La revista Newsweek publica el 10 de septiembre de 2009 dos análisis que confrontan en su interpretación sobre el proyecto de ley de medios audiovisuales. La primera nota, firmada por la senadora nacional María Eugenia Estensoro (Coalición Cívica); la segunda por el profesor e investigador Martín Becerra (U. Nacional de Quilmes, UBA y Conicet).

El debate de los medios

Dos expertos sientan posición, en contra y a favor, del controvertido proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado por el Gobierno.

Garantizar la Libertad de Expresión

Por María Eugenia Estensoro,
Senadora nacional por la Coalición Cívica.

La regulación de los medios audiovisuales representa un enorme desafío, ante los acelerados cambios tecnológicos y la inminente convergencia de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La Argentina no es ajena a este debate. Por eso creo que es fundamental discutir con amplitud, profundidad y serenidad el marco regulatorio que favorezca la diversidad y el pluralismo informativo, pero que asimismo resguarde a los medios de comunicación de los condicionamientos del poder político y los intereses netamente económicos. En definitiva se trata, también en el siglo XXI, de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.
Como legisladora y periodista que fui (y sigo siendo en mi corazón), me preocupa que el periodismo independiente, pilar de la democracia, quede entrampado entre los condicionamientos políticos de los gobernantes y los crecientes intereses económicos de empresas que utilizan sus medios para negociar otros cosas con el Estado.

La falta de marcos regulatorios adecuados, a mi entender, representa una amenaza latente para la democracia y el periodismo independiente. Observemos lo que ocurrió con el modelo italiano de libre mercado, donde un empresario mediático (con mucha ayuda política previa, a decir verdad) se adueñó de la opinión pública y finalmente del Gobierno.

En el otro extremo, vemos los peligros del modelo venezolano, donde en nombre del pueblo y el Estado, un gobernante autoritario se fue apropiando de los medios de comunicación para silenciar a la oposición y la prensa independiente.

Lamentablemente, la Argentina tampoco es ajena a estas tensiones.

En mi opinión, cuando hablamos del marco regulatorio de los medios de comunicación de lo que estamos hablando es de derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión, consagrado en nuestra Constitución desde 1853, es muy antiguo, y garantiza que ningún ciudadano pueda ser censurado o perseguido por sus creencias o ideas, y es la base de la libertad de prensa, pilar de toda democracia.

“Democracia” es sinónimo de libertad de expresión y de prensa. Por eso los Gobiernos autoritarios y antidemocráticos lo primero que hacen es restringir, censurar o cancelar la prensa libre. No hay una democracia robusta y saludable sin una prensa sólida, independiente y libre.

El otro derecho que debe resguardar y proteger el andamiaje legal y regulatorio de los medios de comunicación es el derecho a la información. “Todo ciudadano tiene el derecho a acceder, sin restricciones o censura previa, a información libre, plural y veraz”, dice en su artículo 13 la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, incorporada en 1994 a nuestra Constitución.

El derecho a la información es considerado un metaderecho porque posibilita el acceso a otros derechos humanos fundamentales. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema político de autogobierno, en el que los ciudadanos se autogobiernan eligiendo a sus gobernantes y representantes para que administren la cosa pública. Ahora bien, para hacer efectivos sus derechos cívicos y políticos, y poder elegir y controlar a los gobernantes, los ciudadanos necesitan contar con información veraz, plural y de calidad. Éste es el sentido último del derecho a la información.

Para evaluar la calidad y el propósito de una ley de medios audiovisuales es fundamental analizar cómo está constituido y de quién depende el órgano de aplicación.

En mi opinión, una buena Autoridad de Aplicación debe cumplir —entre otros— con los siguientes requisitos:

* Ser un organismo de Estado y no del Gobierno, independiente y profesional. Sus miembros deben ser elegidos por su idoneidad y conocimiento del sector y sus mandatos no deben coincidir con el presidencial. Además, deben ser seleccionados mediante audiencias públicas.

* Que tenga representación federal y de distintos actores de la comunicación, con voz y voto.
La sanción de esta ley debe ser el resultado de un diálogo abierto, plural, honesto y democrático en el Parlamento, que incluya a todos los proyectos —con estado parlamentario hay diez— y a todos los actores políticos, empresariales, profesionales y sociales.

Sólo así, la legislación será de consenso, una política de Estado sustentable y legítima, que brinde previsibilidad y garantías. Los tiempos de este diálogo deben ser los que el propio debate requiera.
Espero que no sean ni los 26 años que la Argentina lleva sin poder discutirlo, ni unas pocas semanas que impidan tratar este tema con la profundidad que se merece.

El tabú de los medios: Superación o perpetuidad

Por Martín Becerra
(Universidad Nacional de Quilmes – CONICET).

El diario más leído de España, El País, cabecera del poderoso grupo Prisa, acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de ejercer un “intervencionismo descarado e inmoral” por un decreto ley de televisión digital que afecta sus múltiples intereses en el sector audiovisual. En la Argentina, Clarín, matutino líder, cuyo grupo editor es el principal conglomerado de medios, con fuerte presencia en televisión abierta y por cable, radios, Internet y cinematografía (y, desde 1977, socio del Estado en la provisión de papel prensa), fusiona información con opinión y editorializa en tapa que el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado por el Gobierno es una “ley K para controlar a los medios”.

¿Qué hay de novedoso en este siglo XXI, que anime a los grandes grupos mediáticos a extremar la confusión entre su propia ambición corporativa y el interés general?

Lo “novedoso” se resume en dos procesos: por un lado, la importancia económica de estos grupos, que se produce a una escala inédita para los tradicionales y en buena medida artesanales medios de comunicación vigentes hasta hace veinte años; por el otro lado, la convergencia tecnológica, que acelera la imbricación de esos medios tradicionales con las telecomunicaciones e Internet y que convoca a la expansión de los capitales y a un nivel de competencia desconocido.

Abordar el tema de los negocios de los medios constituyó un tabú en muchos países.

En la Argentina, el envío del proyecto de ley de medios audiovisuales al Congreso abre la posibilidad de cambiar la normativa emanada de la Dictadura en 1980 y empeorada por casi todas las gestiones constitucionales posteriores.

El proyecto del Poder Ejecutivo asume que la comunicación es un derecho tan fundamental que no puede ser sólo patrimonio de grandes empresarios o políticos: por ello permite la participación de organizaciones sociales y comunitarias. Los límites a la concentración, la participación como emisores de entidades no comerciales, la creación de un registro público de licencias, la progresiva transformación de los medios de gestión estatal en medios públicos o la protección de audiencias vulnerables (como la infancia) son aciertos de un proyecto que recoge el reclamo de un gran número de organizaciones de la sociedad civil y de algunos partidos políticos. Este reclamo no es nuevo: tiene más de 20 años.

Otros aspectos del proyecto serán probablemente modificados. Bloques de centroizquierda ya anticiparon algunos ejes que intentarán cambiar: la composición de la autoridad de aplicación que reemplazará al COMFER, para garantizar que no tenga mayoría del Gobierno de turno; los mecanismos de adecuación del tope de licencias al patrón tecnológico digital o las restricciones para que las telefónicas pueden participar del mercado de medios. Podrían agregarse otros: la dotación de fondos para la producción federal de contenidos o la revisión de las sugestivas autorizaciones a la Iglesia Católica (otros credos no son mencionados por el proyecto).

Hasta ahora, la discusión suscitada condensa no sólo los posicionamientos de los principales actores interesados —como los principales grupos mediáticos—, sino también una tipología binaria de intervención pública que oscila entre la agitación de la hipérbole chavista (que revela una doble ignorancia: tanto sobre Venezuela como sobre la Argentina; y que además exhibe un rústico calibre analítico) y la prisa de un Gobierno que entre 2003 y 2007 robusteció los negocios de los principales grupos con medidas que son las antípodas del proyecto que hoy sostiene.

Probablemente en un tema tan poco debatido en los propios medios como el de su regulación, cabía esperar una primera fase dicotómica de la discusión.

Por ello, la posibilidad misma de apertura al debate en el Congreso afronta varios desafíos: por una parte, torcer un destino de posicionamientos a libro cerrado, alentado (que no es lo mismo que fabricado) por la sesgada edición de los medios líderes y, por otra parte, comenzar a desanudar un tabú que ya cumplió 25 años.

Al igual que previas iniciativas de diputados y senadores opositores, el proyecto del PEN parte de un certero diagnóstico: la altísima concentración de la propiedad del sistema de medios audiovisuales, la consecuente discriminación a grupos e individuos despojados del derecho a acceder a la titularidad de licencias de radio y televisión, la centralización geográfica de más del 70% de los contenidos audiovisuales en la ciudad capital, el caos regulatorio, la autoridad de aplicación (COMFER) intervenida desde 1983 por el PEN y la ausencia de directrices básicas sobre la convergencia entre telefonía, medios e Internet.

El tabú comienza a demolerse cuando es enunciado. Fugarse hacia adelante arguyendo excusas que procuran sostener con respiración artificial los intereses concentrados del sistema de medios equivale a perpetuar el máximo control del PEN a través de un COMFER intervenido por el Gobierno de turno, y a evitar que se erosione el dominio de algunos grupos privados que maquillan como “interés general” sus privilegios.

Anuncios