hubo puertas giratorias. La policía, eje de una concepción vetusta de la Seguridad, está desnuda.

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Vidas privadas: La cobertura periodística también ahondó vicios conocidos, que llegaron a niveles record por la ausencia de un delito, que se había dado por hecho. Es (mala) costumbre bartolear hipótesis que husmean en la vida personal de ciudadanos inocentes hasta que se prueba lo contrario y que tienen derecho a la privacidad. Con los Pomar llegó al paroxismo, superando precedentes infaustos.

El asesinato de Nora Dalmasso fue un ejemplo atroz en el que se enlodó al huérfano y al viudo de la víctima, víctimas ellos también. Era una marca difícil de superar, se consiguió en esta ocasión. En Dalmasso, al menos, existía un crimen probado y era forzoso investigar a las personas cercanas. Claro que debían acatarse las limitaciones vigentes acerca de la información sobre menores vinculados con un delito, que se atropellaron con entusiasmo.

De los Pomar nada se sabía, se ignoraba la cabal existencia de un homicidio o de varios. Era factible inferirlo, es posible lucubrar fantasías en las tertulias de café, nadie está exento. Pero, frente a un micrófono, una cámara o un teclado, la prudencia debería ser la regla.

Las teorías de los investigadores pueden ser necesarias para su tarea, aunque en este caso estaban supeditadas a una premisa previa, que era encontrar a los Pomar. Sin cuerpo del delito, no hay delito. La cautela no es la característica más conspicua de los medios o los periodistas, pero hay contingencias que la exigen, máxime cuando los protagonistas noticiables son gentes del común. Los dirigentes políticos, los astros de la farándula, son dignos de respeto pero, acaso, justifiquen menos pruritos. Tienen espolones, recursos para defenderse, se exponen, a menudo provocan la información u operan, forma parte de su métier. Los particulares desprevenidos y desguarnecidos, sujeto central del sistema democrático, deben ser tutelados en sus derechos, empezando por la presunción de inocencia y la preservación de su esfera íntima. Ellos son la famosa “gente” que se endiosa en general, pero que se enloda cuando los alcanza una desgracia, menuda paradoja.

Las versiones que circularon, que es mejor no repetir, tenían un grado alto de fantasía, que acaso trasunte las mentalidades perversas o retorcidas o masturbatorias de pesquisas, uniformados o togados. Tomar distancia de ellas era el primer deber ético, humano y profesional, jerarquizado por encima de la urgencia, la primicia, el minuto a minuto, o la satisfacción del presunto morbo del público.

La reacción ulterior de muchos medios y periodistas (no todos) fue un ajuste de cuentas con fuentes que se habían ensalzado minutos antes, en directa proporción al cúmulo de pescado podrido vendido. Hubo excepciones, pero como regla se eludió la mirada en el espejo, la introspección, la autocrítica. Nada que sorprenda, pero impresiona cómo se escala a repetición. Ahora, por avatares, llegó a explicar un múltiple homicidio que jamás existió y se fisgoneó a una familia deshecha.

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La sensación de accidentalidad: En contrapunto con lo anterior, poco se reflexiona o se elabora sobre el comportamiento medio de los argentinos respecto de las reglas de tránsito. Se las infringe en demasía, aun en detrimento de la propia supervivencia. El número de accidentes con víctimas graves o fatales es enorme, casi siempre por burlar reglas sencillas, universales, de impecable lógica: usar casco o cinturón de seguridad, respetar las velocidades máximas y las indicaciones de los semáforos. En el accidente de los Pomar, por lo menos una de ellas, los cinturones, se había dejado de lado. Y es verosímil que se haya superado la velocidad máxima, que (referencia costumbrista digna de mención) la media de los conductores desconoce.

La anomia es patente, cunde entre personas respetables que a menudo se dañan a sí mismas o a sus seres queridos. Cual si fuera un exorcismo, si alguien arrasa con la vida de un prójimo ajeno, la vindicta es enorme: se trepa al dolo eventual, se piden condenas de décadas…

Cualquier delito contra la vida o la propiedad se inscribe en una categoría conceptual, “la inseguridad”. Los accidentes se tratan como sucesos aislados, “la tragedia”, “la fatalidad”. Pero no son hechos aislados, fatales o azarosos. Existe una fuerte tendencia social, que amerita un análisis más ponderado, sobre la que algo han comenzado a hacer las autoridades (scoring, controles de alcoholemia, sanciones más rigurosas). La accidentalidad, o como se la llame, es una responsabilidad colectiva que no se puede endilgar a morochos, jóvenes desquiciados por el paco y otro tipo de “ajenos”.

Tal vez no sea redituable cuestionar los comportamientos cotidianos de “la gente” (que es el público que consume los medios), de ahí que la cuestión se soslaye o se minimice. O se reduce a la inquisición (necesaria pero insuficiente) sobre el estado de las rutas o las banquinas. Cuestionar al estado o al Gobierno siempre rinde, trajinar las responsabilidades colectivas no está tan de moda.

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Se cayó el trípode: Carlos Stornelli trató de remontar el papelón con declaraciones periodísticas autoelogiosas. Le falló el termómetro, el mainstream mediático estaba de punta con él. Sobraban motivos válidos, los había menos justificables, como el despecho. El ministro se fue desdiciendo día a día, cortó cabezas sin mayor tino y de modo culposo, tardíamente asumió la posibilidad de haber cometido errores. Todo induce a suponer que sus días están contados. Un experimento fallido emparenta la gestión de Scioli con la de Mauricio Macri, que tienen muchos otros puntos en común. Se trata del trasvasamiento de integrantes del Poder Judicial al político, sin escalas ni capacitación previa. Guillermo Montenegro y Stornelli trajinan distritos muy distintos, diversas son sus coyunturas pero ambos están en preembarque a la sociedad civil, es dudoso que sobrevivan en sus cargos más allá del verano austral.

Scioli atraviesa un pésimo momento político, se le ha desbaratado el esquema en que fundó su gestión, la relación estrecha con corporaciones. La Bonaerense restituida como máxima autoridad de Seguridad, las corporaciones médicas y de prestadores colonizando el sistema de salud, de la mano de Claudio Zinn y una serie de concesiones a la jerarquía eclesiástica (encarnada en el obispo Héctor Aguer) comandada por el ministro de Educación Mario Oporto. Dos patas de ese trípode se desmoronaron en estos días. Zinn era un típico caso de fascinación por la fama mediática, que a menudo es puro cuento. Un médico que “mide bien” está a distancia sideral de ser un sanitarista, imprescindible en una provincia que rezuma dificultades.

Las limitaciones de los ejecutores son sólo la punta del iceberg. Lo sustancial es un sistema corporativo, de articulación con los poderes fácticos, una renuncia a las prerrogativas del poder público, una retirada del Estado. Eso es derecha en estado puro, aunque se maquille con un discurso populista y voluntarista, como el del gobernador. Hasta su hermano, José “Pepe” Scioli toma distancia de él, en su hora más aciaga. Muchos analistas descubren en Pepe sabidurías y virtudes de estadista, que le atribuyen a cualquiera que cuestione al oficialismo nacional. Una lectura desapasionada de sus desempeños lleva a pensar que carece de esos atributos, aunque quizá no del olfato de cualquier dirigente peronista, vertical al éxito por mandato doctrinario.

Con la tortuga en fuga, silenciado por decisión propia ante los medios, forzado a pensar cómo sustituir a Stornelli, Scioli tuvo un solo alivio, le vino de afuera. Lo victimizaron las desorbitadas arengas de Hugo Biolcati ante una concurrencia menguada pero calificada en términos corporativos (la UIA y la AEA haciendo de claque de las patronales agropecuarias). El ansia destituyente-descabezadora habla por boca de ese dirigente-emblema, incapaz de refrenar su sinceridad, aunque no le convenga. Las cámaras de tevé no cubrieron todos los discursos de los ruralistas, como en los buenos tiempos, en una confesión tácita de su magra convocatoria. Además, el desenlace del misterio de la familia Pomar medía mejor, en el minuto a minuto.