Mario Wainfeld comenta y analiza en Página 12 el resultado de la aprobación en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, destacando la capacidad de articulación de la centroizquierda, parte de la cual es netamente opositora al gobierno, con el oficialismo. «A algunos no les entra en la cabeza (o no les conviene aceptar) que esta movida supera los límites del kirchnerismo», afirma el autor. Por su parte, Laura Serra informa sobre la sesión en La Nación y sobre los principales grupos mediáticos alcanzados por el proyecto.
OPINION
Los 21 puntos sobre las íes
Por Mario Wainfeld
El anteproyecto de ley completo circuló durante meses, se trató en foros provinciales. La oposición más enconada no le prestó atención, convencida de que nunca llegaría al Congreso. Era una hipótesis verosímil, pero resultó errada.
El tratamiento en Diputados confrontó tácticas polares: los oficialistas queriendo apurar, sus adversarios buscando ralentar. Aquéllos quieren que el Congreso vote antes del 10 de diciembre, éstos aspiran a que no se vote. En ese juego, hubo triquiñuelas de las dos partes, la última fue la retirada del recinto de quienes se sabían perdedores.
La discusión de las semanas recientes brotó a borbotones pero fue productiva. El kirchnerismo supo atender a las propuestas y críticas del conjunto opositor, en especial las provenientes del centroizquierda, incluyendo al socialismo.
Los dos escollos principales quedaron claramente delineados: el ingreso de las telefónicas al mercado, la primacía del Ejecutivo en el órgano de aplicación. El primero era un punto clásico de la resistencia de las corporaciones multimediáticas, algo paradójico en su boca pero legítimo en el de dirigentes ideológicamente reformistas: la prevención antimonopólica.
El oficialismo incursionó en un arte que le es esquivo: escuchar, sumar, abrir el juego, rectificar. Lo que no plasmó en la larga lucha por las retenciones móviles, lo que sí muñequeó cuando se reestatizó el sistema jubilatorio. En lugar de reclamar derechos de autor sobre los 21 puntos que lo antecedieron y que desamparó con su política comunicacional durante años, dialogó, concedió, cambió.
Se ha hecho un tópico discutir si el kirchnerismo es progresista cien por cien, si no tiene pizca de esa sustancia, si es el único progresismo posible. Esa polémica trascenderá a lo sucedido ayer, que agregó un nuevo episodio a la polémica. Lo innegable es que el abanico de fuerzas progresistas con representación parlamentaria dio lustre a su propuesta. El sistema electoral argentino es generoso con la representación de las minorías, en Diputados. Mucho más, sin agotar la nómina, que el norteamericano, el inglés o el chileno. Por eso hay un conjunto de bloques de centroizquierda, cuya trayectoria respecto del kirchnerismo es ilustrativa acerca de los vaivenes del sector y del propio oficialismo. Ayer, su coincidencia fue abrumadora: no con el Gobierno, sino con el avance legal. No fueron arriados, ni cooptados, ni forzados a una decisión extrema, hija de la lógica binaria. Enriquecieron la norma, delinearon su impronta definitiva, participaron con voz propia en el recinto, sin resignar pertenencia ni espíritu crítico. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual excede y antecede en su historia al kirchnerismo. El colectivo pluripartidario que ayer le dio el sí priorizó esa historia formidable al alineamiento automático.
Comprender las premisas del otro es un pilar de la acción democrática. En la Rosada o en Olivos soslayan a menudo ese saber. Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, tiene hace rato un registro claro de las necesidades de potenciales aliados. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta vez, abrió el juego retractando la cláusula más debatida.
La oposición no esperaba ese reflejo. Redujo la compleja trama de la ley a una teoría conspirativa que describía todo en función de los intereses de Telecom y de un contubernio con el Gobierno. La diputada Patricia Bullrich postuló que ésta era una ley con nombre propio. La ley quedó anónima y la narrativa opositora muy descolocada.
La variopinta mayoría dejó en la cuneta a quienes hablaban de “Ley K” o “Ley Telecom”. Claudio Lozano no es sospechoso de kirchnerista ni de lobbista. Nadie puede decir sin ruborizarse que Eduardo Macaluse o Carlos Raimundi son pichones de censores que promueven leyes mordaza. El socialismo de Hermes Binner tiene más laureles republicanos que muchos radicales y muchos peronistas que pusieron el grito en el cielo, a falta de razonamientos atendibles.
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El diálogo político, tan ensalzado y tan poco practicado, dista de ser una gimnasia discursiva en la que se encuentra inexorablemente un punto medio. El diálogo puro, sin negociación, es excepcional. La regla es la pugna de intereses, objeto de intercambios, acuerdos y transacciones. La competencia política también mete la cola, máxime entre quienes interpelan a un similar target electoral.
El oficialismo afrontaba un desafío complejo que era contener “por izquierda” a Claudio Lozano y tratar de incorporar a los socialistas más afines al panradicalismo. La clave estuvo, ya se dijo, las mejoras o concesiones, según prefiera cada intérprete.
Como se comentó reiteradamente en esta columna, el partido de Hermes Binner se diferenció desde el vamos de sus aliados del Acuerdo Cívico y Social en este tema. Importantes funcionarios del gobierno santafesino intervinieron en los Foros desahuciados por el sentido común boina blanca. El gobernador de Santa Fe fue, como acostumbra, cauto en sus declaraciones, contrastando con la verba inflamada de radicales, peronistas disidentes, gentes de PRO y “cívicos”. Rubén Giustiniani rehusó ir al pie de Julio Cobos cuando usó su despacho de vicepresidente para congregar la oposición a la ley.
Binner encontró el modo y el tono para ser fiel a su linaje y a sus principios. Fue consistente con la autonomía de su fuerza, frente al oficialismo y a los poderes fácticos. Lo frenaba un prurito común a todos los opositores: no quedar “pegado” al oficialismo, lo que (entienden) les resta prestigio. Y no ser entrampado en opciones-cerrojo, impuestas a libro cerrado. La flexibilidad del Gobierno le dio el espacio necesario.
Su interés, también se comentó en este diario, trasciende lo valorativo. Binner suele observar que ningún medio de difusión cubre informativamente toda su provincia. Es una de las más grandes, pero no tiene más de mil kilómetros de punta a punta. Esa incomunicación deriva de la estructura mediática centralizada actual en la que priman cadenas informativas que propalan desde la Capital, cubren todo el país y relegan hasta la insignificancia a los medios locales. Es difícil instalar radios provinciales o comunales viables, con el actual esquema concentrado.
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Fueron pocos días, es real. Pero hubo en ellos más sustancia que en muchas discusiones protocolares. Se corrigieron rápidamente puntos centrales cuestionados. Una coalición cultural amplia avaló al proyecto: las dos centrales de trabajadores, numerosos sindicatos ligados al espectáculo o a la información, las autoridades de universidades nacionales, cineastas de renombre, actores conocidos, ignotos comunicadores comunitarios.
Del otro lado, primó la endogamia: dirigentes políticos, periodistas de los medios con intereses afectados, lobistas y patrones que dieron rienda suelta a su idiosincrasia autoritaria. Muy contadas voces de académicos, laburantes o creadores los acompañaron.
La audiencia pública promovida por la oposición más enconada en Mendoza fue un ejemplo interesante. Fue fogoneada desde el Congreso nacional, sponsoreada por el grupo Vilas-Manzano pero la participación ciudadana desvió el curso previsto. Un alumno, el presidente de un centro de estudiantes, conmovió a los presentes hablando en nombre de sus compañeros. Un docente, Rodrigo Sepúlveda (también documentalista y periodista), llevó una ponencia titulada “Un debate contra la hipocresía”. Señaló que no está en juego una iniciativa trasnochada del gobierno sino una construcción de la sociedad civil. Los ciudadanos asistentes ovacionaron a quienes, se suponía, jugaban de visitante. Varios diputados nacionales que habían volado a Mendoza se mantuvieron callados y se retiraron mucho antes del final noctámbulo del encuentro. “El poder K manipuló el debate” denunció el diputado peronista disidente Daniel Cassia en la tapa del diario UNO el día siguiente. A algunos no les entra en la cabeza (o no les conviene aceptar) que esta movida supera los límites del kirchnerismo.
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El final de las AFJP logró 162 votos a favor contra 75. Muchos legisladores peronistas bancaron porque fondear el Estado nacional consulta los intereses de sus provincias. El centroizquierda, incluido el socialismo, también fue de la partida, porque se hacía realidad una bandera por la que venían luchando.
Hubo 136 votos para consagrar las facultades delegadas concedidas hace poco tiempo. El apoyo principal provino de los gobernadores peronistas.
Bien pasada la medianoche de ayer, el tablero marcó 147 votos, una marca muy alta tomando en cuenta esos precedentes, embellecida por el arco de apoyos progresistas.
Llega el turno del Senado donde casi todo se resuelve en tiempo suplementario o en definición por penales. En una noche de optimismo, los operadores del FpV calculaban estar más cerca de los 40 votos que de los 37 estrictamente necesarios si hay asistencia perfecta. Con márgenes estrechos y mucho lobby por delante, lo más sensato es hablar de final abierto. La diferencia conseguida en Diputados mejora las perspectivas. La pobreza de la alternativa, que es apenas quedarse afincado en el pasado, también ayuda.
Otra controvertida iniciativa
El Gobierno sumó aliados y logró la media sanción de la ley de medios
El socialismo y otros bloques de centroizquierda le dieron el apoyo que le faltaba; los principales bloques opositores se retiraron del recinto y denunciaron graves irregularidades; votaron a favor 146 diputados y sólo tres en contra; el Senado lo tratará en 15 días
Por Laura Serra | 17.09.2009
LA NACION
El bloque oficialista cumplió su objetivo: gracias al apoyo de la centroizquierda, dio media sanción al proyecto de ley que cambiará la regulación del sistema de medios audiovisuales. Poco afectó al oficialismo que el recinto de la Cámara de Diputados luciera semivacío; menos aún que la oposición se retirara, indignada, con denuncias de que el debate era nulo.
Tras una sesión de más de 12 horas, el oficialismo consiguió el triunfo con 146 votos a favor, gracias al aporte del socialismo, Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur, la alianza que lidera Pino Solanas. También apoyaron el proyecto los diputados por Chubut, que responden al gobernador Mario Das Neves. La iniciativa sólo recibió tres votos en contra (y tres abstenciones): a la hora de la definición, la oposición más crítica ?UCR, Coalición Cívica, Pro, el cobismo y el PJ disidente? había abandonado el recinto tras denunciar irregularidades en el dictamen y en la conformación del quórum para la sesión.
Advirtieron que no avalarían el «trámite exprés» de una iniciativa que, según denunciaron, le servirá al Gobierno para «controlar y amordazar» a los medios de comunicación. La discusión del proyecto de ley duró 20 días y los últimos cambios ?casi 200? se introdujeron en la medianoche de ayer.
«Esta sesión goza de la más absoluta legalidad y legitimidad; esta ley es producto de la construcción colectiva de bloques opositores que no tienen doble discurso», refutó la kirchnerista Patricia Vaca Narvaja. El oficialismo anticipó que pretende convertir el proyecto en ley dentro de 15 días en el Senado, a libro cerrado. No quiere arriesgar la mayoría que cree tener asegurada desde que el socialismo, que lidera el gobernador Hermes Binner, adelantó su apoyo.
La decisión del Partido Socialista significó un golpe duro a la oposición; el oficialismo lo festejaba sin disimulo, porque dotaba de «pluralidad» la votación. El Gobierno se llevaba un doble triunfo: además de la media sanción, desnudó fisuras en la oposición.
El proyecto aprobado obliga a los multimedios a desprenderse de empresas en el plazo de un año, impide a los operadores de cable tener canales de televisión de aire, reduce de 24 a 10 la cantidad de licencias de radiodifusión que puede tener una compañía y otorga al Estado mayor poder para controlar los contenidos de los medios de comunicación.
No sólo el partido socialista respaldó la iniciativa oficial; también el diputado Horacio Alcuaz (Gen), mano derecha de Margarita Stolbizer, preveía votar a favor, lo que agigantaba el abismo entre esta dirigente y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
El oficialismo también se llevó el apoyo de SI y de Proyecto Sur, no así el de Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) que, hasta el final, se negaba a votar el proyecto oficial.
Pero no todas fueron rosas para el Gobierno: si bien cooptó a buena parte de la centroizquierda, con esta iniciativa logró que, por primera vez, el PJ disidente se aunara en una misma posición.
En efecto, los 31 diputados que responden al santafecino Carlos Reutemann, al entrerriano Jorge Busti, al puntano Alberto Rodríguez Saá y al bonaerense Felipe Solá ?el encargado, desde temprano, de coordinar la estrategia? propusieron al resto de la oposición la postura de no participar en la votación del proyecto de ley, que finalmente se concretó.
El proyecto de ley que fue girado al Senado propone dos pilares que se mantienen incólumes: la «desmonopolización» compulsiva de los actuales grupos mediáticos, con el ingrediente de que en apenas un año éstos deben desprenderse de sus licencias para adecuarse al nuevo marco legal.
Este fue uno de los puntos más discutidos del proyecto, pues vulnera derechos adquiridos, según denunciaron las principales organizaciones de la industria audiovisual.
«Esta ley tiene artículos inconstitucionales. Hasta Hugo Chávez se ajustó a derecho cuando esperó a que las licencias caducaran para sacar una nueva ley de comunicaciones», asestó la bonaerense Graciela Camaño, enrolada en esta iniciativa en el PJ disidente.
Por esta razón, también el Movimiento Popular Neuquino (tradicional aliado del gobierno kirchnerista) marcó distancia. «Con esta norma se pretende legislar para atrás, ya que no sólo se afecta la seguridad jurídica, sino también las inversiones realizadas por los grupos mediáticos», advirtió el diputado José Brillo.
Organismo cuestionado
El otro pilar sobre el cual se asienta este proyecto es el dominio del oficialismo sobre un organismo clave, la autoridad de aplicación, encargada de conceder, prorrogar y declarar caducas las licencias.
El kirchnerismo aduce que esa mayoría no es tal desde que aceptó ampliar la composición, de cinco a siete miembros, con la incorporación de dos directores del Consejo Federal, también por crearse. Los miembros de ese organismo serían elegidos por un mandato de cuatro años, si se sancionara la ley, con lo cual seguirían en sus cargos hasta 2013.
La oposición cuestionó duramente ese punto del proyecto. «Esta ley impone atribuciones excesivas sobre el Poder Ejecutivo, que podrá discrecionalmente determinar la habilitación de licencias. Es una ley mordaza sobre la libertad de expresión», enfatizó Fernando Iglesias (Coalición Cívica).
La oposición también cuestiona que al no fijar parámetros para determinar qué ONG podrá obtener una licencia, la ley beneficiará a las agrupaciones amigas del Gobierno, como las piqueteras o la CGT.
También advirtió que el texto no despeja el riesgo de que empresas extranjeras puedan comprar medios periodísticos argentinos.
Cómo se votó
147
Kirchnerismo y aliados
Eran los presentes en el recinto a la medianoche. El bloque K sumó aliados de centroizquierda, entre los que se destacan el socialismo, el bloque de SI (ex ARI) y Proyecto Sur.
104
Ausentes
La UCR, la Coalición Cívica, el PJ disidente, Pro y el cobismo se retiraron de la sesión con denuncias de serias irregularidades.
4
Votos en contra
Se quedaron a votar por el no Miguel Bonasso y los neuquinos del MPN.
Los multimedios
Grupo Clarín
Posee Cablevisión, Multicanal, Canal 13, Radio Mitre y señales de cable, como TN y TyC Sports, entre otros medios. La nueva ley impide ofrecer servicio de cable y tener un canal de aire. Y lo obligaría a cerrar canales de cable.
Vila/Manzano/De Narváez
Tiene el cable Supercanal, América 2, el canal de noticias América 24, la AM La Red, más canales y radios del interior. Debería desprenderse de América o cerrar Supercanal. Y lo afecta fuerte el límite de 10 licencias a nivel nacional.
Telefónica
Tiene Telefé y otros ocho canales del interior del país. No quedaría obligado a vender, pero los cambios en el proyecto le impiden ofrecer servicios de TV por cable.
Grupo Hadad
Tiene el canal de cable C5N, Radio 10, FM La Mega y otras tres radios. No quedaría afectado por las restricciones en las licencias.
Grupo Prisa
El holding español tiene Radio Continental y 18 FM en todo el país. Debería desprenderse de varias emisoras para ajustarse al nuevo límite.
Cadena Tres
Este grupo con base en Córdoba tiene 13 radios en distintas provincias y también quedaría forzado a desprenderse de algunas de ellas.
QUIPU 