El análisis político sobre la sanción de la ley de medios audiovisuales por Horacio VerbitskyMario Wainfeld y Washington Uranga, en Página 12. También una nota de Walter Goobar en Miradas al Sur y otra de Carlos Pagni en La Nación, en la que cita un estudio Carlos Comesaña en la que los tiempos dispuestos por la nueva ley para comenzar a aplicar su contenido se calculan en un plazo que no baja de los 9 meses.

EL PAIS › LA NUEVA LEY AUDIOVISUAL
Y EL COMPLEJO AGROMEDIATICO

El fin y los medios

La nueva ley audiovisual es una victoria de la representación popular sobre las corporaciones económicas y de la recuperación del impulso transformador por parte de CFK. Igual que las retenciones al comercio exterior de oleaginosas y la estatización del sistema previsional responde a la dinámica de un proceso político que ha producido una fuerte resistencia del complejo agromediático.

Por Horacio Verbitsky

La aprobación en el Senado de la nueva ley reguladora de la comunicación audiovisual por 44 a 24, a un suspiro de los dos tercios de los presentes, constituye una victoria de la representación popular sobre las corporaciones económicas, en los términos del conciso discurso del senador pampeano Rubén Marín. Esto marca una recuperación nítida del impulso transformador que fundamentó los mayores logros del primer kirchnerismo y señala la presencia de una movilización social diversa y profunda como limitadora de los lobbies del poder corporativo. También constituye un éxito personal de la presidente CFK, quien diseñó la estrategia participativa que involucró en la cuestión a sectores académicos, profesionales, culturales y artísticos que vienen reclamando una ley de estas características desde hace muchos años, mientras los sucesivos gobiernos anteriores al actual preferían las negociaciones de trastienda con los grupos multimediáticos. Esto ocurrió pese a todas las presiones que los medios ejercieron sobre el senador jujeño Guillermo Jenefes, para que, como dijo en el recinto, traicionara sus convicciones y su militancia en el partido justicialista. Bien avanzada la madrugada de ayer, cuando era evidente que aun los artículos más resistidos serían aprobados en la votación en particular, el vicepresidente Julio Cobos hizo gala de la adaptabilidad que ha sido el rasgo característico de su vertiginosa carrera política: apuró a los opositores que pretendían extender sus aclaraciones, sugiriéndoles que insertaran sus enmiendas en vez de leerlas; desechó con sequedad un intento del senador Samuel Cabanchik por frustrar la sesión con un cuarto intermedio hasta la semana próxima, e incluso se adelantó a responder con una sonrisa irónica en lugar del miembro informante por la mayoría una pregunta muy apropiada de la senadora de la CCL María Eugenia Estenssoro. La sensibilidad del ex gobernador mendocino a la dirección del viento es digna de admirar. En el debate particular tanto el radical Gerardo Morales como la justicialista Sonia Escudero presentaron aportes interesantes que habrían podido aprobarse si la oposición no hubiera elegido desde el principio la táctica de la confrontación y el sabotaje para que la ley nunca se sancionara, por lo que la mayoría no tuvo más opción que desecharlos. Esa mayoría, muy superior a la prevista, fue formada por el Frente para la Victoria, el ARI/SI, el Partido Socialista y un desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Se redujo a 40 votos en el artículo sobre la autoridad de aplicación y a 38 en el que establece el plazo de desinversión. La lúcida intervención de la fueguina María Rosa Díaz, fue respaldada por una declaración del Partido SI (Solidaridad e Igualdad) de las dos Buenos Aires y Santa Fe, que también decidieron no apoyar por ahora ninguna candidatura presidencial. Esta pieza del centroizquierda equilibró el apoyo bochornoso del senador Ramón Saadi quien reivindicó su actuación en el caso de María Soledad Morales e hizo un involuntario panegírico de los medios a los que intentaba criticar, lo mismo que el hijo del ex dictador Domingo Bussi al explicar desde Tucumán por qué su senador Carlos Salazar apoyaría en general el proyecto del gobierno. El increíble dictamen de minoría presentado por la UCR y sus aliados reintrodujo en el proyecto a las telefónicas que CFK había excluido y vedó a las cooperativas la posibilidad de prestar servicios de comunicación audiovisual en localidades de hasta 6.000 habitantes. La senadora radical de Corrientes Anahí Sánchez desatendió las sugerencias de su jefe político, el vicepresidente Cobos, quien la exhortó a reflexionar. Así como Carlos Reutemann se prepara para una eventual candidatura a presidente ensayando conducción política con su compañera de bloque Roxana Latorre, Cobos hizo la prueba con su seguidora correntina. Si se mira la congruencia entre la conducta de maestro y discípula, Cobos ha tenido más éxito que Reutemann. Uno y otro ya saben, también, que en 2011 tal vez deban competir con el ex senador Eduardo Duhalde, cuya eventual candidatura regocija la política argentina. Diversos sectores, cada uno por sus motivos, esperan grandes satisfacciones del regreso del único político con actuación ininterrumpida desde 1983. Su explicación de que el radicalismo puede cumplir un período completo de gobierno ¿debe tomarse como una promesa de enmienda? Su esposa, con un aire a la Duquesa de Alba, dijo en forma explícita que su ambición era devolver la ley a la Cámara de Diputados. La transmisión televisiva mostró una gran diversidad entre las distintas señales noticiosas, representativa de la pluralidad de voces que garantiza el esquema actual. Para TN se trató de la Ley de Medios K; para América 24, del grupo De Narváez-Manzano-Vila, de la Ley K de medios. La tapa de Clarín fue menos sintética: “Kirchner ya tiene la ley de control de medios”. A diferencia del conflicto por la resolución 125, la invitación a cacerolear o presionar a los legisladores en las calles no tuvo eco. En la misma semana, el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez se reunió con la mesa de enlace de las cámaras patronales agropecuarias, en un nuevo intento por terminar un conflicto que ensombreció el primer año y medio de mandato de CFK y en cual el gobierno ha ido de concesión en concesión económica, sin que eso se tradujera en algún alivio político, ante la efectiva concertación agromediática que impuso su imagen deforme de la realidad.

El papel de la prensa

Un día antes de que el Senado tratara la ley, La Nación y Clarín denunciaron que el gobierno se propone controlar la prensa escrita, apoderándose del suministro de papel. Esta decisión habría sido transmitida por el buen salvaje a los representantes estatales en la empresa mixta en la que Clarín posee el 43 por ciento de las acciones, La Nación el 28,49 por ciento y el Estado Nacional el 28,51 por ciento en una tempestuosa reunión que se habría realizado el 14 de setiembre. Dos semanas después uno de esos funcionarios estatales, el síndico Carlos Collaso, que hace muchos años ejerce el control público sobre Papel Prensa, narró lo que allí se habría dicho a un escribano. Clarín presentó el acta a la justicia. La denuncia incluía amenazas brutales, más propias de un comic o un policial de serie B que de una discusión política. El nudo de las afirmaciones atribuidas a Guillermo Moreno consiste en el presunto propósito del gobierno nacional de comprar o expropiar la parte privada de Papel Prensa, hipótesis que repitieron algunos senadores radicales al día siguiente en el recinto. Clarín y La Nación adquirieron su participación en los meses que siguieron al golpe militar de marzo de 1976. El banquero David Graiver murió en un sospechoso accidente de aviación en agosto; en noviembre, con el beneplácito expreso de la junta militar, esos diarios adquirieron las acciones que quemaban en las manos de los asustados familiares de Graiver.

El que calla, ¿otorga?

Sólo el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, negó en una sobremesa con industriales, que el Estado tuviera el propósito de hacerse con Papel Prensa. En otras oficinas del gobierno se afirma que Moreno negó haber dicho lo que le atribuyen, lo cual torna más difícil de entender por qué no se formuló una desmentida expresa. “Porque están buscando generar un escándalo con datos falsos para victimizarse en vísperas de la sanción de la ley audiovisual”, explicaron en off. Si la denuncia de Clarín estaba dentro de lo previsible dada la batalla campal entre ese grupo económico y el gobierno nacional, su contenido es sorprendente para quienes conocían los estudios que desde el gobierno se están realizando desde hace dos años, no para adquirir el paquete accionario de Papel Prensa o expropiarlo sino, por el contrario, para vender el tercio aún en manos del Estado.

Vender, no comprar

El Estatuto de la empresa, de 1972, dice en su artículo 8 que “las acciones del Estado Nacional deberán ser rescatadas por la sociedad a su valor real de mercado o nominal, según cual resulte mayor, en el término de diez (10) años en cuotas anuales y consecutivas” y si no lo hicieran el Estado podría venderlo a otros inversores nacionales. Sin embargo hasta el día de hoy el Estado no ha podido desprenderse de esas tenencias y, como socio bobo, financia las ganancias de sus socios privados. Cuando se extinguía la dictadura, en noviembre de 1983, Papel Prensa pidió a la Secretaría de Industria que estableciera el procedimiento para el rescate de esas acciones, y el ministro de Economía Jorge Wehbe firmó la resolución 1359/83. Allí estableció que se entendería por valor de mercado el promedio ponderado de precio de las acciones ordinarias de la empresa cotizadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 15 y 45 días antes de la Asamblea General ordinaria de la sociedad. Para tener una idea del precio vil que eso implicaba, la última negociación de Papel Prensa en la Bolsa se produjo el 6 de diciembre de 2007, a 0,022 pesos por acción. Ese día se negociaron 60 mil acciones, por 1.320 pesos. En abril de 1985, en cuanto asumió el ministerio de Economía, Juan Vital Sourrouille dejó sin efecto la decisión de Wehbe, y fijó un precio real para esas acciones. Su resolución 321/85 adujo que las acciones que se negociaban en la Bolsa eran un volumen ínfimo de capital y eran de clase diferente a las que poseía el Estado. Ese mismo año, Papel Prensa presentó un recurso jerárquico ante la Secretaría de Industria contra la resolución de Sourrouille. Sostuvo que el Estado sólo había tenido una participación financiera en Papel Prensa como parte de una política de promoción industrial del sector celulósico papelero, considerado de interés público. Esa subvención “condicional destinada al enriquecimiento del subvencionado” se concretó en un contrato, que obliga a ambas partes y constituye un derecho civil que no puede ser anulado por un acto unilateral de autoridad, agregó con una cita del tratado de Derecho Administrativo de José Roberto Dromi. Casi un cuarto de siglo después ese recurso jerárquico, presentado por Papel Prensa en setiembre de 1985, no se resolvió y el expediente administrativo desapareció dos veces del ministerio de Economía, que debió reconstruirlo. El artículo 9 del balance firmando en junio de este año, sostuvo que no se pagan utilidades porque aún “no se tiene conocimiento sobre la resolución del tema”.

El socio capitalista

Esta participación forzada del Estado en una empresa en la que ya cumplió su función de fomento y no tiene nada más que hacer, implica una subvención que desde 2007 los representantes del Estado observan al analizar el balance en la asamblea de accionistas. Su argumento es que Papel Prensa tiene quebrantos y no cumple su plan de inversiones porque transfiere las utilidades a sus diarios accionistas mediante un precio de venta subsidiado. A raíz del reclamo estatal, la tonelada para los accionistas aumentó un 30 por ciento, que de todos modos se reduce con la bonificación por cantidad y pronto pago. Bastó que el Estado reclamara por las pérdidas que esta política de precios lo obligaba a absorber, para que ambos diarios accionistas y los medios audiovisuales de uno de ellos sesgaran su cobertura periodística en forma ostensible. Esto se tornó extremo a partir del 11 de marzo del año pasado, cuando el ministro de Economía Martín Lousteau firmó la resolución 125. La participación estatal en Papel Prensa fue tratada en agosto de 1978 por la misión que envió la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que agrupa a los dueños de periódicos del continente. Su informe expresó “graves reservas” sobre el proyecto de Papel Prensa, en el que los diarios “compraron acciones en la nueva planta” mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar” y advirtieron sobre el peligro de que “esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”. Al informar sobre la misión de la SIP, Clarín destacó con negritas el párrafo sobre “la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel”, convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de “graves reservas”.

Del Centro a Castelar

Julián Domínguez asumió el nuevo ministerio de Agricultura y su primera actividad fue recibir a las cámaras patronales agropecuarias. Les dijo que entendía el rol estatal como regulador y subsidiario y cerró cualquier posibilidad de discutir las retenciones al comercio exterior de oleaginosas, que además de un pilar de la política económica es también un símbolo de la autonomía estatal frente a los intereses corporativos. En todo lo demás la posibilidad de acordar es alta. Como garante de ello actuó un gran empresario de la soja transgénica y pionero de los pools de siembra y los fondos fiduciarios, Eduardo Serantes. Su muda asistencia al encuentro (“una hora de presentación y acuerdo sobre la metodología”) fue acordada por el gobierno con el obispo de San Isidro, Alcides Jorge Pedro Casaretto, a quien Serantes acompaña en la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y ambos apoyaron con entusiasmo las movilizaciones patronales de 2008 y 2009. El martes el ministro atenderá en el INTA de Castelar, el principal organismo técnico del Estado en la materia, donde es posible que instale su despacho en forma permanente. El miércoles pondrá en funcionamiento junto con el jefe de gabinete Aníbal Fernández la Mesa Agropecuaria Nacional, con participación de los distintos sectores, y el jueves reunirá por primera vez a los ministros de agricultura de todas las provincias en el Consejo Federal, que hace dos años no es convocado. Ese Consejo sesionará cada 30 días en forma rotativa en las distintas provincias. Allí se impulsará que cada ministro organice su propia mesa de trabajo y su Consejo Provincial, con representantes de los municipios. Dentro de diez días será el turno de las 21 universidades nacionales, con las que comenzará a discutir un plan estratégico agropecuario. La idea es dejar de lado el debate político y discutir la cuestión agropecuaria, con una participación creciente de la gobiernos provinciales y municipales. Tal vez por eso, Domínguez, quien en el último lustro del siglo pasado fue intendente de Chacabuco, designó en su equipo a Carla Campos Bilbao, esposa del intendente de Moreno, Andrés Arregui, y a los ex intendentes de Florentino Ameghino, Andrea Fabiana García y de General Madariaga, Adrián Mircovich. Chacabuco fue uno de los focos de enfrentamientos más duros por parte de las patronales agropecuarias, con trompadas al intendente y al presidente del Consejo Deliberante. El rol significativo que se reserva a los ministros y secretarios de agricultura de las provincias y los municipios obedece a las diferencias estructurales que hay entre las distintas regiones del país. Ellos deberían ser la representación del ministerio en cada lugar donde haya conflictos. Los municipios son el lugar donde puede verificarse la transferencia de recursos por parte del Estado Nacional. Este sería el vehículo para satisfacer las necesidades de los productores más pequeños, que no se sienten representados por los gremialistas. Las cámaras patronales enfurecieron cuando la ministra de Producción, Débora Giorgi cuantificó las concesiones que le fueron arrancando al gobierno en 21.700 millones de pesos desde abril de 2008 hasta julio de 2009. Habrá que ver cómo reaccionan y con qué resultado frente al planteo de Domínguez.

Redimensionamiento

Esto implicaría redimensionar la significación del sector agropecuario y de la agroindustria en el conjunto de la economía argentina, exaltada por el complejo agromediático como decisiva. Un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el equipo de investigación económica social de la CTA, coordinado por Eduardo Basualdo, sostiene que el conflicto por las retenciones móviles es parte de una discusión más profunda sobre el patrón de especialización que debería adoptar el país en los próximos años. El trabajo, en el que participaron Nicolás Arceo, Mariana González y Nuria Mendizábal, sostiene que entre 2002 y 2008 el complejo agroalimentario representó en promedio el 15,3% del valor agregado (PBI) generado en la economía argentina a precios corrientes ( 8,9% la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y 6,4% los sectores industriales asociados). El año pasado el complejo alimentario en términos del PIB fue superior al conjunto de las demás ramas industriales. Pero sólo ocupó a 650 mil personas, contra 850 mil trabajadores en las otras ramas del tejido manufacturero. Contra la jactancia de los discursos de los gordos de la Mesa de Enlace, también fue limitada la contribución del complejo agroalimentario al crecimiento de la economía en la post-convertibilidad: se expandió a una tasa anual acumulativa del 5,1% mientras el conjunto de la economía creció el 8,5% anual. Este crecimiento fue liderado por la industria manufacturera que creció a un 9,4% anual y dentro de ella las ramas que no pertenecen al complejo agroalimentario el 10,8%. Como consecuencia de esas menores tasas de expansión el complejo agroalimentario contribuyó en forma marginal al crecimiento de la economía durante este período: apenas el 5,9% del crecimiento económico entre 2002 y 2008 se explica por su aporte, mientras las ramas de la industria manufacturera no pertenecientes al complejo agroalimentario aportaron el 14,2% . A pesar de este reducido dinamismo, el sector agroalimentario mantuvo su preponderancia como el principal proveedor de divisas de la economía argentina e incrementó su participación en las exportaciones, del 52,2% en 2002 al 57,3% en 2008. Esta pérdida de importancia relativa del complejo agroalimentario no fue reemplazada por un incremento sustancial de las exportaciones de origen industrial sino por otras producciones primarias, como combustibles y energía, que pasaron de representar un 9,4% de las exportaciones totales en 1993 a un 18,0% en 2001. Las conclusiones de CIFRA son que la exigua capacidad de generar valor agregado y empleo incluso en los años de mayor crecimiento, demuestra la incapacidad del complejo agroalimentario para convertirse en eje de un nuevo patrón de acumulación de capital que permita incluir progresivamente a los sectores sociales excluidos, en contradicción con su creciente peso político. Por el contrario, acentuará aún más la elevada exclusión social.

Calidad y cantidad

Una victoria inesperada por la cantidad de votos y la magnitud de los apoyos. Los que ganaron ayer. La oposición, su conducción. Cambios de camisetas y dobles standards. Operadores en acción, un Vila auténtico. Un derecho ciudadano, sus dos facetas. De cómo informar es poder y de cómo se reparte. La alegría en Olivos. Proyectos y escollos.

Por Mario Wainfeld

La aprobación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se logró congregando abrumadoras mayorías cuantitativas y cualitativas. Las amplias votaciones en las cámaras provienen de un espectro que incluye al oficialismo y a vastos sectores de la oposición. El socialismo, Proyecto Sur y el partido de Martín Sabbatella incidieron decisivamente en el resultado y en el texto definitivo. Representan millones de votantes no kirchneristas, lo que desbarata el argumento del “setenta por ciento” en contra. El socialismo, que mostró coherencia ideológica sin concesiones, se sometió a otro veredicto electoral en medio de esta disputa y fue convalidado por el pueblo de su provincia.

Al kirchnerismo le cabe el mérito de liderar este cambio auspicioso, de ser el primer gobierno que consigue llegar al recinto con la ley y también el de saber escuchar e incluir a otros actores.

Los partidos opositores imaginaron que se repetiría el escenario de la Resolución 125. Pero sobraron las diferencias: no hubo acá sujeto social activo que les hiciera pata ni movilizaciones masivas a su favor. Toda la raigambre social se asentó en la otra vereda. Tampoco se reiteró la cerrazón del oficialismo.

Ese archipiélago opositor careció de reflejos. Sigue envuelto en su interna irresuelta y ha aceptado que las corporaciones (que no brillan por su ductilidad en la arena democrática) sean su conducción política. En tributo a ese seguidismo sus desmanejos tácticos fueron patentes. Creyeron que la ley no recalaría en el Congreso, en Diputados jugaron todas sus cartas a construir los reclamos judiciales de las corporaciones. Renunciaron a debatir y se mutilaron la oportunidad de agregar más reformas, que tenían al alcance de la mano. Los senadores dejaron de lado la sobreactuación pero no la repararon.

Superados por goleada, recayeron en una pésima costumbre: despreciar al otro, sindicar a quien piensa distinto de corrupto o ignorante. Calificaron así a intelectuales, a casi todos los constructores de los Veintiún puntos, a académicos, a trabajadores de la cultura afamados o casi anónimos, a luchadores sociales o de radios comunitarias. La oligarquía, se chimenta, no existe más pero vaya si sobreviven las concepciones aristocratizantes que degradan al que piensa diferente. En este caso no se embanderaron tras un ideario chavista, sino en una venerable brega de actores progresistas y democráticos, que tiene un cuarto de siglo de vida.

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Ningún derecho constitucional es absoluto. Los de los concesionarios de bienes del dominio público están sometidos a reglas especialmente estrictas. El licenciatario que incurre en prácticas monopólicas u oligopólicas o en abusos de posición dominante no tiene derecho a invocar “derechos adquiridos”.

A su turno, el derecho ciudadano a la información es algo más denso que la “libertad” del consumidor. La información es una forma de riqueza, desigualmente distribuida como tantas otras. Tiene dos facetas y no sólo la pasiva del espectador: poder acceder a información plural y ser emisor. Poseer un medio de comunicación, así sea de poco alcance, es una forma de poder social, sustraído a casi todos los argentinos. Habilitarles esa herramienta les da una oportunidad para defender sus ideas, valores e intereses que no se subsumen en las invocaciones banales a “la gente”.

Una desviación recurrente de los legisladores oficialistas fue centrar sus alocuciones en la manipulación o en las deformaciones informativas. No es ése el nodo, sino ampliar el conjunto de voces y garantizar un espectro no monopólico. Quien informa, forzosamente, edita: jerarquiza hechos, valores, los connota, les da un sentido particular. La objetividad no existe (cree el cronista), sí el derecho a procurarse data confiable comparando propuestas diferentes.

Los medios dominantes tienen su cosmovisión, sus intereses, su proyecto de país, en función de ellos producen. Lo inadmisible no es su sesgo ideológico sino su imposición de prepo, merced a la restricción de la competencia y la diversidad. La lógica del mercado, que premia al que más tiene y desprecia al menesteroso, nada tiene que ver con la de la democracia donde todos valen uno.

Las personas de a pie son los grandes sujetos del derecho a la información, no los medios ni los periodistas ni los dirigentes, en cuanto tales. Una ciudadanía plena incluye el derecho a ser, aun con pocas fichas, banca y no solo punto en ese juego.

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El paradigma vigente hasta ayer derivaba más de la reforma menemista que de la “ley de la dictadura”. Abandonaba la regulación de un recurso colectivo, una misión sustancial del Estado. Daba rienda suelta a los licenciatarios, beneficiados entre gallos y medianoche. El Estado no se retiró sino que actuó de referí bombero, que siempre sirvió al bando de los poderes fácticos.

Se alegó que la Constitución veda que haya leyes federales sobre la materia. Es una pobre extrapolación de una cláusula referida a la prensa escrita. Desde hace décadas, la Corte Suprema acepta que es válido que se legisle a nivel nacional actividades que, por naturaleza, se extienden en todo el territorio nacional. El joven jurista Gustavo Arballo desmenuza el punto en su blog Saber Derecho. Además, si los objetores a esta norma “unitaria” fueran consistentes deberían haber corrido ipso pucho a Tribunales para pedir la nulidad de las actuales concesiones, derivadas de dos normas nacionales, la dictatorial y la de Emergencia Económica menemista. Si la adjudicación unitaria es nula, los actuales licenciatarios carecen de derechos.

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El Gobierno operó para sumar adhesiones, también lo hizo la oposición. El doble standard predomina también para analizar esas peripecias. Al oficialismo se le atribuyen trapisondas y malas artes. Sus competidores, suponen algunos, son carmelitas descalzas. Hummm. La realidad es más compleja. El Chueco Juan Carlos Mazzón y Kirchner trabajaron full time. A su frente, José Luis Manzano se aposentó en el Hotel Savoy y fatigó despachos senatoriales. Enrique Nosiglia no necesitó mudarse para hacer lo mismo.

Directivos que manejan la caja de varios multimedios rondaron también. Daniel Vila, uno de ellos, no desechó otros métodos: exigió a los periodistas que dependen de sus empresas adhesiones expresas. La ONG Fopea, que nuclea 270 periodistas, le envió una nota “pidiéndole el cese de la recolección de firmas entre los trabajadores de algunas empresas periodísticas que forman parte de UNO Multimedios que usted lidera” y destacó que “en un contexto de gran crispación, puede coaccionar la conciencia de los periodistas con una posición diferente a la que usted ha manifestado en público en relación al proyecto de ley”. Vila es socio del diputado Francisco “Alica” de Narváez. El senador Luis Naidenoff (UCR, Formosa) citó varios comunicados de Fopea, aunque eludió galantemente el que mencionamos. También se apoyó en dictámenes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pero hizo caso omiso de la presentación de su representante Andrea Pochak en las audiencias públicas. Pochak explicó con solvencia la legalidad de la norma en tratamiento y su apego a las reglas internacionales sobre derechos humanos.

Las malas artes de un bando no excusan las del otro. Las acusaciones de cooptación ilegal de la senadora correntina María Dora Martínez deben ser investigadas. Claro que Gerardo Morales, que planteó una cuestión de privilegio, debería tener cierta introspección y (al menos) autocriticar el comprobado soborno de legisladores multipartidarios durante la gestión aliancista en la que fue viceministro y luego ministro de Desarrollo Social.

También es interesante puntualizar que el aparente asesinato del empresario Hernán González Moreno en Corrientes está inscripto en una dura puja de poder entre dos radicales, los primos Colombi. El actual gobernador, Arturo, vestía los colores del cobismo hasta hace una semana, cuando perdió. Sospechas horribles se prorratean, según quien hable, entre él y Ricardo Colombi, gobernador electo, de la UCR. Los mitos paranoicos sobre la omnipotencia del kirchnerismo llegan lejos pero no deberían hacer perder de vista esos detalles, el supuesto crimen político salpica a otros sectores.

Quienes se complacían anunciando que “el peronismo es cruel cuando huele sangre”, anunciando cambios de camiseta, tienen escasa eminencia para enojarse cuando sus vaticinios no se concretan. Cuando se trataron las retenciones móviles, muchos legisladores peronistas (algunos recientemente elegidos) se pasaron de bando. No se los comparó con Borocotó sino con los Padres de la Patria.

Otra senadora desoyó la orgánica de su partido por enésima vez y fue expulsada del mismo. Es rionegrina, revista(ba) en el Frente Grande, se llama María José Bongiorno. Poco se ha dicho de ella, los movileros no la asediaron en estas horas. Tal vez fue porque se alineó con la coalición opositora de centroderecha.

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La construcción de la ley fue participativa y plural, consistente con sus lejanos orígenes. Muchos adherentes tienen más rodaje en la materia que el kirchnerismo, al que antecedieron. En este diario hay varios, permítase al cronista saludar a uno de ellos, a título representativo. Es el compañero Washington Uranga, inscripto en estas reivindicaciones desde los albores de la democracia, promotor de variadas convocatorias y autor de una extensa producción individual y colectiva.

El porvenir es siempre impredecible y abierto. El cronista cree que dar herramientas a la sociedad civil argentina, demandante y jacobina por vocación, fomenta una prospectiva de mayor libertad, pluralismo y exigencias a los poderes políticos o fácticos. En cuanto a la generación de trabajo y la apertura a la producción nacional hay presagios de alta polaridad. Por lo general, las patronales atisban carestía y restricciones contra el optimismo de gremios y protagonistas que laburan en el mundo de la cultura, el espectáculo y la comunicación. Cualquiera puede equivocarse pero el cronista se inclina por darles la derecha a quienes hablan en nombre propio. La burguesía nacional no brilla por su sensibilidad social, menos en tiempos en que la AEA y la UIA defienden a libro cerrado las prácticas desleales cuanto ilegales de Kraft Foods.

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En Olivos cunden el buen humor y el voluntarismo. Los Kirchner creen que están venciendo a grandes grupos mediáticos en una pulseada de poder y que están sentando las bases de una coalición de centroizquierda, que liderarán.

La puja de poder, intuye el cronista, es de suma negativa. El peso y el prestigio que puedan perder los contrincantes no se trasvasan automáticamente al patrimonio político de los Kirchner, menos en términos de su potencialidad electoral, seriamente dañada el 28 de junio.

En cuanto al objetivo del frente de centroizquierda es encomiable pero de improbable concreción. La transversalidad cayó por muchos motivos, uno de ellos fue la opción de gobernabilidad elegida por el kirchnerismo, asentada en su alianza con el PJ y la CGT. Ese afán de gobernabilidad, válido en buena medida, no es congruente con un programa exigente de centroizquierda. Es más sencillo, y hasta posible, imaginar acuerdos parciales sobre una agenda progresista, máxime si persisten la voluntad y el mayor piné respecto de los partidos más grandes de la oposición. Se trataría de acuerdos contingentes, como los de la ley de Medios. Una ley de Bancos, impuestos a las actividades financieras o bursátiles son issues que analiza Néstor Kirchner y que calzarían en ese molde.

Pero cuesta suponer que los acuerdos incluyan al Presupuesto 2010, por su centralismo y su escasa afectación a nuevas políticas sociales. O con el Indec o con las prácticas asistencialistas que el oficialismo prioriza a la imposición de una asignación universal por hijo. O a hacerse cargo de protagonistas como Guillermo Moreno a quien esta semana le llovió otra denuncia, no desmentida y con tufillo creíble a la luz de sus antecedentes.

Los aliados deseados integran fuerzas de firmes convicciones y temerosas de perder reputación y aceptación si se dejan imantar por el kirchnerismo. La historia alecciona, sumarse al peronismo puede ser rentable en el corto plazo, lleva a la deglución en el mediano.

Se irá viendo. Entre tanto, el oficialismo recobró el control de la agenda y el centro de la escena en una coyuntura adversa. Y tomó nota de algunas de sus rémoras en el trámite de la ley que mentamos. No repechó el castigo electoral de junio ni volvió a la pole position. Como fuera, bueno es que el Gobierno no se deshilvane y que busque revalidarse con medidas de honrosa tradición. Falta que se percate de que está “condenado” a revisar su política social y a buscar instrumentos novedosos para enfrentar la pobreza que volvió a aumentar.

En el ínterin, produjo un avance político y social estimable, con buena compañía política y social. Un logro colectivo que era inimaginable hace tres meses.

EL PAIS › OPINION

Esto recién empieza

Por Washington Uranga

Terminó un capítulo y el 10 de octubre de 2009 tendrá que ser recordado como un día trascendental para la democracia y para el derecho a la comunicación en la Argentina. Pero así como es necesario ponderar y valorar el hecho, hay que ubicarlo también en el marco de un proceso que no ha llegado a su fin. Es la manera de no incurrir en nuevos errores. El que se cerró ayer en el Senado es un capítulo muy importante que precede a otros que no lo son menos. Existe una norma que, a la vez que supera ampliamente a la que existía dejando atrás resabios de la dictadura, habilita la construcción de nuevas oportunidades. Y de esto se trata. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual carecerá de sentido si no es acompañada por una política pública en materia de comunicación que, apoyada en la letra aprobada, refuerce el sentido democrático, plural y participativo dándole vida y dinamismo ciudadano. Sin política pública de comunicación no habrá pluralidad, no tendremos diversidad, no existirán nuevos medios y otras voces. En otras palabras: lejos de haber terminado, esto recién empieza.

El análisis político coyuntural (que muchas veces termina siendo cortoplacista) dirá que ganó el Gobierno. Es una manera de decirlo. Se puede coincidir en la afirmación si se tiene en cuenta que además de una victoria parlamentaria, el Gobierno logró abrir el espectro de sus alianzas y sumó en este caso voces de otros que no suelen acompañarlo. Del mismo modo esto último es parte del triunfo para un gobierno que viene saliendo de una derrota electoral. También porque –más allá de lo que digan parte de la oposición y los grupos económicos concentrados que controlan los medios y que resultan directamente afectados en sus intereses– ésta no es “una ley K”. Es una ley resultante del esfuerzo y la militancia de muchos actores diversos, algunos reunidos en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y otros que ni siquiera se inscriben en ese marco pero que también aportaron a este logro. Al Gobierno, a este gobierno, hay que reconocerle la audacia de impulsar la iniciativa en circunstancias políticamente difíciles. También la capacidad política de haber aceptado un centenar de cambios en el tratamiento en Diputados. Por eso ganó el Gobierno: porque tuvo amplitud para aceptar correcciones y sumar otras miradas. Y en ese sentido al mismo tiempo ganó la democracia. Ojalá algunos actores gubernamentales aprendan también la lección para otros ejercicios políticos: buscar consensos, sumar a los diversos es una tarea propia e indispensable de la política. Pasado el fragor del debate quizá también haya espacio para reconocer los errores cometidos: en general por la dirigencia política que tardó 26 años en habilitar esta ley y, en particular, por la gestión kirchnerista que como sus predecesores creyó en determinado momento que haciendo concesiones a los poderes mediáticos concentrados correría mejor suerte o podría generar alianzas que la favorecieran. Es el mismo error que ahora siguen cometiendo ciertos dirigentes de la oposición actuando como monaguillos de grupos mediáticos.

En otro sentido ganó la política: la movilización generada en torno del proyecto de ley reinstauró el sentido de la participación, de la movilización, el valor de la incidencia como ejercicio ciudadano en una sociedad que reincide en el descreimiento y la apatía. Este es otro saldo positivo.

Si todas estas cuestiones se comprendieran es indudable que habremos ganado todos.

El desarrollo tecnológico y los cambios de la sociedad en que vivimos hacen que esta ley no sea suficiente ni que absuelva de aplicar correctivos o añadir nuevos capítulos. La norma es perfectible y habrá que seguir debatiendo sobre otros muchos temas. Ojalá con la misma pasión, pero con más apertura de mentes y positivo sentido de construcción.

Pero la norma no surtirá un efecto mágico. Necesita de políticas públicas activas. No habrá más diversidad, más producción nacional y otras voces porque lo dice el texto legal. El Estado y los mismos que hasta ahora lucharon por obtener la sanción de la ley tendrán que seguir trabajando con creatividad para garantizar el derecho a la comunicación de todos y todas. También la oposición política si está dispuesta, como declama, a contribuir a la libertad de expresión y a la comunicación democrática.

Enredados

Breve historia de las sucesivas leyes Clarín

11-10-2009 / El Grupo, que en la actualidad maneja 264 licencias de medios de comunicación en todo el país, agitó los fantasmas de que la nueva Ley de Radiodifusión atenta contra “el pluralismo de ideas”, “la independencia periodística”, “la libertad de expresión” y “la libertad de prensa”.

Por Walter Goobar – wgoobar@miradasalsur.com

La campaña en contra de lo que fue el proceso de sanción de la nueva  Ley de Servicios Audiovisuales se convirtió en uno de los espectáculos más groseros y pornográficos de nuestra vida en democracia. El Grupo Clarín, que en la actualidad maneja 264 licencias de medios de comunicación en todo el país, agitó los fantasmas de que la nueva Ley de Radiodifusión atenta contra “el pluralismo de ideas”, “la independencia periodística”, “la libertad de expresión” y “la libertad de prensa”. Sin embargo, la virulencia que tuvo la campaña y el cúmulo de falacias empleadas tienen más que ver con lo que Clarín siempre calló que con lo que informó.

En lugar de recurrir al básico ejercicio del periodismo, Clarín apeló a la inflamada retórica de una propaganda que forma parte de la banalización del periodismo. La dureza de su retórica verbal fue (es) un reflejo del silencio de años. La decadencia de los sectores que defendieron la vieja ley de la dictadura quedó evidencia en los spots televisivos  que –a falta de argumentos– apelaron al miedo, utilizando términos como “ley mordaza”, “ley K”, y agitando los fantasmas de la censura, la desaparición de medios y de fuentes de trabajo.

En los canales del Grupo Clarín, como Todo Noticias (TN), y también en los de América TV,  llamó la atención el bombardeo de spots apocalípticos producidos por una fundación llamada “Valores para el Bien Público”. Esa entidad no tiene existencia real, no figura en ningún registro de la Inspección General de Justicia, donde debería estar inscripta, y ni siquiera tiene una página web.

Varias fuentes sugieren que detrás de esa organización fantasmagórica se encuentra  el diputado nacional y accionista de América TV Francisco de Narváez. Parece un contrasentido que las empresas de medios recurrieran a una campaña de propaganda –en lugar de la información– para comunicar su oposición a una ley, pero no lo es. A Clarín lo que le preocupa no es la perspectiva de tener que deshacerse de algunos medios, ni tampoco la posibilidad de que haya nuevos medios independientes, sino la perspectiva concreta de perder la potestad de construir la agenda única.

Pese a contar con excelentes profesionales, hace tiempo que el multimedios ha sacrificado su obligación de informar, en beneficio de la dinámica del insaciable crecimiento del consorcio grupal. Lo que este debate ha puesto al desnudo es que Clarín es un supermercado comunicacional que, a través del ejercicio selectivo de la información, persigue la gestación de negocios que son simples subproductos comerciales.

Padres de la ley. El multimedios, que ha bautizado a la ley de Servicios Audiovisuales como “ley K”, tiene la paternidad de tantas leyes y decretos confeccionadas a su medida, que no alcanzarían todas las letras del alfabeto para enunciarlas. Ninguna de esas leyes –que deberían llevar las iniciales de Videla, Menem,  De la Rúa o Duhalde, entre otros– fue sometida a debate, audiencias públicas ni campañas propagandísticas. Nunca se cuestionó la legitimidad de los Parlamentos que las sancionaron en momentos en que toda la sociedad reclamaba “que se vayan todos”.

Con Jorge Rafael Videla, Clarín accedió a Papel Prensa, con Carlos Menem logró que se anulara el artículo 45, sancionado durante la dictadura, que prohibía la conglomeración de medios. A través de una licitación que estaba pactada para que la ganara Clarín, el holding accedió a las licencias de Radio Mitre y Canal 13 con lo que comenzaba la gestación del gran imperio que hoy conforma.
El 27 de diciembre de 1999, el Grupo Clarín S.A. y el banco de inversiones Goldman Sachs suscribieron el acuerdo de incorporación del banco norteamericano como socio minoritario. En esa operación, se vendió por 500 millones el 18% de todo el Grupo Clarín, con la excepción de Multicanal. Por increíble que parezca, todo este proceso de acumulación dio como resultado, a fines de los ’90, un holding endeudado en 1.000 millones de dólares, que llevó a todo el Grupo a un proceso de decadencia en el que tuvo que invertir todo su poder de presión para el salvataje.

En el libro El Hombre de Clarín –que es una benévola biografía autorizada de Héctor Magnetto–, el periodista José Ignacio López refleja la versión edulcorada de un modelo que legitima la eficacia de la extorsión como metodología sistemática para el crecimiento periodístico y empresarial. Si es preciso, se estigmatiza, hasta la destrucción, a los enemigos. Con los derrocamientos de De la Rúa y de Rodríguez Saa, Clarín logró sanear su economía. Abandonar la “pelea del descenso”, o sea, del quebranto. Al transferir, hacia la sociedad, los efectos residuales, del admirable crecimiento empresarial. Antes del 2001, el Grupo Clárin tenía una estimación de valor en el mercado de 3.200 millones de dólares; una estimación de facturación en 1999 de 2.000 millones de dólares y una deuda de alrededor de 1.700 millones de dólares que pesificó Duhalde pasando a deber sólo la tercera parte.

En la página 457 de El Hombre de Clarín se brinda una exculpación fundamental de la pesificación asimétrica que coronó la salida de la Convertibilidad. Dice el libro: “La idea de la licuación, casi un slogan, ya estaba instalada, y sería difícil cualquier esfuerzo por matizarla”. La “instalación” a la que hace referencia incluyó a AGEA, o sea a Clarín y a La Nación, entre las empresas que se beneficiaron ampliamente con la “licuadora” del 2002. Con Duhalde, Clarín, ostensiblemente, se dedicó a callar y a explotar los beneficios del silencio.

Gracias Duhalde. La Ley de Protecciones Culturales también pasó a la historia, como la Ley ProClarín y fue votada durante la presidencia de Eduardo Duhalde. El gran benefactor de los pesificadores asimétricos gestó la Ley Clarín para salvar al Grupo. En el peor momento de la crisis, en febrero de 2002, llegó la primera modificación de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, cambios que llevaron a bautizarla nuevamente con el poco original rotulo de Ley Clarín, porque favorecía la posición del diario. La nueva ley extendía los plazos de negociación, que eran 7 a 9 meses de 14 a 24, y eliminaba la posibilidad del cram down, una etapa que inquietaba a Ernestina Herrera de Noble y sus ejecutivos, ya que podría permitir que un acreedor se apropiara de la compañía en una fase previa a una eventual quiebra. El caso tuvo un nuevo capítulo el 4 de diciembre de 2003, cuando el Senado de la Nación aprobó una segunda modificación a la Ley de Concursos y Quiebras, según las especificaciones aportadas por Clarín.

A partir de la sanción de esta nueva ley, para Clarín, ya nada será igual. El multimedios, que entre sus 3600 empleados tiene excelentes periodistas, no ha permitido que ni uno sólo se haya podido expresar a favor de la ley, y no es porque esas opiniones no existan. Lo que ocurre es que Clarín aplica la política de la “tolerancia cero” con el disenso,  como lo demuestra el hecho que desde hace cinco años  la empresa no permite ninguna actividad gremial de la profesión que dice defender. En la pelea con el Gobierno, ha terminado pulverizando la materia fundamental para el ejercicio del periodismo. La credibilidad.

El escenario

La llave, en manos de la oposición

Carlos Pagni – LA NACION – Lunes 12 de octubre de 2009

Cristina Kirchner se apresuró a promulgar la ley de servicios audiovisuales antes de partir hacia la India. Tal vez no era necesaria tanta premura. El procedimiento para que la norma aprobada anteayer entre en vigor depende de una cadena de artículos que deja los plazos en manos de la oposición. Este ritmo es decisivo, ya que el artículo 161 de la reforma obliga a las empresas a deshacerse de los canales de TV, de las radios o de las redes de abonados al cable que excedan el cupo determinado para cada negocio.

Las leyes suelen volverse operativas 8 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, el proceso de aplicación del texto que el Senado aprobó el sábado es distinto. En su artículo 164 dispone que la ley 22.285, caracterizada como “ley de la dictadura”, no será derogada hasta que se cumplan los plazos establecidos por el artículo 156 de la nueva norma. El artículo 156 determina los lapsos dentro de los cuales la autoridad de aplicación debe elaborar su reglamento interno y las normas técnicas que regirán el sistema de medios audiovisuales a partir de esta reforma. Para el primero se fijan 30 días, y para las segundas, 180.

Como la autoridad de aplicación no puede constituirse antes del próximo 10 de diciembre, la nueva norma no podría entrar en vigor antes de 210 días hábiles a partir de esa fecha. Y eso será así siempre y cuando los diputados y senadores de la oposición designen con toda celeridad a los que serán sus representantes en ese órgano de control.

Es posible que los legisladores del oficialismo no hayan advertido que, si al calendario frío de la ley se le agregan demoras propias de la política, la iniciativa de los Kirchner tardará bastante más de un año en volverse operativa. Y a ese año hay que sumarle otro para que comience la “desmonopolización”.

También es probable que los representantes de la oposición no hayan querido levantar la voz sobre este detalle, si es que lo advirtieron. Las empresas, en cambio, ya tienen forma de saberlo. Por ejemplo, el estudio jurídico de Carlos Comesaña, especializado en radiodifusión, hizo circular el sábado entre sus clientes un detallado informe en el que advierte sobre la demora que tendrá la ley para entrar en vigor.

Detalles procesales

Para comprender el proceso hay que prestar atención a algunos detalles procesales. A medida que se avanza en ese examen se comienzan a descubrir, además, ciertos ardides políticos que esconde la norma:

Aquí vale la pena prestar atención a un detalle: el kirchnerismo fijó mandatos encabalgados para satisfacer una demanda de sus aliados de izquierda, que pretendían desacoplar a la Autoridad de Aplicación del Ejecutivo de turno. Al hacerlo, logró que los directores nombrados por el actual gobierno sigan en sus cargos durante los dos primeros años de la próxima administración.

La ausencia de los dos representantes del Consejo Federal es muy relevante, ya que determina que los reglamentos sean redactados por una Autoridad integrada por sólo 5 directores. Para que esa Autoridad de 7 miembros tenga quórum es imprescindible que la Comisión Bicameral haya designado a sus tres delegados: uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. ¿Se apresurarán los diputados y senadores de la oposición a designar a sus representantes? ¿O demorarán ese trámite para estirar los plazos de la ley? Si optaran por lo segundo, es imposible que el próximo 10 de diciembre esté constituida la Autoridad de Aplicación y que comiencen a correr los plazos para que la reforma tenga consecuencias prácticas. Más aún: podría sospecharse que la llave de entrada vigente de la ley quedó en manos de la oposición.

Hipótesis favorable

En otras palabras: los 210 días hábiles de plazo para que quede derogada la legislación de la dictadura son la hipótesis más favorable al oficialismo. Todo puede ser mucho más lento. Nada que deba asombrar. El Consejo de la Magistratura que creó la Constituyente de 1994 recién se reglamentó en 2006. Y la ley de coparticipación que la misma convención obligó a dictar antes de que terminara 1996 ni siquiera se ha proyectado todavía.

Estas claves de la normativa que se aprobó el sábado, hasta ahora casi secretas -LA NACION sólo detectó el dictamen de Comesaña-, llevó ayer a algunos legisladores del oficialismo a plantearse la posibilidad de una ley correctiva, que debería aprobarse antes del 10 de diciembre. Además de satisfacer las urgencias del Poder Ejecutivo, el nuevo texto debería corregir algunas aberraciones en la redacción del que se acaba de sancionar. Por ejemplo, en el artículo 95 se establece que el Banco Nación transferirá los gravámenes que se depositen en sus cuentas según lo establecido en el artículo 88. Pero el artículo 88 se refiere a la regulación del acceso al espectro radioeléctrico. Es comprensible: en el apuro, los diputados le cambiaron los números del articulado y nadie pudo ajustar el nuevo texto a la nueva correlación. Los senadores, ya se sabe, tenían una orden, emitida por Kirchner a lo Mussolini, de “no cambiar una sola coma”.

Tampoco debería asombrar que se sancionara una nueva norma. En 1983 Raúl Alfonsín promovió una ley de cinematografía con tanta premura que en marzo de 1984 debió enviar un proyecto correctivo al Congreso. Es verdad que los errores de Alfonsín se debieron a su ansiedad para eliminar la censura. No para establecerla.

    • La Autoridad de Aplicación está integrada por 7 miembros. Dos de ellos representan al Ejecutivo; tres a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, y otros dos al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, estos últimos no tendrán intervención en la tarea fundacional de redacción de los reglamentos. Insólito: el artículo 156 establece que el Consejo Federal se constituirá dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, que no ocurrirá antes de que se redacten los reglamentos.
    • Ahora bien, esos 210 días hábiles correrían a partir de que se constituya la Autoridad de Aplicación, encargada de redactar los reglamentos. Eso no puede ocurrir antes del próximo 10 de diciembre, ya que el artículo 14 de la nueva ley establece que “el presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo Nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo Nacional”. En consecuencia, las designaciones no pueden realizarse antes del 10 de diciembre, ya que recién a partir de esa fecha faltarán dos años para que concluya el período de la señora de Kirchner.
    • El artículo 156 se denomina “Reglamentos. Plazos”. Debe recordarse que el paso del tiempo se mide por la ley de procedimientos administrativos, para la cual “días” son “días hábiles”. Para el reglamento interno de la Autoridad de Aplicación establece 30 días de plazo. Una vez efectuada esa tarea, se puede encarar la elaboración de las normas técnicas del nuevo sistema, para la que se asignan otros 180 días. Es decir, para cumplir con el artículo 156 pasarían 210 días hábiles. Recién entonces se derogaría la ley 22.288.
    • El artículo 164 es la llave. Dice: “Cumplidos los plazos establecidos por el artículo 156, deróganse la ley 22.288 y los decretos?”, es decir, la “ley de la dictadura” y sus modificaciones.
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