La columna de Horacio Verbitsky en Página 12 analiza las repercusiones de la sanción de la ley de medios audiovisuales por el Congreso y, resumiendo las objeciones que plantearon quienes resistieron el cambio de regulación, señala algunas de sus contradicciones. En la misma línea, Miradas al Sur describe el dictamen presentado por la UCR en oposición al proyecto de ley de medios, que en varios aspectos es incoherente con las declaraciones de algunos de los líderes del radicalismo en el Congreso.

EL PAIS › SISTEMA POLITICO Y PODER
ECONOMICO EN BLANCO Y NEGRO

El mal absoluto

El trámite por el que se sancionó y promulgó la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual puso en evidencia algunas características inquietantes del proceso político argentino, que trascienden el caso específico y requieren otro nivel de análisis, respecto del gobierno nacional y de las principales fuerzas de la oposición.

Por Horacio Verbitsky

Hace mucho que el trámite legislativo no se caracteriza por su pulcritud. Raúl Alfonsín negoció cada designación judicial y diplomática con Vicente Saadi, quien tenía la llave de los acuerdos. Para que el Congreso aprobara obediencia debida Alfonsín atribuyó al alzamiento carapintada una intención golpista, que la justicia no estableció, y que intimidó a legisladores propios y ajenos. Cuando renunció a la presidencia, la mayoría radical en el Congreso denunció el propuesto desguace del Estado, pero retiró el número suficiente de diputados como para que el aún minoritario menemismo pudiera sancionar la legislación que lo permitía. El quórum para ampliar la Corte Suprema de Justicia se logró con ordenanzas y cafeteros sentados en las bancas, en una sesión de la Cámara de Diputados en la que hubo hasta personas armadas. Esto se probó en una causa judicial. La propia Constitución de 1994 requirió una fe de erratas insertada en el Boletín Oficial al día siguiente de la publicación del texto constitucional, para corregir “errores de tipeo”, pero también la ley correctiva 24.430 sobre una cuestión de contenido respecto del regimen electoral y de los partidos políticos. La negociación secreta entre Alfonsín y Carlos Menem maniató a la Convención Constituyente con la obligación de votar como un paquete cerrado el Núcleo de Coincidencias Básicas, que el Congreso se limitó a refrendar cuando declaró la necesidad de la reforma. Para que las provincias petroleras de todos los colores políticos aprobaran la privatización de YPF, el Poder Ejecutivo tuvo que transferirles 500 millones de dólares a cada una, además de los pagos denunciados a legisladores específicos. La ley de privatización del gas se aprobó dos veces, porque uno de los que la votaron era un empleado del bloque mayoritario. El gobierno de Fernando de la Rúa sobornó a senadores propios y ajenos para que sancionaran la ley de precarización laboral. ¿Qué podría decirse de las Asambleas Legislativas a repetición que entre diciembre de 2001 y enero de 2002 cambiaron presidentes como si fueran jugadores de la selección nacional de fútbol? No obstante, la mayoría de esos casos se rigió por la ley no escrita del consenso bipartidario, según el modelo italiano del loteo, en el que se distribuían prebendas en forma equitativa, de modo que nadie quedara a la intemperie y desde afuera deslegitimara todo el sistema. El toma y daca institucional de 1994 le dio a Menem la posibilidad de reelección y al radicalismo un nuevo senador por la minoría en cada provincia y un ministro en la Corte Suprema.

El consenso roto

El colapso de ese sistema se pareció al de la tangentopoli italiana. Pero mientras mani pulite mandó a la cárcel a grandes empresarios, algunos de los cuales se pegaron un tiro, aquí se beneficiaron con la devaluación, la pesificación asimétrica y las leyes con nombre y apellido que les concedió durante su interinato presidencial el senador Eduardo Duhalde. Esta lógica asociativa recién se alteró con la asunción de Néstor Kirchner en 2003. La clave de este cambio es que además del loteo bipartidario se rompió el consenso, tácito en algunos momentos, explícito en otros, que había fundamentado su funcionamiento desde 1983: el sistema político debía actuar como facilitador de los intereses económicos que a partir de 1976 terminaron de destruir la que había sido la sociedad más igualitaria e integrada de América Latina, operación iniciada en 1955. La reversión de esta lógica comenzó con la recuperación del poder presidencial y la propuesta de transformaciones no consultadas con el gran capital y se aceleró con la asunción de CFK, en parte por temperamento, en parte por necesidad. Las principales leyes de sus veintidós meses de mandato han dado lugar a batallas campales, con descalificaciones recíprocas y acento apocalíptico. Los ejemplos culminantes fueron las leyes sobre retenciones a la comercialización de cereales y oleaginosas y de comunicación audiovisual.

Flaquezas

Las flaquezas y contradicciones del discurso oficial han sido señaladas por una constelación de medios que se lanzaron a la lid como actores políticos y económicos, sin aura de santidad: el Congreso no intervino en el contrato para la transmisión de partidos de fútbol, la instalación de un sistema satelital público, el rechazo a la fusión de Multicanal y Cablevisión y la elección de la norma nipobrasileña para la digitalización.

Los medios fueron seguidos por la oposición política:

– El Congreso carece de legitimidad para votar una ley estratégica antes de que asuman los electos en junio.

– Hay otros temas más urgentes.

– Deben realizarse audiencias públicas y de carácter federal en todo el país (cosa que no ocurrió con ninguna otra ley).

– No hubo tiempo para estudiar el proyecto (que CFK había anunciado en marzo, para su debate en foros regionales, a los que los legisladores de la oposición no se interesaron por asistir).

– El diputado de la CCL Fernando Iglesias llegó a invocar el artículo 22 de la Constitución para descalificar a esos “foros sin legitimidad democrática” en los que “gente que no fue elegida por nadie” discutió el anteproyecto de ley durante seis meses. Este equiparamiento de debate social con sedición contra el orden constitucional es la réplica más contundente desde la política a los cuestionamientos de la academia sobre la democracia delegativa, en la cual la sociedad sólo participa con el voto.

– El proyecto debe enviarse a otras tres comisiones, que deben tratarlo por separado y no en plenario.

– El dictamen se firmó en los despachos.

– No están dadas las condiciones y garantías políticas para un tratamiento serio porque es un proyecto pensado contra Clarín.

– Faltó tiempo para incorporar los aportes de las audiencias públicas, no llegaron a exponer todos los oradores inscriptos, el despacho se votó sin quórum porque la oposición se había retirado; tampoco se discutió artículo por artículo.

– La sesión especial en Diputados se realizó sin que se cumpliera el plazo reglamentario de siete días para que los diputados que no pertenecen a las comisiones pudieran leerlo. Se aguardaron 90 minutos y no 30 hasta que se alcanzó el quórum.

– El trámite es nulo porque se habilitó un horario extraordinario en la mesa de entradas para ingresar el proyecto, cuyo texto no se conocía al comenzar la sesión.

– Se compraron votos.

– Se demoró la remisión al Senado para que el vicepresidente Julio Cobos estuviera al frente del Poder Ejecutivo y no pudiera enviarlo a cinco comisiones (fue a cuatro).

– El oficialismo cambió las reglas del juego al reemplazar a dos senadores de la Comisión de Industria y Comercio que estaban de licencia por problemas de salud e impuso el número para terminar las audiencias antes de que expusieran todos los propuestos.

– Kirchner presionó a Guillermo Jenefes y a otros senadores. Con prebendas, presiones, extorsiones y cohecho se lograron los votos de Anahí Sánchez y Carlos Salazar.

– Se dejaron errores groseros de redacción porque la orden era no cambiar una coma. Por la fe de erratas la ley debió haber vuelto a Diputados.

El tiempo perdido

Algunas de estas objeciones son atendibles y el procedimiento podría haberse perfeccionado. Pero su enumeración incompleta demuestra que el objetivo era perder tiempo para que se llegara al 10 de diciembre sin sanción y se repitiera lo que ocurrió con los proyectos de Alfonsín y De la Rúa. Frente a esta táctica, el bloque mayoritario y sus aliados de centroizquierda apuraron el paso e impusieron la interpretación más favorable a su propósito en cada tema. El debate público produjo casi doscientos cambios, entre los foros y el Congreso. Entre ellos, la exclusión de las compañías telefónicas y el replanteo de la autoridad de aplicación, dos muestras de flexibilidad. Entre los aportes que mejoraron la ley se destaca uno del diputado de PRO Federico Pinedo, quien detectó que el proyecto sólo permitía transferir menos del 50 por ciento de una licencia, lo cual dejaba como única salida en caso de desinversión que el licenciatario fuera expropiado. La excepción incluida en el artículo 161 solucionó la incongruencia. Pese a la robustez cuantitativa y cualitativa del apoyo a la ley promulgada, la oposición insiste en la búsqueda de su inconstitucionalidad por vía judicial (invocando cuestiones que la Corte Suprema ya zanjó en forma inequívoca, como el artículo 32 de la Constitución, aclarado en 1994 por el nuevo artículo 75, o minucias irrisorias como la fe de erratas sobre la numeración de dos artículos, no su contenido), o su derogación legislativa, para lo cual sólo le falta la mayoría necesaria.

Hiperrealismo

Semejante encono requiere explicación. El gobierno ha sido definido como el mal absoluto, con el que no es legítima ni decente cualquier transacción. Aunque las principales decisiones llevan la marca personal de la presidente CFK, la satanización política y mediática se ha concentrado en su antecesor, a quien se describe como el verdadero poder en la sombra. Esto impide percibir las nítidas diferencias entre una administración y la otra (Kirchner prorrogó las licencias y autorizó la administración conjunta de los dos cables; se opuso a la resolución 125, ideada por el ministro Lousteau, al que ni le hablaba) y permite atribuir cada cambio a un motivo espurio u oculto. La académica Liliana De Riz ha tenido la virtud de resumir en pantallazos hiperrealistas al estilo de Gerhard Riegner, los argumentos utilizados por partidos y medios de la oposición. La ley se aprobó con “sospechas de canje de votos por favores personales o para las arcas fundidas de las provincias”. La premura por tratarla confirma que “para el oficialismo lo que importa son los objetivos y las formas son lo de menos: se amañan al gusto del que manda. No importa cómo, lo importante es conseguir una mayoría sumisa. Tampoco vacila el gobierno en echar mano a brutales modales para obtener lo que quiere”. Esto “arroja nuevas luces sobre el modo de gobernar del matrimonio presidencial que continúa erosionando la ya escasa credibilidad de las instituciones”. Para esta “concepción del poder, el Estado debe controlar la información”. La “venganza contra un multimedio que hace poco el gobierno ayudó a consolidar se presenta como un acto de justicia. La defensa del pluralismo enmascara que serán los censores del gobierno quienes decidan contenidos y licencias y que la ley despeja el camino para habilitar negocios a los amigos”. El Estado es “fuente de infinita corrupción”. Lo que está en juego es “disciplinar los medios a la voluntad política del gobierno antes que multiplicar las voces”. El derecho de las minorías “es arrasado”. Como Perón, el gobierno se apoya en una ideología de Estado Mayor “para persuadirse de que su empresa de conquista de poder personal es, en verdad, un esfuerzo heroico por dar a los argentinos una sociedad mejor”. El federalismo es una ficción, “la pobreza, la recesión, la inseguridad, el derrumbe de la educación y la salud continúan. Creer que el control de la información en el mundo actual consolida el poder es mirar al país como el coto de caza privado que todavía es la provincia de Santa Cruz”. Esta es la tónica que impusieron las cámaras patronales agropecuarias y la Asociación Empresaria, constituida por los mayores grupos económicos y que sigue con menos denuedo hasta la Unión Industrial.

El espejo deforme

Tal vez esto ayude a entender cómo fue posible que el bloque radical siguiera en ambas cámaras la propuesta de Elisa Carrió de aliarse con los grupos económicos para oponerse a la ley. En Diputados esto se verificó en el abandono de la sesión antes de que se votara, para proveer de argumentos legales a las empresas que se sintieran afectadas y recurrieran a la justicia. La deserción reproduce una conducta histórica del radicalismo, que también se retiró de la convención reformadora de la Constitución de 1949 y se privó de discutir cuestiones de fondo, por no hablar de las renuncias de Alfonsín y De la Rúa a la presidencia. En el Senado, en cambio, el mismo propósito se buscó, sin éxito, mediante la introducción de cambios en algunos artículos. Es de sumo interés el análisis del dictamen en minoría del radicalismo y sus aliados. Se trata de una reproducción en espejo del proyecto oficial, con cambios de porcentajes en algunos artículos y modificaciones de fondo en otros, la misma técnica que en Diputados usó Miguel Bonasso. El cotejo con la versión taquigráfica (que el Comfer publicó completo en un blog que aporta a la máxima transparencia) muestra que en algunos casos el radicalismo votó en contra de su propio dictamen (por ejemplo, el artículo 153). En el artículo 132 permite a la autoridad de aplicación nombrar al presidente de Radio y Televisión Argentina, es decir, el regulador designa al regulado. En el 161 concede una amnistía de un año a los licenciatarios que estuvieran en infracción no sólo a la nueva ley sino también a la vigente hasta ahora. También reintroduce en el articulado a las telefónicas, que CFK había excluido a pedido, entre otros, de la UCR. Por un lado, como prestadores de servicios públicos les prohíbe adquirir licencias audiovisuales, por otro les obliga a colocar un techo del 35 por ciento a los abonados de cada servicio que presten, entre los que se menciona la televisión por cable (artículo 161). ¿Casualmente?, una propuesta similar fue presentada por Cablevisión y sostenida por Supercanal, Telecentro e Intercable, casi tres veces más generosa que la de la UCR: permitirían a las telefónicas conservar hasta el 75 por ciento de su mercado. Una de las estrellas de las jornadas que los cableros concluyeron el viernes fue el diputado radical Ricardo Gil Lavedra.

El inciso e) que el dictamen de la UCR intentó agregar al artículo 15 facultaría al Consejo Federal a opinar sobre la calidad educativa, cultural, informativa y de entretenimiento de los servicios audiovisuales y expedirse de oficio sobre todos los aspectos vinculados con la ley. Esto implica la justamente abominada regulación sobre contenidos, que nadie podrá encontrar en el proyecto oficial.

En el artículo sobre distribución de publicidad oficial uno de los criterios de asignación que incluyó la UCR fue el de “tiraje y lectoría” del medio, en una ley que no se refiere a medios gráficos, y propuso repartir entre los tres primeros “oferentes” 50, 30 y 20 por ciento de la pauta. Esto implicaría un concurso por cada aviso y reforzaría la concentración, excluyendo a todos los demás. En el artículo 46, ese dictamen confundió telefonía móvil (que se transmite por banda telefónica) con televisión móvil, que usa UHF. El 41 afirma que las licencias son intransferibles y el 52 explica qué porcentajes del paquete accionario pueden transferirse. También permite la cesión de porcentajes de capital de las autorizaciones, que sólo se destinan a personas de derecho público, las que, por definición, no tienen capital social. El dictamen radical elimina la reserva del porcentaje de medios sin fines de lucro que estaba contemplada en los proyectos de Silvana Giudici y Margarita Stolbizer y que formaba parte de una recomendación expresa de los relatores para la libertad de expresión de la OEA y las Naciones Unidas. Los artículos 103 y 106 del dictamen radical permiten que la autoridad de aplicación sancione con destitución a los licenciatarios privados y a los administradores de medios provinciales o universitarios. Tal vez De Riz pueda explicar que así se defienden las instituciones.

Informe especial

Dictamen radical, un manual de la libertad de empresa

Por V. L. – vlinari@miradasalsur.com – 18-10-2009

El regreso de las telefónicas, prohibiciones a cooperativas y otras entidades sin fines de lucro, reparto de la pauta publicitaria oficial entre los grupos más concentrados a partir de criterios de rating, y una concepción de la radiodifusión como actividad lucrativa, son algunas de las propuestas hechas por el radicalismo que pasaron desapercibidas en el debate en el Senado. El dictamen de comisión en minoría presentado por la UCR el mismo día que se trataba el proyecto de ley en la Cámara alta, pretendía ser una alternativa al articulado que finalmente se aprobó, y será la base sobre la cual el bloque buscará revisar la ley después del recambio de legisladores del 10 de diciembre.

Superadas las trabas que pusieron en las audiencias previas y los intentos por dilatar el tratamiento de la norma, el bloque presentó un dictamen que era la última carta para jugar y obtener el cambio mínimo que obligara a que el proyecto volviera a Diputados. Pero en su carrera contra reloj para elaborar un dictamen de minoría, los radicales no pudieron evitar las fallas en su propuesta: errores de tipeo, faltas conceptuales, discriminaciones a actores sociales para prestar servicios de comunicación audiovisual, el blanqueo de las telefónicas, y hasta artículos sin numeración, le costaron el apoyo de otros bloques e incluso algunas disidencias internas. Según advierte un colaborador técnico del bloque que pidió reservar su identidad, los primeros borradores para disputar el proyecto oficial comenzaron a delinearse en marzo de 2008, cuando Cristina Fernández presentó el anteproyecto de ley en el Teatro Argentino de La Plata. Sin embargo, reconoce “detalles groseros y errores en la redacción porque no se hizo con el tiempo suficiente”.

Por otra parte, el esmero del radicalismo por deslegitimar la iniciativa oficial ya convertida en ley, no cesa. Su actual intento por transformar en un “escándalo” la fe de erratas sobre el proyecto que envió Diputados, apela a artilugios que falsean y amplifican un procedimiento totalmente común en la labor parlamentaria. “No sólo se trata de errores de tipeo no relevantes y muy comunes en este tipo de normas tan complejas y extensas, sino que además, las modificaciones llegaron en tiempo propio al Senado”, explica Miguel Rodríguez Villafañe, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y la Comunicación (Aidic). Y asegura que el viernes a las 22 horas llegó al recinto la fe de erratas de Diputados, “y para la votación en particular los senadores ya estaban al tanto de esas modificaciones”.

La alternativa radical. Uno de los caballitos de batalla para oponerse a la ley fue –y sigue siendo– la crítica a la autoridad de aplicación, aun con las modificaciones que el oficialismo concedió en el proyecto original en vistas a incluir las propuestas de distintas bancadas que se pronunciaron a favor de discutir la iniciativa. Sin embargo, la naturaleza de la autoridad de aplicación descripta en el artículo 11 del dictamen de la UCR no difiere en una coma de la propuesta del proyecto presentado por el Ejecutivo. Lo único que el bloque radical elige suprimir es la posibilidad de que localidades de más de 500 mil habitantes –como Mar del Plata o Bahía Blanca– tengan una delegación local de la autoridad de aplicación. Como justificación, desde el bloque argumentan que “para poder dar el debate se terminó optando por dejar en gran parte lo que ya venía del proyecto oficialista, pero dándole más transparencia. Bajamos las pretensiones para conseguir el apoyo de otros bloques”.

Además de permitir que los licenciatarios de telecomunicaciones blanqueen su situación como prestadores de servicios de comunicación audiovisual y se adecuen a los límites de abonados que establece la nueva norma (35% de los abonados nacionales), la propuesta radical limita a las cooperativas para prestar servicios de televisión por cable en localidades de menos de 30 mil habitantes.

Por otro lado, la insuficiencia con la que el proyecto aprobado incorpora la regulación de la publicidad oficial y las críticas de algunos legisladores como Gerardo Morales o Silvana Giudici, que consideran que su distribución actual es “arbitraria y escandalosa”, fueron solventadas mediante el artículo 76 del dictamen de minoría que establece “criterios de equidad, razonabilidad, transparencia, eficiencia, igualdad de acceso, no discriminación y racionalidad en el uso de fondos públicos, en la distribución de la publicidad oficial”. Y al mismo tiempo propone un modo de asignación acorde a los “medios y programas de mayor audiencia y rating”, parámetro muy poco equitativo en el reparto de la torta. “El oferente calificado en primer lugar, recibirá el 50% de la pauta a asignar; el segundo, un 30%; el tercero, un 20%”, establece el proyecto. Además, se incluye como medida el “tiraje y lectoría”, a pesar de que se trata de una norma que regula exclusivamente los medios de comunicación audiovisual. El colaborador radical reconoció la “desubicación” de incluir en este artículo a los medios gráficos y la intención de hacer una ley extensiva a todos los soportes de medios e incluso a las páginas web. “Es cierto que parece tirado de los pelos ponerlo en general o incluirlo en esta ley, lo que pasa es que si no, nunca hay una excusa para que esto sea tratado.”

Lo que sí debe reconocerse es que el dictamen no descuida el uso de un término que provocó más de un enfrentamiento y hasta la evocación a la Real Academia Española para dejar en ridículo a los redactores de la ley. La UCR acierta en proponer un informe bienal y no bianual para evaluar la incorporación de nuevas tecnologías y optimizar el uso del espectro.

Autoritaria, con errores, poco discutida, imposible de aplicar, profanadora de derechos adquiridos; todos eufemismos e intentos por desprestigiar una ley que evidencian –más que sus propias fallas– los manotazos de una oposición sin estrategias.

Anuncios