El anuncio del retiro de las telefónicas del articulado del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, aunque suene paradójico, resulta una táctica que suma apoyos de centroizquierda, pero en lo estratégico no resuelve el problema del mercado cautivo de las telefónicas ni del mercado cautivo de los grandes cableros. Las telcos, además, prestarán de facto servicios audiovisuales por sus redes por afuera de la ley, que pretende así construir un dique artificialmente en redes que no diferencian entre contenidos de “telecom” y de “audiovisual”. Entre las diversas reacciones suscitadas por el anuncio gubernamental, se destacan la de Eduardo Anguita en El Argentino y la declaración del titular del COMFER, Gabriel Mariotto, en Página 12.

Sorpresa: las telefónicas, por ahora, afuera

Por Eduardo Anguita – 15.09.2009

La breve conferencia de prensa de la presidenta Cristina Fernández fue para abordar un tema que habitualmente los mandatarios prefieren resolver en la discreción de los gestores de buenos oficios. El equilibrio de poderes entre la política y los intereses corporativos rara vez se trata en vivo y en directo. A nadie se le escapa que el debate del proyecto oficial de servicios de comunicación audiovisual resulta un desafío al monopolio de Clarín. Y el Gobierno aceptó el reto: el grupo le dedica, día tras día, tapas de diarios y andanadas de mensajes por radio y televisión. El resultado es que mucha gente cree que, tal como afirma el grupo, se trata de una ley mordaza. La falsedad, dicha con la solvencia profesional de comunicadores prestigiosos, convence a mucha gente. Sin embargo, el kirchnerismo logró un consenso importante en Diputados que desestimaron los cantos de sirena de Clarín y reclamaron algunas modificaciones al proyecto oficial.

El centro de los reclamos tuvo que ver con el ingreso de las telefónicas en las licencias de comunicación. Especialmente con la posibilidad de operar el triple play (televisión, Internet y telefonía) o de brindar servicios de cable. Pero el meollo de esta historia tiene nombre y apellido. Telefónica es una empresa que entró en el principio del menemismo. Lleva veinte años en la Argentina y se quedó con un negocio muy importante que incluye un medio tan importante como Telefé. Pero, además, por su operación en Europa, es controlante de acciones de Telecom Italia, de modo que tiene una incidencia –indirecta pero fundamental– en la otra gran operadora que constituye el duopolio de la telefonía fija en la Argentina.

Mucho se insistió en las últimas semanas a través de los medios en que hay una operación en marcha del kirchnerismo tendiente a forzar la venta de las acciones de Telecom a empresarios “amigos del poder”. Fernando “Pino” Solanas tomó la ofensiva “por izquierda”, tratando de reducir este cambio sustancial a un desmedido deseo de Néstor Kirchner de formar un monopolio de la comunicación. Nada más: una conspiración para construir poder K.

Si se tratara de eso, o de las acusaciones “por derecha” de periodistas como Carlos Pagni –que también viene taladrando con lo mismo–, Cristina Kirchner no hubiera sorprendido, como sorprendió ayer, con un mensaje tan categórico. Para “lograr un consenso amplio y democrático” decidió “eliminar del anteproyecto que las telefónicas puedan participar”. Dejó a un lado, expresamente, a las cooperativas, vedadas de ser licenciatarias por la ley de la dictadura.

La Presidenta dijo que era un “escollo insalvable para que muchos diputados voten la ley”. Algunos funcionarios del Ejecutivo de mucha responsabilidad en este tema se enteraron durante la conferencia de prensa de esta determinación. Y los empresarios de las telefónicas también. Cristina Kirchner, en los pocos minutos que contestó preguntas a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, dijo que ésta “es una oportunidad que no puede ser frustrada”.

El mayor argumento, el que más credibilidad tiene de este proyecto, es que está orientado a “desmonopolizar” los medios. Si las telefónicas amplían su incidencia, de acuerdo con este pensamiento, los argentinos corremos el riesgo de salir de un monopolio y caer en otro. Aunque esto suene creíble y democrático, el tema es muy complejo: la convergencia tecnológica es un hecho. Estamos en la era de la banda ancha en materia tecnológica y, en el mundo, no hay una tendencia a democratizar la operación del transporte de datos. Más bien lo contrario. En un reciente trabajo, Guillermo Mastrini y Martín Becerra consignan que el 80% del espectro audiovisual latinoamericano está en manos de cuatro grandes operadores. Y afirman que, justamente por eso, es preciso que los Estados pongan límites. Ahora bien: la escala mundial de los operadores telefónicos es un dato insalvable. Como también lo es su capacidad de invertir fuertemente en investigación y desarrollo, a niveles que los pequeños operadores no pueden hacer.

Telefónica no tiene el hábito de seducir o “apretar” legisladores ni funcionarios. Pero como es una empresa española, la conferencia de prensa de hoy es leída en Madrid por los propios españoles. La oposición a José Luis Rodríguez Zapatero lo presionará para que defienda los intereses ibéricos. Con el agregado de que en otros países latinoamericanos Telefónica está habilitada para operar medios. Tales son los casos de Chile, Perú y Venezuela, tres países de realidades políticas muy diversas. España no salió de la crisis internacional, tiene una desocupación de dos dígitos y las inversiones en Latinoamérica son un renglón importante para las compañías españolas. Esto no significa acobardarse sino atender a un mundo complejo.

Las presiones que, en estos momentos puede tener el Ejecutivo no son las de las falacias construidas para sonar creíbles (como las de Solanas o Pagni) sino las de una época en la que confluyen dos grandes presiones. Por un lado, la de las grandes empresas –y no sólo telefónicas– que tienden a la concentración en pocas manos y a escala mundial. Por el otro, la de los millones de postergados y excluidos, las de culturas diversas, las de sectores progresistas de diversos signos.

Querer anular alguna de estas dos fuerzas de la historia es ingenuo, por lo menos. Lograr que las grandes empresas –que tuvieron grandes privilegios como los tuvo Telefónica durante tantos años– acepten esta decisión no es sencillo. Pero es el juego de la democracia constitucional. Vinieron a operar a un país en una época donde el lobby era la norma y no la excepción. Con el correr de los años, seguramente, tuvieron que aceptar cambios. Y no les fue mal desde el punto de vista empresarial.
La Presidenta jugó con las armas de la democracia por un proyecto esencialmente democrático. La presión de un escenario complejo la resolvió con la simplicidad de un procedimiento transparente. De aquí hasta que este proyecto se convierta en ley puede haber avances y retrocesos. Incluso modificaciones a este punto. El asunto fundamental es que el poder mediático o el poder empresarial no estén por encima del poder de los procedimientos constitucionales.

Un segundo tema, menor en comparación con éste, tuvo lugar en la conferencia de prensa. La Presidenta se refirió a otra modificación al proyecto. Tendrá un apartado sobre “transparencia y obligación de los licenciatarios” que significará una carpeta de acceso público relativa a la publicidad oficial preveniente de la jurisdicción nacional, provincial y municipal. Esa medida implica que todos los dueños de medios audiovisuales deberán informar periódicamente cuánto dinero reciben del Estado en concepto de publicidad.
Agustín Rossi, el titular de la bancada kirchnerista en Diputados, ahora tendrá las herramientas para lograr los aliados necesarios. Necesita, para el quórum, que 139 legisladores se sienten en sus bancas cuando este proyecto llegue al recinto. Esto podrá ser este mismo jueves o quizá el próximo. Los legisladores tendrán que afinar la punta del lápiz para que la ley nazca fuerte. Para que tenga presente todas las facetas de la realidad.

Mariotto: “La sociedad todavía no está madura para debatir el ingreso de las telefónicas”

El titular del COMFER, Gabriel Mariotto, sostuvo que la sociedad “todavía no está madura para el debate” de la incorporación de las telefónicas al negocio audiovisual, por lo que fue eliminado del proyecto de ley de Comunicación Audiovisual que se debate en el Congreso.

“Entendimos que la sociedad todavía no está madura para ese debate, por eso se saca del eje de la discusión con el objetivo de reflexionar acerca de una ley de nuestro tiempo y dejando esta discusión para más adelante”, dijo Mariotto a radio Rivadavia.

El funcionario explicó que el tema se había incorporado al proyecto oficial “entendiendo que la convergencia tecnológica es inevitable y que era momento para debatir y reflexionar acerca de este ingreso que es inevitable, pero que no iba a ser inmediato”.

Asimismo consideró que con las modificaciones anunciadas “se les están sacando (a la oposición) todas las excusas para que se debata como corresponda en democracia una ley de comunicación”.

En ese sentido, cuestionó las ideas que lanza la oposición “con un solo objetivo: despreciar el tratamiento de la ley y que siga el status quo”.

“Hace tiempo que venimos advirtiendo que hay dirigentes de la oposición que quieren hacer aportes para enriquecer el proyecto, y hay otros que son funcionales a los grandes medios que no quieren que se discuta la ley y utilizan excusas para descalificar el momento”, señaló.

Por último, Mariotto se mostró “confiado” en que la ley será aprobada “producto de la discusión y el consenso”.