La promulgación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, nº 26522, después de una holgada victoria del proyecto que tenía media sanción de la Cámara de Diputados en su debate por el Senado cierra una larga etapa y abre otra. La información publicada por Página 12 (informe de Nicolás Lantos), La Nación (nota de Laura Capriata con una excelente infografía), Perfil (nota de Rodolfo Barros) y Buenos Aires Económico (nota de Natalia Vaccarezza)

EL PAIS › HAY MEDIDAS QUE SE APLICAN DE INMEDIATO, OTRAS PUEDEN TOMAR HASTA TRES AñOS DE TRAMITES Y PASOS

Cómo cambiará el panorama de los medios

Ya rige la necesidad de audiencias públicas para dar o renovar licencias y las cuotas de programación con contenidos de origen nacional. Faltará más para desandar conflictos de licencias y crear la autoridad de aplicación.

Con la firma que la presidenta Cristina Fernández estampó, en la mañana de ayer, al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que unas horas antes había aprobado el Senado, dejó de tener validez la norma que había regido los medios de radiodifusión en la Argentina durante 28 años, desde la última dictadura militar. A partir de ayer, la sociedad irá adaptándose a los cambios establecidos por la nueva norma hasta llegar, en unos tres años, a un nuevo panorama mediático. Si se cumplen las intenciones de los senadores, la oferta de voces será mucho más variada, se multiplicarán los canales de difusión y la sociedad podrá tener un mayor control sobre qué y cómo quiere ver y escuchar. Página/12 consultó a especialistas en el tema para ver cómo se darán los cambios en el mapa de los medios argentinos, y todos coincidieron en que será un proceso lento e imprevisible, cuyo final dependerá de cómo participen los múltiples actores del sector.

Hay algunos cambios que deberían ser inmediatos, o casi, como todos los relacionados con los asuntos de transparencia y derechos del público: a partir de ahora, cada vez que se renueve una licencia, habrá un proceso de audiencias públicas previo a decidir la adjudicación. A su vez, podrán comenzar a implementarse, sin necesidad de ser reglamentadas, las cuotas de programación. Para algunas, como las que implican producción propia, hay un lapso ventana para adaptarse. Pero hay otras, como los porcentajes asignados a la música y el cine nacional, que podrían comenzar a cumplirse hoy mismo. Se espera que sean los medios públicos los primeros en cumplir la nueva legislación, para pregonar con el ejemplo e ir acostumbrando al público.

También debería llevarse a la práctica en poco tiempo lo establecido por el artículo 72 de la nueva norma, que obliga a todos los medios a poner a disposición de su público una carpeta de fácil acceso, tanto en papel como vía Internet, en la que deben constar información sobre sus titulares y directores, los compromisos adquiridos en el momento de ser adjudicada en cuanto a la programación y las especificaciones técnicas, el detalle de la pauta de publicidad oficial recibida, entre otros aspectos de interés público. Deberán, además, emitir en pantalla (o en el aire, en caso de las radios), un aviso cuando se trate de programas previamente grabados, y al menos una vez por día la identificación y domicilio legal del titular de la licencia.

Por su parte, el Poder Ejecutivo deberá comenzar a trabajar junto a todos los sectores del Consejo Federal para darle forma a la Autoridad de Aplicación que reemplazará al Comfer y decidirá acerca de la reglamentación de los planes técnicos y los procesos de normalización. Hay muchas formas de llevar a cabo esta etapa de la transición: en Uruguay, por ejemplo, cuando se creó en 2005 la Agencia para el Desarrollo de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), que centralizó el control de las tecnologías de la información y la comunicaciones, se nombró un consejo honorario para llevar a cabo el proceso.

De eso dependerá, entre otras cosas, cómo se realizarán los concursos que permitirán que lugares donde hoy en día hay una sola emisora empiecen a funcionar otras voces. Como dato para rescatar, en el año 2001 el Comfer realizó, por orden de un decreto del entonces presidente Fernando de la Rúa, un censo de interesados en instalar emisoras de televisión de aire de alta, media y baja frecuencia: en ese entonces hubo más de 300 postulantes a las licencias. Cabe esperar que hoy en día, en una situación económica y política totalmente distinta, sean aún más los interesados.

Respecto de la adecuación de aquellos grupos cuya composición queda fuera de la ley, tendrán un período de tiempo prudencial para decidir sus planes: primero hace falta establecer la nueva Autoridad, que luego fijará los mecanismos de desinversión y, recién a partir de ese momento comenzará a correr el tan mentado año de plazo. Ahí cada grupo deberá decidir qué diseño empresario aplicará. Las posibilidades son infinitas: hay múltiples combinaciones entre los servicios que se prestan (operadores o canales de televisión por cable, canales abiertos y radios) que permiten muchas opciones. Cada empresa deberá diseñar su propio plan y decidir con qué se queda y de qué se desprende, previa aprobación del nuevo órgano de aplicación. Diferente es el caso de aquellas situaciones que exceden los topes que ya estaban establecidos por la vieja ley, como la fusión de Cablevisión y Multicanal, que deberán regularizarse inmediatamente.

Es absolutamente previsible que muchos de los puntos de la nueva ley acaben en los Tribunales, pero no por el texto sancionado en sí sino por los antecedentes de los actores del sector, que históricamente siempre judicializaron todas las medidas que los afectaron. En los últimos años acabaron en las Cortes: el decreto 1214/03 de Eduardo Duhalde, que permitía a las provincias y municipios dar servicios de radiodifusión, la instalación de una repetidora de Canal 7 en San Rafael (Mendoza) y la retransmisión de ese canal en operadoras de cable de esta provincia –impugnadas ambas por el Grupo Vila–, la grilla del Comfer que reordenaba la ubicación de los canales de noticias para que hubiera equidad en las grillas, la constitución del grupo español Prisa como dueño de Radio Continental, entre otros conflictos concernientes a la radiodifusión.

Una vez que se avance en todos estos asuntos, y con la ley funcionando por completo, algo que se debería darse en un plazo de alrededor de tres años, habrá, según aseguraron los especialistas, un enorme abanico polifónico, que incluirá desde medios sin fines de lucro a manos de universidades, pueblos originarios u organizaciones no gubernamentales, hasta una mayor cantidad de señales comerciales, y un esquema de medios públicos con una mayor participación de la sociedad civil, abriendo posibilidades impensadas hasta hace poco tiempo.

Informe: Nicolás Lantos.

El Gobierno y la prensa / El escenario después de la sanción de la ley

Los cambios en el mapa mediático

Cómo impactarán los puntos clave de la nueva norma en las empresas periodísticas y en sus contenidos

Laura Capriata – LA NACION – Domingo 11 de octubre de 2009

La sanción de la ley de radiodifusión mostró visiones de la realidad contrapuestas entre oficialistas y opositores, pero hubo una única cuestión en la que unos y otros coincidieron por completo: la nueva norma pondrá de cabeza el actual mapa de medios en la Argentina.

Algunos puntos centrales de la ley harán imposible que los grupos más importantes del país sigan funcionando con su estructura actual, y deberán desprenderse de señales de radio, cable y TV abierta; achicar sus audiencias o cambiar el origen y calidad de sus contenidos.

Se debe a que la nueva ley impide que una empresa propietaria de un canal de TV abierta tenga también una distribuidora de cable y, además, que éstas tengan más de una señal de generación propia o llegar a más del 35% del mercado.

Uno de los perjudicados con esas cláusulas será el Grupo Clarín, que debería elegir si se queda con El Trece o Cablevisión/Multicanal. En caso de priorizar la distribuidora de cable, sólo podría retener una señal propia entre TN, Volver, TyC o Magazine. Y además se verá obligado a renunciar a un gran número de abonados, porque no podrá llegar a más del 35% del mercado. Lo mismo enfrentará el Grupo Uno (Vila-Manzano), dueño de la distribuidora de cable Supercanal y socio del GDN (Grupo De Narváez) en América TV y América 24. Deberán elegir entre retener la señal abierta o la distribuidora de cable.

Pero la ley también establece que ninguna compañía puede operar más de 10 licencias achicando el límite actual de 24. Eso también afecta al Grupo Uno, dueño de una veintena de radios y canales en todo el país, igual que a Clarín, que tiene 4 canales y 9 radios, es decir, 13 licencias en total.

En esa línea, el grupo cordobés Cadena 3 se verá obligado a achicar sus más de 20 señales de radio en todo el país, que en muchos casos son repetidoras locales de una misma señal principal. Eso será otro problema, porque la ley establece que sólo el 30% de la programación podrá ser en red. El resto deberían ser contenidos propios de cada AM o FM.

Un capítulo aparte merecen los grupos extranjeros de medios, porque la ley los obligará a desprenderse del 70% de su paquete accionario.

En esa situación están los grupos españoles Telefónica (dueños de Telefé y 8 canales de aire en el interior) y Prisa (Radio Continental y otras), y los mexicanos del CIE-Rock & Pop (dueños de la radio homónima y FM Metro) y de Canal 9, propiedad de Angel González, también de México.

La ley que regía hasta ahora también limitaba a los capitales extranjeros, pero no se cumplía. En cambio, la nueva norma, en el muy criticado artículo 161, les da a todas las empresas el plazo máximo de un año para ajustarse a estas exigencias.

Esto no sólo obliga a los extranjeros a vender el 70% de sus acciones en ese plazo, sino que forzaría a las demás compañías a desprenderse de las señales y licencias que no se ajustan a la ley. Otro punto importante es la obligación de que las radios emitan 30% de música nacional y un 10% de producción independiente, lo que obligará a cambiar el perfil de las emisoras basadas en música extranjera, con condicionantes similares para los contenidos de TV.

“En vez de promover la producción estas medidas coercitivas destruirán nuestra industria audiovisual”, opinó Silvana Giúdici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de Diputados. El senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada kirchnerista, las elogió porque “les permiten mantener el 35% del espacio audiovisual” a los privados. Algunas diferencias en medio de una certeza: el cambio del mapa mediático.

promulgacion record de la ley
de servicios de comunicacion audiovisual

Aunque apuran un desguace, Clarín se
reduciría con el próximo gobierno

El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo ayer que el Gobierno pretende que “lo más pronto posible” se reglamente el nuevo marco regulatorio. Kirchner quiere reducir el poder de fuego del principal grupo de medios antes de las elecciones. Pero la complejidad de la autoridad de aplicación que debe determinar la venta de activos de los multimedios le juega en contra de los tiempos electorales. Por el receso legislativo de verano, creen que hasta abril no podrá ser constituida. Esta semana, además, comienza la judicialización de la nueva norma con pedidos de incostitucionalidad.

Por Rodolfo Barros

Los Kirchner intentarán apurar la implemantación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para reducir el poder de fuego del Grupo Clarín antes de las elecciones presidenciales de 2011, pero la compleja estructura de la autoridad de aplicación que establece la nueva norma, podría impedírselo. Fuentes gubernamentales y analistas privados coinciden en que el desguace de los grandes multimedios sucederá a la vista de quien surja electo para el nuevo período presidencial.

Aunque no precisó fechas, el Jefe de Gabinete, Anibal Fernández, aseguró ayer que la reglamentación de la Ley, que fue promulgada en tiempo récord, y la creación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que reemplazará al Comfer y que determinará las fechas máximas y el proceso de adecuación de los multimedios al nuevo marco regulatorio, se realizarán “lo antes posible”.

Hace unos días, el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, aseguró que la reglamentación demorará unos 90 días.

El Secretario General de la Presidencia y ex interventor del Comfer, Gustavo López, le dijo a PERFIL que ese es un plazo razonable.

Lo mismo opinan diversos analistas, ya que, en la reglamentación se definirán cuestiones técnicas y políticas. Entre las segundas se debe determinar, por ejemplo, qué entidades que agrupen a los prestadores privados comerciales, como las que nuclean a los propietarios de canales abiertos o los de cable, o radios, podrán nombrar y de qué manera a dos representantes en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (CFCA), que a su vez debe nombrar a dos directores en la estrategica AFSCA.

A su vez, el CFCA será integrado por un representante de cada provincia y uno de la Ciudad de Buenos Aires, tres de las ONGs con medios, uno de las universidades nacionales, uno de las emisoras de las universidades, tres por sindicatos de trabajadores de medios, entre otros.

“Por más que Aníbal Fernández llame a los gobernadores para que hagan esas designaciones hoy, será difícil constituir la CFCA antes de tres meses”, estimaron fuentes del Gobierno, conocedoras de los apuros de Néstor.

Pero las designaciones de directores en AFSCA no sólo dependen de la creación del CFCA. También del Congreso. Tres de los directores, de un total de siete deben ser propuestos por una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, compuesta por ocho senadores y ocho diputados.

La reglamentación de la Ley y la constitución de la comisión bicameral es un tema clave en el juego de los tiempos que maneja Kirchner. Si como afirmó Mariotto, la reglamentación se decreta en diciembre o enero próximos, habrá que esperar a que el Congreso vuelva a sus sesiones ordinarias en marzo para crear la comisión.

En el círculo íntimo de Kirchner piensan que la reglamentación debe hacerse antes de que termine noviembre para que el actual Congreso constituya la bicameral y designe a sus directores en la autoridad de aplicación y así no demorar su conformación hasta abril del año que viene.

Sin embargo, legisladores oficialistas reconocieron a este medio que sería un error “sacar la reglamentación apurada” ya que el martes, comenzará la judicialización de la Ley.

Fuentes de Clarín confirmaron a PERFIL que ésta semana comenzarán los planteos de incostitucionalidad de la Ley que no sólo provendrán del principal grupo de medios de la Argentina (ver página 6).

Por ello, afirman fuentes legislativas, la reglamentación, deberá ser cuidada de manera tal de no crear agujeros en los que las demandas por “derechos adquiridos” se filtren.

También descuentan que no será fácil designar a los legisladores en la bicameral antes de la renovación del Congreso, ya que deberán contar con al menos dos años más de mandato. De esta manera, la conformación de la AFSCA y su decesión sobre la adecuación de los multimedios, se demorará hasta agosto de 2011. Luego correrá el plazo de un año para que vendan los activos. El Gobierno, será otro o al menos, será de un nuevo mandato.

“No caerá el valor de los canales”

El Secretario General de la Presidencia y ex interventor del Comfer, Gustavo López, aseguró ayer a PERFIL que los precios de los canales y las radios no se desplomarán, cuando a fines de 2011, los multimedios deban adecuarse al nuevo marco regulatorio y desprenderse de sus activos.

En el mercado se estima que saldrán a la venta una decena de canales de televisión de aire, como el 13 y 2 de Buenos Aires si es que Clarín y el Grupo Vila Manzano deciden concentrarse en el cable, que le brinda la mayor parte de sus ingresos, ya que quienes son dueños de sistema de televisión paga no pueden brindar aire en la misma localidad.

Otra decena de radios importantes, tambiñen saldrán a la venta. 

“La demanda de medios es tan grande que porque salgan entre 7 y 10 canales a la venta no bajarán el precio”, dijo López.

Recordó que en 2001, cuando era interventor del Comfer, realizó un relevamiento para saber cuántos oferentes conseguiría en una licitación de canales de aire en el interior del país. Más de 700 oferentes con capacidad técnica y económica se registraron, entre ellos, dice López, La Nación y el dueño de Crónica TV, Héctor García.

En 2001, la Argentina cumplía su segundo año en recesión y a pesar de ello la cantidad de oferentes colmó las expectativas de López. “Comprobamos también que no es cierto que los canales de aire no son rentables sin el cable”, aseguró.

“Sacando a las repetidoras de Canal 7, sólo siete ciudades de la Argentina tienen más de un canal de aire”, explicó.

Fue en noviembre de 2001 que se emitió el Decreto 1.473, que instruyó a la Secretaría de Comunicaciones a que realice un plan técnico para iniciar una licitación de canales de aire.

La Argentina se desplomó un mes después, pero el decreto sigue vigente y el Gobierno K no lo usó para acrecentar la “pluralidad de voces”.

Martín Becerra traza hipótesis sobre vencedores y vencidos

Cómo será el futuro mapa de medios en Argentina,
tras la aprobación del nuevo ordenamiento legal

11-10-2009 / Mucho se habló últimamente sobre los cambios que determinará la Ley de Medios. Los límites establecidos forzarán replanteos y la aparición de nuevos actores ¿Quiénes están entre los derrotados y cuánto deberán resignar, al tiempo que otros se beneficien?

Una vez que se reglamente la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue aprobada el viernes por el Senado, cambiará radicalmente el mapa de los medios en la Argentina, sobre todo en las ciudades más importantes del interior ¿Quiénes son los que más pierden y los que más ganan?
Sin dudas, los grupos Clarín, Vila-Manzano y Cadena 3 encabezarán el lote de los más afectados y tendrán que desprenderse de varias de sus empresas. “Estos grupos van a tener que desinvertir”, explica a Buenos Aires Económico Martín Becerra, especialista en medios de comunicación y profesor de la Universidad de Quilmes.
Concretamente, el artículo 45 establece que sólo se podrá tener una licencia de comunicación audiovisual sobre soporte satelital, 10 de los servicios de radiodifusión sonora, televisión abierta o cable (hasta ahora eran 24), y 24 licencias de servicios de radiodifusión por suscripción. Además, los operadores no podrán prestar servicios a más de 35% del total de los habitantes del país o abonados a esos servicios. Las restricciones también alcanzan a la tenencia combinada de un servicio de cable y un canal de televisión abierta local.

DIVISIÓN DE BIENES. El Grupo Clarín, por ejemplo, tendrá que optar por conservar sus canales, el 13,  el 6 de Bariloche, el 7 de Bahía Blanca, el 12 de Córdoba o el 10 de General Roca, o bien elegir quedarse con Cablevisión-Multicanal. “No puede mantener ambas actividades -asegura Becerra. Eso, seguramente, no va a aceptarlo de manera amigable. Va a dar pelea, y ya la está dando”.
El caso del grupo Vila-Manzano es muy similar al del multimedios que lidera Ernestina Herrera de Noble. Entre otras posesiones, tiene el holding Supercanal, un sistema de televisión por cable de Mendoza y varias localidades del país y asimismo es propietario de América 2 -donde es accionista Francisco De Narváez-, América 24, AM La Red, y otros canales (Canal 7 de Mendoza, Canal 6 de San Rafael, Canal 2 de Santa Fe, Canal 8 y Canal 5 de San Juan) y radios del interior. El Grupo controla 15 emisoras de radio por todo el país, pero sólo puede quedarse con 10.
Telefónica, en cambio, posee Telefé y ocho canales más en distintas ciudades. Su situación no lo obligaría a vender. Para Becerra, es un tema que “se va a tener que estudiar mucho porque no me parece que esté tan claro qué debe hacer. El Comfer nunca le dijo que sí ni que no. Va a ser una cuestión que, incluso, podría llegar a discutirse en términos legales”.

EN EL INTERIOR. Cadena 3, que tiene base en la provincia de Córdoba, alcanza a buena parte del territorio nacional con una veintena de licencias. Tendrá que desprenderse de muchas hasta llegar a las 10 permitidas.
Según la mirada de Becerra, quién es investigador del Conicet, en el interior se encontrarán los grandes multimedios que serán grandes perdedores. “Eso va a ocurrir en Córdoba, Mendoza y Rosario, los grandes centros urbanos, -enumera- que tienen la comunicación hiperconcentrada”. Además considera que “son importantes ciudades que tienen envergadura económica suficiente para que empiecen a surgir otros medios locales, menos concentrados, pero muy interesantes”.
En el norte, igualmente se observa lo mismo con el Grupo Visión Jujuy, del que es parte el senador Guillermo Jenefes, que controla Canal 7, AM 630, FM 97.7, Radio Perico, Radio Libertador y Codivisión (un circuito cerrado por aire destinado a las zonas rurales). Además tiene 15 repetidoras por Jujuy y Salta. Con la nueva ley tendrá que elegir entre la televisión por suscripción y la abierta.

LOS BENEFICIADOS. En el lugar opuesto, la normativa aprobada traerá  nuevos vientos para las pequeñas y medianas productoras, y sobre todo, a los medios del interior, un sector muy perjudicado en materia comunicacional. Becerra, autor de “Periodistas y Magnates” y “Los dueños de la palabra”, explica que “se van a ver claramente beneficiados porque van a tener la posibilidad de abastecer de programación que la ley exige que exista en lugares donde hoy no aparece. Van a aparecer nuevas productoras del interior o de capital que irán a  poner sucursales. Si un grupo de periodistas o creativos monta una empresa o algunas de las existentes desarrolla un plan de expansión federal, naturalmente obtendrán tareas para realizar”.
También suma entre los favorecidos, a  las cooperativas. Y festeja que “los operadores no comerciales podrán acceder por primera vez a la titularidad de una licencia”.
Finalmente, Becerra destaca un avance que no tuvo gran trascendencia y se lo ocultó en el debate mediático. “El sistema de medios públicos mejora mucho porque hoy es un sistema que no es público sino gubernamental. Sacarlo de la influencia directa del Poder Ejecutivo me parece un gran salto adelante. La conformación de un sistema de medios públicos me parece que es un gran adelanto. Espero que se realice. Tenemos que entender que los medios públicos no cambian de un día para el otro. Tienen toda una cultura que llevan décadas detrás, pero lentamente va a mejorar mucho la situación a la existente”.

“EL PLAZO PARA LA DESINVERSIÓN SERÁ MAYOR A UN AÑO”

El artículo 161 de la ley de Comunicación de Servicios Audiovisuales fue uno de los más criticados y debatidos por la oposición y los multimedios. Justamente, el punto en cuestión y tras el que cerraron filas para plantear negativas, es el que establece que los titulares de una cantidad mayor de licencias a la  permitida, deberán ajustarse a la nueva disposición en un plazo no mayor a un año.
Sin embargo,  en la difusión se evitó profundizar sobre lo que la letra de la normativa estipula taxativamente ya que se aclara que los 12 meses empezarán a correr una vez que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición.
En tal sentido, todo indica que los multimedios tendrán el tiempo suficiente para adecuarse a la  nueva norma, en virtud de los pasos que tendrán que darse sí o sí. El Poder Ejecutivo primero tiene que reglamentar la ley. Luego tendrá que conformarse la autoridad de aplicación, un órgano que se encargará de hacer cumplir los reglamentos, disposiciones y las obligaciones asumidas por los medios.
Para ello se formará una comisión bicameral que designará a los tres diputados o senadores que la  integrarán. Al mismo tiempo se conformará un consejo federal audiovisual, que designará a los integrantes de cada provincia, a los representantes de los sindicatos, de las universidades, y de las cámaras empresarias. Luego, la autoridad de aplicación tendrá que establecer las reglas y disposiciones para la venta de activos.
Según Martín Becerra, especialista en medios, el cálculo más optimista para llevar a cabo todo ese proceso lo ubica en “alrededor de los 8 meses”.  Y recién transcurrido ese tiempo comenzaría a regir el año. “Esto  va a tardar más de un año. Ese plazo cuenta desde que las reglas de desinversión estén definidas”, asegura a Buenos Aires Económico.

– ¿Entonces las empresas y la oposición exageran cuando plantean el tema?

– Sí. Sobre todo los grupos y la oposición de derecha o centroderecha, que sobreactuó mucho, para causar pánico en sus propios trabajadores y en la audiencia, con la supuesta desaparición de señales.

-Esos mismos sectores plantearon recurrentemente que varias cuestiones se dirimían en la Justicia.

-Sí. Seguramente se abrirá una instancia de acciones legales de parte de los grandes medios que resulten perjudicados por la ley. Las empresas iniciarán juicios y se resolverá en cada caso. De todos modos, se trata de un bien que es administrado por el Estado y no veo argumentos legales fuertes para invocar supuestos derechos adquiridos.

-¿No es un punto atacable con facilidad?

-No lo creo. Los especialistas que pasaron el Senado y Diputados aseguran que la ley se ajusta completamente al marco legal. En todo caso, la Justicia resolverá.

NATALIA VACCAREZZA

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