La Nación publicó notas de opinión sobre la sanción de la ley de medios audiovisuales y las consecuencias del nuevo marco regulatorio. Entre otros, firmaron Miguel Rodríguez VillafañePablo SirvénGustavo López y Martín Becerra, en este último caso con un artículo que analiza las tensiones económicas vigentes y futuras del sistema de medios argentino.

Opinión

Medios de difusión para todos

Miguel Rodríguez Villafañe – Para LA NACION – Sábado 10 de octubre de 2009

La ley de radiodifusión 22.285, de 1980, fue el resultado de una alianza entre una filosofía propia del lucro comercial con una concepción autoritaria de la política.

La norma que rigió por 29 años entregó la radiodifusión, en especial, para que se hagan negocios. El Estado garantizaba su actitud marginal en la temática y sólo se reservaba participar en los ámbitos donde el capital privado no encontró rentabilidad.

Razones como las expuestas obviamente implicaron que la norma, en su artículo 45, excluyera a las entidades sin fines de lucro en el acceso a licencias.

Personas jurídicas tales como cooperativas, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales ONG, fueron marginadas en el acceso a licencias.

Evidentemente se convertían en un peligro para la filosofía que mandaba en la norma. Ya que dichas entidades no perseguían el lucro y funcionaban con lógicas solidarias.

Esto incomodaba e incomoda a algunos, que no aceptan que el capital solidario pueda competir, eficazmente, contra los grupos de la economía comercial.

También eran peligrosas para el planteo autoritario, ya que las organizaciones sociales funcionan con dinámica democrática.

La ley 22.285, incluso con su reforma del artículo 45 por medios de la ley 26053/05, siguió excluyendo a las cooperativas de servicios públicos, de acceder a brindar televisión por cable, donde hubiera otro prestador.

Dicha norma ha sido declarada inconstitucional por la justicia federal en diversos fallos.

La nueva norma, -no de la forma óptima-, permite encontrar un camino para que las cooperativas de servicio público puedan acceder a brindar radiodifusión.

La negación que ha existido implicó una discriminación inaceptable en democracia.

Dichas cooperativas representan un capital solidario, individual, personalizado, arraigado, que no puede ser captado y que tiene origen democrático y dinámica igualitaria.

Ellas fueron la base para que muchos lugares pudieran contar con teléfono, cloacas, agua, gas, Internet y tantos otros servicios esenciales para la vida digna de personas y pueblos.

Era urgente, que dichos esfuerzos sociales no queden marginados de poder brindar servicios de comunicaciones audiovisuales.

El autor es abogado especialista en Derechos de la Información y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (Aidic)

Salió la ley de medios recontra K

Por Pablo Sirvén –  lanacion.com – Sábado 10 de octubre de 2009

Ya está. Allá vamos: la sovietización progresiva de los medios nos espera con los brazos abiertos y, ahora, con fuerza de ley.

Medios más chicos y opacos, más dependientes de la publicidad oficial, menos preocupados en ser atractivos, más corporativos y sectoriales (un 33% del nuevo espectro que representará a organizaciones no gubernamentales que, en no pocos casos, funcionarán en tándem con el otro 33%, representado por medios del Estado/Gobierno), y que todavía no se sabe cómo y por quién serán financiados y con qué tipos de capacidades profesionales afrontarán esa nueva tarea).

Como suele suceder, lo justo y lo lógico suele ubicarse en un lugar intermedio entre las desmesuras extremas: algunos holdings de comunicación no debieron crecer tanto como lo permitieron Menem (les autorizó a ampliarse sin límite y miraba para otro lado cuando arrasaban y/o absorbían a sus debilitados competidores), Duhalde (les concedió la ley de quiebras que los salvó de la hecatombe en 2002) y el mismísimo Kirchner (les regaló diez años más de licencias y les condonó deudas); ni tan chicos ni dependientes de los favores estatales, como pretende ahora Cristina Kirchner y su obediente brazo ejecutor legislativo.

Se molestan en el Gobierno que se denomine “ley de medios K” a la legislación que el Congreso acaba de sancionar. Pero, en verdad, el mote, a la luz de los resultados, ya le queda chico: debería ser llamada “ley de medios recontra K” porque no bastaron 19 horas de intensos debates para que el Senado pudiese ejercer, siquiera tocando una mínima coma, su papel de cámara revisora.

Ningún argumento (ni siquiera de la propia bancada oficialista, que aportó menos votos en algunas de las votaciones clave en particular) fue válido para corregir las más polémicas asperezas del texto (autoridad de aplicación, plazos de desinversión, restricciones varias y arbitrarias impuestas a los actuales operadores, el creciente papel intervencionista reservado al Estado, etcétera).

Se perdió una ocasión única: había consenso entre todos los sectores en cumplir, al fin, con una vergonzosa asignatura pendiente de la democracia, cual era la de elaborar una ley de radiodifusión moderna y pluralista acorde con el sistema en el que hemos elegido vivir para siempre desde 1983. Pero el kirchnerismo prefirió, en cambio, reducir la causa a bandera sectaria de su exclusiva propiedad para, de paso, asestarle el golpe de gracia a su virtual antiguo aliado, el Grupo Clarín, del que se distanció cuando estalló la crisis del campo el año pasado.

Durante 26 años la impericia de los políticos y el eficaz y persistente accionar de lobbies empresarios para trabar el alumbramiento de una nueva ley de radiodifusión desembocó en el continuo y cómodo emparchado a gusto de la ley 22.285, que permitió negocios inconcebibles y privilegios inauditos para pocos.

Lo peor tenía que suceder y sucedió: el nefasto péndulo argentino (que va de un extremo a otro, sin nunca detenerse en el medio): la “solución” vino impuesta por quienes, paradójicamente, se destacaron por asfixiar a la prensa no adicta en Santa Cruz y que ahora pretenden rearmar el sistema de medios, pero a nivel nacional, a su imagen y semejanza, con el insólito aval de ciertos anestesiados ámbitos académicos e intelectuales que los aplauden encandilados.

La lucha acaba de comenzar: será un arduo proceso de reconversión donde los más perjudicados judicializarán los pasos a seguir y hasta, si es necesario, apelarán a sociedades fantasma o testaferros para defender sus actuales posiciones. Inevitablemente la Corte tendrá que expedirse sobre algunas cuestiones.

Habrá que estar muy atentos para advertir y, en lo posible, neutralizar las consecuencias imprevisibles (inclusive para este Gobierno) que acarreará la bomba que acaba de ser activada para hacer saltar por los aires el actual y muy imperfecto sistema de medios audiovisuales. Se aproximan nuevas batallas.

Opinión

Un triunfo sobre los intereses concentrados

Gustavo López – Para LA NACION – Sábado 10 de octubre de 2009

Mientras escribía esta columna, el Senado de la Nación estaba dando inicio al debate para la aprobación o modificación de la nueva ley de medios. En todos estos meses de discusión intensa, siempre me formulé dos interrogantes: por qué hay que cambiar el decreto ley actual y qué pasó que no se había podido cambiar antes.

Frente al primer interrogante bastaría con decir que ésta es una norma de la dictadura, firmada por Jorge Videla y José Martínez de Hoz, basada en la doctrina de la seguridad nacional y hecha cuando la televisión era en blanco y negro.

Sólo con estos argumentos alcanza para legitimar cualquier reforma. Pero, a estas alturas, me preocupa mucho más responder al segundo de los interrogantes. Nuestro país, que pudo juzgar a través de tribunales ordinarios a los máximos responsables del terrorismo de Estado, que modificó su Constitución, no pudo cambiar esta ley por medio de los mecanismos democráticos en casi 26 años.

Y ello ocurrió por los intereses que siempre estuvieron en juego. La ley de la dictadura fue modificada por sucesivos decretos de necesidad y urgencia o leyes que respondieron exclusivamente a la necesidad o urgencia de algún grupo de empresas.

Todas y cada una de las modificaciones que se realizaron fueron en beneficio de un grupo y no a favor del ciudadano, destinatario del derecho a la libertad de expresión e información.

El ingreso de las empresas periodísticas de medios gráficos, el permiso para la compraventa de acciones y los cambios de titularidad, el aumento en la cantidad de licencias de radiodifusión o la suspensión del plazo fueron hechos a medida y la política se mostró impotente y, en la década de los 90, cómplice de este proceso de concentración.

Hoy la democracia está consagrando una ley que elimina prohibiciones, que incorpora todas las voces, que garantiza a todos los sectores las mismas posibilidades de acceso a un medio. Estamos sancionando una ley que conjuga el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información, con un desarrollo de la industria audiovisual que contiene cláusulas antimonopólicas para que no se atente contra el derecho a la libertad de expresión que se reafirma.

Pretendemos medios públicos estatales y no gubernamentales y un organismo de aplicación con la participación de las minorías parlamentarias. Porque las leyes se hacen para todos y en beneficio del bien común, estamos sancionando la primera ley de la democracia para apostar al mejoramiento de la República.

El autor fue interventor en el Comfer y actualmente es subsecretario general de la Presidencia

Las cuentas pendientes de los medios

Por Martín A. Becerra – Especial para lanacion.com – Sábado 10 de octubre de 2009

Cuando el fragor por la inédita discusión social y parlamentaria sobre la regulación de los servicios audiovisuales disminuya, será tiempo de hacer cuentas. No las de los principales grupos, que estuvieron en la agenda reciente, sino las del conjunto del sistema de medios.

El mercado de medios de la Argentina es inestable. Además de las malformaciones propias de un marco regulatorio obsoleto, con raíces dictatoriales y parches legales de la democracia que lo empeoraron al permitir altos niveles de concentración, el sistema audiovisual tiene otra complicación objetiva: la debilidad de su estructura de mercado.

De las cinco mil estaciones de radio que funcionan en el país, menos del 5% se autofinancia con publicidad. Las empresas de televisión abierta, sector que absorbe el 36% de una torta publicitaria calculada en 7000 millones de pesos anuales, afirman que no son rentables. Los canales líderes en audiencia son la excepción, con ganancias basadas en su amplia audiencia acumulada en sus redes de transmisión en horario central (prime time) y en la exportación de contenidos.

A diferencia de los medios abiertos y generalistas, la televisión por cable es redituable, pero su mercado dista de ser abierto a la concurrencia, ya que es cautivo del proveedor dominante, como admitió Eduardo Eurnekian. En efecto, en muy pocas ciudades hay más de una oferta de TV por cable. Así, el operador obtiene beneficios pero nada impide que abuse de su posición y traslade márgenes excesivos de ganancia al precio que paga el usuario. Su modelo de negocios se asimila al de las telecomunicaciones (sector con el que el audiovisual converge), aunque al pago del abono le añadió la facturación publicitaria.

Ahora bien, ante la sanción de la ley en el Congreso hay que subrayar que la “cuestión económica” excede las dificultades actuales de los operadores comerciales: la esperanza de ampliar las voces que acceden a la titularidad de los medios podría marchitarse si no se resuelve de modo claro, ecuánime y con reglas públicas esta cuestión.

También la sustentabilidad de los medios que gestiona el Estado, y que dejan de ser gubernamentales para tener control parlamentario y federal, reclama atención no sólo por su importancia cultural, sino también por la económica.

En la discusión del proyecto el tema económico fue adquiriendo visibilidad. Empresarios del sector expresaron dudas porque la iniciativa no resolvería el dilema, presentado como excluyente, entre permitir el ingreso de nuevos actores sociales al mapa de los medios y asegurar su sostenimiento, dado el carácter no elástico de la pauta publicitaria hoy concentrada en pocos grupos. La competencia del Estado tampoco satisface a los operadores comerciales: los medios públicos (no gubernamentales) podrán recibir tanto subsidios como publicidad, mientras que las empresas sólo se financiarían mediante el recurso publicitario. Por otro lado, el adelanto de reservar un 33% de las licencias a operadores no lucrativos que se inscribe en la perspectiva del derecho a la comunicación, también demandará fondos para producir contenidos de alta calidad.

Aunque opuestas en lo filosófico y en su expresión política, estas posiciones exteriorizan dos coincidencias: naturalizan la formalidad de un mercado publicitario de por sí limitado como única opción de financiamiento de los medios, y eluden abordar la contradictoria pero fértil relación económica que liga, desde hace décadas, al Estado con los operadores audiovisuales.

Los medios comerciales no hubieran sorteado sucesivas crisis sin el diligente auxilio prestado por los gobiernos a través de la periódica condonación de deudas fiscales y previsionales, la venta de pliegos de televisión y radio a precios irrisorios, el socorro financiero para evitar la convocatoria de acreedores, la desgravación impositiva, los subsidios y regímenes de competitividad, la extensión de plazos de explotación del negocio, el congelamiento de la venta de pliegos como impedimento para el ingreso de competencia, el incumplimiento de obligaciones de inversión como el soterramiento del cable, entre otras medidas. Esto constata que existe una periódica intervención del Estado para otorgar discrecionalmente ayudas al sistema de medios. El panorama es complejo.

En muchos países de Europa existen sistemas amplios y ecuánimes de “ayudas a la prensa” (que se extienden, en rigor, a otros medios). Con ello, el Estado sincera la dotación de recursos para garantizar que el ejercicio de la libre expresión sea potenciado por voces diversas y por actores también diferentes.

Como dijo el diputado Carlos Raimundi en el debate de la ley, la historia argentina demuestra que hay un vínculo problemático, pero íntimo, entre el estamento político y las empresas de comunicación. Sincerar y estabilizar mediante reglas claras ese vínculo resulta clave para la convivencia democrática. La ley de medios abre la posibilidad de instituir una agenda democrática para la comunicación.

Ello implica, además de los temas pendientes de acceso a la información pública y de publicidad oficial, planificar una ley de servicios convergentes (audiovisual, telecomunicaciones, banda ancha) y otra de apoyos económicos del Estado a todos los medios de comunicación. La inversión del Estado debería ser concebida en el mismo rango que la que se realiza, con recursos públicos, en el ámbito educativo.

Liberar al financiamiento de los medios de la pauta publicitaria como única salida económica posible, morigera su inducción al consumo y a la vez habilita una excelente discusión acerca del mejor destino de los recursos que la sociedad toda genera.

El autor es director del departamento de Ciencias Socialesde la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet

El artículo retoma uno de los ejes abordados por el autor en la Audiencia a la que fue citado por el Senado de la Nación el 29/9/09 en el debate por la ley de medios audiovisuales.
Anuncios