Promovido por el CELS, el recurso de un amicus curiae para ser contemplado como parte interesada en la defensa de la ley de servicios de comunicación audiovisual fue presentado en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Esta Cámara dictaminará sobre algunas de las impugnaciones judiciales a la ley 26522, sancionada en octubre de 2009 por el Congreso Nacional, que reemplazó al decreto-ley 22285 de la Dictadura. Acompañan al CELS en su presentación sindicatos de trabajadores de medios, universidades nacionales y medios comunitarios. Nota publicada en La Ventana, de Página 12, por parte de los abogados patrocinantes de las organizaciones sociales que acompañan el amicus.

Universidades, sindicatos y organizaciones sociales defienden la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Autor: CELS – 15.03.2010

Más de veinte instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El documento fue presentado, en calidad de amicus curiae, en una causa que tramita ante la justicia federal de Salta. Este proceso se inició a fines de 2009, luego de que el juez federal Miguel Medina hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO) y suspendiera la vigencia de seis artículos de la norma.

El escrito fundamenta la adecuación de estos artículos de la ley 26.522 a los parámetros de la Constitución Nacional y los estándares internacionales sobre libertad de expresión. En particular, alega que los Estados tienen la facultad de regular la actividad de radiodifusión, y que en el caso argentino, la Constitución reconoce esta facultad al Congreso de la Nación. Además, el dictamen recupera los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión y el derecho a la información, y numerosa legislación comparada, destinados a garantizar el pluralismo y la diversidad informativa. Sostiene también la legitimidad de los límites legales a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente.

Los firmantes recurrieron a la figura de amicus curiae –“amigos del tribunal”–, la cual permite a terceras personas participar de una disputa judicial cuando acrediten un interés legítimo en el resultado del litigio. Estas presentaciones consisten en la suma de aportes técnicos, opiniones de especialistas y ejemplos de legislación comparada que pueden resultar de utilidad para un enfoque completo de la problemática.

En los próximos días podrán sumarse nuevas organizaciones que adhieran al dictamen. Los firmantes también prevén presentar escritos similares en otras causas en las cuales se discuta la constitucionalidad de la ley 26.522.

La presentación fue realizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), instituciones académicas como las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. A ellos se sumaron los principales sindicatos que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación, como la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato Argentino de la Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Imprentas, Diarios y Afines, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines, el Sindicato Único de la Publicidad, la Sociedad Argentina de Locutores, el Sindicato Argentino de Músicos y el Sindicato de Prensa de Rosario. También se incorporaron organizaciones que nuclean a radiodifusores como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina y otras ONG interesadas en la defensa de la libertad de expresión, como el Centro Nueva Tierra.

LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION

Una batalla jurídica y política

Los patrocinantes de veinte instituciones que se presentaron ante la Justicia federal en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recientemente sancionada y cuestionada judicialmente, exponen aquí sus argumentos para sostener la validez de la norma.

 

Por Víctor Abramovich*, Damián Loreti*, Analía Elíades*, Andrea Pochak* y Luis Lozano**

La demanda por una ley de medios que reemplazara la legislación de la dictadura y garantizara una efectiva democratización de las comunicaciones agrupó desde 1983 a universidades, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Sus reclamos y propuestas, como los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática redactados en 2004, tomaron cuerpo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo impulsó luego de un inédito proceso de consulta pública y el Congreso aprobó por amplia mayoría en octubre pasado. Pocos meses después, tribunales de diferentes jurisdicciones del país, a partir de argumentaciones diversas, han dejado sin efecto la vigencia de ciertos artículos de la ley o, inclusive, la normativa completa.

En este contexto, los mismos actores que han bregado a lo largo de más de un cuarto de siglo por una efectiva democratización de las comunicaciones y que criticaron públicamente las medidas que permitieron la consolidación de posiciones dominantes en el mercado de medios audiovisuales durante los sucesivos gobiernos democráticos, se presentaron ante la Justicia para defender la constitucionalidad de una ley que ha sido redactada en absoluto cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Carta Magna, así como por los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a ella desde 1994.

El lunes 15 de marzo, más de 20 instituciones –entre las cuales se encuentran la casi totalidad de los sindicatos que reúnen a los trabajadores de medios de comunicación, universidades nacionales, radiodifusores comunitarios, pequeños y medianos radiodifusores comerciales y organizaciones de la sociedad civil– presentaron un escrito en calidad de amicus curiae (“amigos del tribunal”) ante la Cámara Federal de Salta en el marco de una causa que se inició a fines de 2009. La Cámara debe decidir si confirma o revoca la medida cautelar dispuesta por el juez federal Miguel Medina, que había sido solicitada por la ONG salteña Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), que suspendió la vigencia de seis artículos de la norma que hacen referencia a las obligaciones de producción propia, nacional y local, además de las reglas de control de concentración.

El dictamen presentado aporta numerosos antecedentes de derecho internacional de derechos humanos y ejemplos de legislación comparada, que demuestran que la ley 26.522 respeta el derecho a la libertad de expresión. En primer lugar, fundamenta que el Estado no sólo puede, sino que debe regular la actividad de los medios de comunicación audiovisual electrónicos y que, tal como lo ha expresado nuestra propia Corte Suprema en diferentes sentencias, el régimen internacional de telecomunicaciones y radiodifusión al que ha adherido la Argentina impone que esta regulación sea federal y no provincial. Esto es, debe provenir del Congreso nacional.

Por otra parte, el escrito remarca la compatibilidad entre las limitaciones a la concentración de la propiedad de los medios, de las restricciones a la conformación de redes permanentes de programación, y de la fijación de pisos mínimos de producción local e independiente y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Para ello, apela a la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los Relatores Especiales de Libertad de Expresión de la OEA, la ONU, la Comunidad Europea y la Comisión Africana, así como a la comparación con la regulación vigente en otros países. Tanto en Estados Unidos como en Canadá y en la Unión Europea existen regímenes que establecen límites a la multiplicidad de licencias y están destinados a salvaguardar el pluralismo informativo e impedir que un mismo grupo alcance una posición dominante en el mercado de medios que le permita imponer un discurso único. Los ejemplos de derecho comparado y las citas a convenciones internacionales específicas muestran también la existencia de previsiones legales destinadas a garantizar pisos mínimos de programación local y nacional, con el objetivo de defender la diversidad y la producción local.

El amicus además expone la relevancia que este tipo de medidas tienen en el contexto del sistema de medios que se ha configurado en la Argentina a lo largo de las últimas dos décadas. A modo de ejemplo: en los canales de televisión abierta del interior del país las dos terceras partes de la programación consisten en contenidos de las señales producidas en Buenos Aires que son retransmitidos de manera directa. A la vez, sólo tres empresas (Grupo Clarín, Telefónica Internacional y Pramer) controlan más del 70 por ciento del mercado de comercialización de señales de TV. Si a esto le sumamos los efectos del intento de operación conjunta entre Cablevisión y Multicanal, que llevó al Grupo Clarín y su socio norteamericano Fintech Advisory a controlar más del 60 por ciento del mercado de provisión de TV por cable (con monopolio absoluto en grandes y medianas localidades del país y casi total en otras), nos encontramos con una situación por demás alarmante, que exige políticas enérgicas del Estado para asegurar el derecho de la sociedad a acceder a información plural.

Semejantes niveles de concentración resultan abusivos para cualquier industria, en tanto representan una amenaza a la libre competencia y tienen impactos negativos sobre la formación de precios. Pero en el caso de los medios de comunicación masiva la preocupación es aún mayor debido al efecto restrictivo que implican para el ejercicio de la libertad de expresión, entendida como un derecho humano fundamental y pilar básico de toda sociedad democrática.

* Abogados patrocinantes de las organizaciones que se presentaron como amicus curiae en la causa “Codelco c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa – medida cautelar”.

** Coordinador de Comunicación del CELS.