El diario La Arena, de La Pampa, renunció a ADEPA a raíz del cuestionamiento de la patronal de diarios al proyecto de ley de servicios audiovisuales. El comunicado dice “El proyecto podrá tener aspectos más o menos cuestionables, más o menos aceptables para los diversos actores que participan en el universo de las comunicaciones audiovisuales. Pero lo que no corresponde es cuestionar la legitimidad del Congreso de la Nación para darle al país una nueva ley que reemplace el engendro que hoy nos rige. Y menos todavía hacerlo en nombre de la “libertad de expresión” o de la “seguridad jurídica”. ¿Una norma de una dictadura defiende la “seguridad jurídica” más que una ley debatida y sancionada por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación?”

Viernes, 18 de Septiembre de 2009

La Arena y la ley de medios audiovisuales

El debate generado alrededor del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales ha tenido la virtud de dejar al descubierto los poderosísimos intereses que se sienten afectados por una norma que se propone legislar y organizar el espacio radioeléctrico que es administrado por el Estado.

Perdiendo la línea y la sobriedad los grandes medios porteños han lanzado con ferocidad y saña a demoler el proyecto sin cuidarse demasiado en guardar las formas. De repente muchos de esos medios que se decían mesurados y criticaban al gobierno por su crispación, su excesiva vehemencia por su dureza confrontativa, han caído en lo mismo que criticaban.

Lo peor es que sus ataques al proyecto no son explicitados con claridad y sólo apelan a lo que bien podría llamarse un golpe bajo. Aducen que la nueva ley afectará la “libertad de expresión” o que afectará la “seguridad jurídica”. Pero se guardan muy bien de mencionar que la ley vigente es de la dictadura militar y que permitió la concentración de medios como nunca se vio en el país. Tampoco dicen que ese acaparamiento de medios de comunicación en forma oligopólica o monopólica, no se permite, ni lejos, en los países que ellos mismos llaman “serios” para castigar al gobierno.

En sintonía con ese desagrado por el proyecto, las cámaras y entidades empresariales de la prensa, se manifestaron con muy duras críticas con él.

La Arena manifestó de entrada su simpatía hacia la iniciativa. También lo hizo en todas las ocasiones anteriores en que se anunciaban proyectos similares en el Congreso de la Nación. Este diario ha afirmado siempre que es necesaria una nueva ley que deje atrás la normativa de la dictadura militar y que el Parlamento le debe a la sociedad un nuevo ordenamiento que supere las injusticias y los abusos que esta legislación permitió.

Ahora sostiene lo mismo. Por esa razón, La Arena siente la obligación de señalarle a sus lectores que no comparte los pronunciamientos de las entidades y cámaras que nuclean a los diarios de todo el país. Esas entidades -sumadas a sus pares de la radio y la TV- expresaron su oposición, con argumentación diversa, al tratamiento de este proyecto.

Consecuente con ese pensamiento, LA ARENA ha presentado su renuncia como socio de ADEPA y como integrante del consejo directivo de ADIRA. Esta aclaración pública se ha tornado necesaria y responde a la búsqueda de un criterio de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Además, la inteligencia de los lectores merece esta explicación ante el serio riesgo de debilitar o tornar vulnerable -o incoherente- la línea editorial que sostiene esta hoja.

El proyecto podrá tener aspectos más o menos cuestionables, más o menos aceptables para los diversos actores que participan en el universo de las comunicaciones audiovisuales. Pero lo que no corresponde es cuestionar la legitimidad del Congreso de la Nación para darle al país una nueva ley que reemplace el engendro que hoy nos rige. Y menos todavía hacerlo en nombre de la “libertad de expresión” o de la “seguridad jurídica”. ¿Una norma de una dictadura defiende la “seguridad jurídica” más que una ley debatida y sancionada por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación?

El fondo de la cuestión, el corazón de la reforma que plantea el nuevo proyecto de ley, es el de atacar la gran concentración de medios en muy pocas manos. Algunas pocas empresas, a la sombra de la actual legislación de la dictadura militar -más algunos retoques “oportunos” del Congreso durante el menemismo- permitieron la acumulación de medios nunca vista en la historia. Un proceso que en ningún país medianamente ordenado y organizado sería posible sin transgredir la ley.