La aplicación de la nueva ley de medios permite que el Canal 7 no reitere en su programación videos anónimos ni preste su pantalla a operaciones infames: el art. 121 de la nueva ley otorga un mandato de responsabilidad y pluralidad al canal, para transformarlo de emisora gubernamental en emisora estatal. Nota de Martín Becerra en Perfil el 24/10/09.

Publicado en periódico Perfil el 24/10/09, pág. 60.

Operación anónima en Canal 7: la ley es el antídoto

por Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes –Conicet)

La pantalla de Canal 7 fue ensuciada por una operación urdida con un video anónimo y cámaras ocultas. El video, difundido en el programa “6, 7, 8” de la emisora estatal, acusa de corrupción al columnista Carlos Pagni, de La Nación, a raíz de tres artículos suyos sobre Repsol-YPF. Este grupo, a su vez, cuestionó vía solicitadas la información de Pagni.

En otras circunstancias, el caso habilitaría una postergada reflexión acerca del ejercicio de un periodismo que combina el empleo en un medio de “interés general” con emprendimientos propios (programas de radio, tv, o publicaciones de nicho) financiados por empresarios y políticos protagonistas a su vez de la agenda informativa del medio de alcance general. Resultaría tentador, además, detenerse en la polémica Repsol-YPF vs. Pagni.

Pero la amplificación por Canal 7 del anónimo clausura la posibilidad del debate, a la vez que reclama la aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales para que las emisoras de gestión estatal se transformen de una vez en medios públicos. La dependencia del Canal 7 y la profusa tercerización de su programación son impugnados por este caso.

La nueva ley de medios no sólo modera la concentración de los grandes grupos privados, sino que también permite controlar y reducir el arbitrio del gobierno en los medios de gestión estatal. Al crear en éstos un directorio sin mayoría del Poder Ejecutivo y con presencia de las minorías parlamentarias, de las provincias y de las universidades, la ley inaugura un ciclo inédito en la Argentina.

Un medio realmente público (es decir, no gubernamental) no hubiera difundido las imágenes en cuestión sin cumplir cuatro requisitos básicos: investigar el origen y la verosimilitud del video; contar con el descargo explícito de las personas mencionadas; inscribir el hecho en un contexto de polución de cámaras ocultas que en los últimos 15 años (con pocas excepciones) vulneraron derechos a la privacidad y no aportaron información significativa y, por último, compartir con la audiencia una reflexión crítica sobre la cobardía e improcedencia de sostener el anonimato como fuente informativa para desvelar temas supuestamente ligados al interés general.

Los periodistas de “6, 7, 8” aclararon que su productor, Diego Gvirtz, incluyó el video sin darles aviso. Ello agrava la responsabilidad de la emisora, ya que los periodistas no pudieron desarrollar su labor de modo razonable. Aunque a diferencia de la mayoría de los medios privados los periodistas hicieron luego su descargo, criticando la inserción del video anónimo, eso no excusa al canal: un medio público no puede tomar como punto de referencia los hábitos de los medios comerciales. Sus mandatos son opuestos.

La mimesis entre lo público, lo estatal y lo gubernamental es un rasgo cultural del país que se padece desde hace más de medio siglo en Canal 7. Sus efectos con conocidos: el patrimonialismo (tendencia a identificar como propios los recursos públicos), la subordinación de lo estatal a la lógica privada, la autocracia y la profanación del espacio público colonizado por la potencia de los actores más fuertes (que no son sólo el gobierno de turno). La nueva ley quiebra esa tradición al asignar a los medios públicos el mandato de pluralidad y respeto (art.121), lo que debe reglamentarse para garantizar el periodismo responsable y la defensa del derecho a la información, con fuentes identificables y procedimientos dignos.

Ahora bien: si el boicot de los principales grupos y de la oposición de centroderecha a la sanción de una ley de medios en democracia hubiera triunfado, nada impediría que las operaciones infames se repitan en Canal 7. La restauración de la ley Videla y sus modificatorias (la mayoría por decreto y todas funcionales a los principales grupos) perpetuaría la dependencia del Canal 7 al PEN (al igual que el COMFER). Este caso demuestra, en cambio, que es preciso aplicar la nueva ley para sacar a los medios estatales de la órbita del PEN en el marco de una estrategia integral de desconcentración del poder formal y del poder real.