La Nación publica dos artículos de opinión de los investigadores Martín Becerra (UNQ-Conicet) y Ethel Pis Diez (U. Austral) a propósito del debate y del contenido del proyecto de ley de servicios audiovisuales. Becerra convoca a superar la lógica binaria que tiene como formato la discusión y Pis Diez afirma que el proyecto del gobierno repone límites a la concentración que planteaba la ley vigente en su redacción original.

Opinión

Pensar en contra de una lógica binaria

Martín Becerra*
Para LA NACION

El esfuerzo retórico para disociar la libertad de expresión de la concentración de medios sobresale en una Argentina que discute su ley de medios audiovisuales con repercusión inédita. Esto ocurre tras 25 años de recuperado el sistema constitucional que, con varias reformas parciales, empeoró la ley de radiodifusión firmada por Videla en 1980.

La libertad de ideas tiene como condición su libre producción y su libre acceso. La concentración de los medios y sus prácticas abusivas restringen la diversidad de voces. La concentración es antónimo de libertad de expresión. Las posiciones más exaltadas en la discusión sobre el proyecto de medios audiovisuales bregan por abstraerse de las condiciones reales (de propiedad concentrada, de contenidos centralizados, de caos regulatorio, de autocensura, de asignación discrecional de recursos públicos) que afectan al sistema de medios argentino.

En Respiración artificial , Ricardo Piglia conjetura que el método de “pensar en contra” permite superar los reflejos condicionados que suelen habitarnos. Habría, creo, que pensar en contra de la lógica binaria de una discusión que oscila entre la agitación de la hipérbole chavista (que condensa la doble ignorancia de lo que ocurre en Venezuela y en la Argentina, y que además exhibe el rústico calibre analítico del agitador) y la prisa de un gobierno que entre 2003 y 2007 robusteció los negocios de los principales grupos con medidas que son las antípodas del proyecto que hoy sostiene.

Mientras la sobreactuación de algunos medios confunde su línea editorial con su ambición corporativa, diluyendo su eficacia periodística, otros medios y periodistas toman distancia del primer operador informando.

Los proyectos que debate el Congreso limitan la concentración. La iniciativa del PEN prevé además la participación del sector no lucrativo en la gestión de medios, exige producción propia, crea un registro público de licenciatarios, avanza en la conversión de los medios estatales en medios públicos; protege a audiencias vulnerables (infancia). Estos aciertos del proyecto gubernamental recogen el aporte de organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto del PEN requiere, no obstante, modificaciones: la oposición de centroizquierda anunció que intentará cambiar la integración de la autoridad de aplicación para que no tenga mayoría gubernamental, los subsidios para la producción propia de medios pequeños y el tipo de restricciones sobre empresas telefónicas en el mercado audiovisual.

Hay proyectos y hay ideas para debatir y reemplazar la ley de Videla. Fugarse hacia adelante arguyendo excusas equivale a perpetuar el máximo control del PEN a través de un Comfer intervenido por el gobierno de turno.

*El autor es investigador de la Universidad de Quilmes y del Conicet

Opinión

Un proyecto de ley para avanzar hacia atrás

Ethel Pis Diez*
Para LA NACION

Necesitamos una nueva ley de radiodifusión y queremos que hablen todos. Hasta allí llega el consenso entre los defensores y opositores del nuevo proyecto de ley para el sector audiovisual. De ahí en más la discusión se aleja del texto de la ley y entra en el terreno de las alianzas -siempre temporales y frágiles- entre los intereses empresariales y políticos (sean del gobierno de turno o de la oposición).

Una muestra de esto es que el principal argumento a favor del proyecto es sostener que la norma vigente es una “ley de la dictadura” -fue sancionada en 1980, durante el gobierno militar-. El problema de este argumento es que no dice nada sobre cuál es el cambio propuesto. En particular se omite decir que lo que se quiere cambiar, principalmente, no es el texto original de la ley -que facilitaba una amplia intervención del Estado en el sector-, sino los numerosos cambios que durante los últimos 17 años de democracia se introdujeron en la ley.

Lo que preocupa a los defensores del proyecto no es tanto la restricción a la propiedad de medios propuesta por la ley en 1980, sino la desregulación casi absoluta de la actividad que se dio en los años noventa. Claro que así planteado tal vez sea más difícil conseguir un rápido y amplio consenso. De ahí que la estrategia del Gobierno haya sido identificar el proyecto con la libertad de expresión y la ley actual con la dictadura. Así, se coloca como enemigo de la democracia a todo aquel que quiera cuestionar la oportunidad de la ley o los tiempos necesarios para un adecuado debate parlamentario.

Hablemos todos, de acuerdo, pero hablemos del mismo tema: del contenido de la ley. Por ejemplo, de la restricción sobre la propiedad de los medios. El texto original de la ley (1980) fijaba como objeto social exclusivo para las empresas del sector el servicio de radiodifusión y entre los requisitos para obtener una licencia establecía no ser propietario ni socio de diferentes sociedades de radiodifusión y no tener vinculación jurídica o económica con empresas extranjeras ni con editoras de diarios. Fue la ley de reforma del Estado de 1999 la que eliminó estas restricciones y permitió la formación de grupos multimedios y la entrada del capital extranjero en el sector.

En este punto el proyecto actual vuelve a limitar la propiedad extranjera y la formación de grandes grupos multimedios, aunque de un modo mucho más moderado que la ley original, ya que permite que las empresas tengan hasta un 30% de capital extranjero y que las compañías de servicios públicos -como las telefónicas o las de electricidad- puedan brindar servicios de cable.

Algo similar ocurre con el número de licencias de radio o televisión que puede tener una empresa. El texto original de la ley establecía un máximo de cuatro licencias para una misma persona o empresa. Fue el decreto 1005/99 el que modificó este punto al ampliar el máximo a 24 licencias. El proyecto actual vuelve a limitar el máximo, a 10 licencias.

En resumen, la propuesta que entró en el Congreso, en lo que se refiere a restricciones sobre la propiedad de medios, nos acerca más al texto original de la ley de radiodifusión. Por eso, necesita ser estudiada con calma y detenimiento. La discusión no debería ser cuál es la composición del Congreso ideal para aprobar un proyecto, sino cómo generar un marco legal estable y duradero para el sector audiovisual que garantice un balance adecuado entre la promoción de la diversidad de voces y el límite a la intervención arbitraria del Estado.

*Profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral