Washington Uranga y Martín Becerra opinan, en el sitio web del Mutirao de la Comunicación de América Latina y del Caribe, acerca del contenido y de la recepción del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual por parte de los principales medios y su repercusión entre algunos de los más encumbrados periodistas de la Argentina.

Desafíos de la Ley de servicios audiovisuales de Argentina

Por Washington Uranga

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó el 20 de agosto, coincidiendo con el “día de la radiodifusión”, el proyecto de ley de servicios audiovisuales de comunicación, con el cual se intentará dar un nuevo marco legal a las comunicaciones en la Argentina, que hasta ahora se siguen rigiendo por una norma producida en 1982 por el entonces gobierno dictatorial.

El proyecto, que debe ser aprobado por el Congreso en sus dos cámaras, apunta a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios e impulsa la creación de nuevos. La iniciativa, que fue elaborada con el consenso de organizaciones de base comprometidas en la lucha por la democratización de las comunicaciones, ha tenido, sin embargo, el rechazo público de la mayoría de la oposición política. El oficialismo confía en tener los votos suficientes en las cámaras como para aprobar el proyecto. Actualmente el gobierno argentino libra una batalla de poder contra los grandes grupos económicos multimediáticos, en partir el denominado “Grupo Clarín”.

Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.

La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias y las mismas durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.

Al mismo tiempo, esas licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –la digitalización– un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.

Las entidades sin fines de lucro podrán tener licencias de radiodifusión (la ley de la dictadura sólo concebía a la radiodifusión como una actividad comercial. En el año 2005 el Congreso permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias, pero con restricciones). La nueva ley reservará el 33 por ciento del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro. Se promoverá la regularización de los medios comunitarios.

Quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto no podrán acceder a licencias de servicios de comunicación y, en todos los casos, se evaluarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad para quienes pretendan ser titulares.

El Estado argentino, las provincias, los municipios tendrán asignadas frecuencias. Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones. La televisión abierta y el cable deberán emitir cine nacional. Como mínimo tendrán que difundir en estreno televisivo seis películas al año. Se le exigirá a la TV además que el 60 por ciento de su producción sea nacional. Las radios deberán emitir un mínimo de setenta por ciento de producción nacional. Por lo menos el treinta por ciento de la música deberá ser de autores o intérpretes argentinos.

El tiempo de publicidad en la televisión paga estará reglamentado.

Estas son algunas de las propuestas del proyecto de ley que, sin embargo, abrirá un intenso debate en el Argentina en los próximos meses.

Proyecto de ley y debate sobre los medios en la Argentina

Por Martín Becerra

La presentación de un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a fines de agosto de 2009, y el inicio de su discusión parlamentaria constituye un importante avance ya que involucra la consideración de las reglas de juego que rigen al sistema de medios y su escrutinio público.

La Argentina cuenta, como Brasil y otros países latinoamericanos, con una ley de radiodifusión decretada por la Dictadura. En 1980 Jorge Videla decretó la ley 22.285 que, tras 25 años de recuperación del sistema constitucional, todavía está vigente, si bien ha sufrido algunas modificaciones de gran envergadura a partir de 1989. Estas modificaciones tendieron a empeorar dicha ley, ya que permitieron la concentración oligopólica del sistema de medios, habilitaron el ingreso de capitales extranjeros y permitieron la progresiva financierización del sector.

El proyecto del Poder Ejecutivo asume que la comunicación es un derecho tan fundamental que no puede ser sólo patrimonio de grandes empresarios o políticos: por ello permite la participación de organizaciones sociales y comunitarias. Los límites a la concentración, la creación de un registro público de licencias, la progresiva transformación de los medios de gestión estatal en medios públicos o la protección de audiencias vulnerables (la infancia) son aciertos de un proyecto que recoge el reclamo de un gran número de organizaciones de la sociedad civil (comunitarias, cooperativas, barriales, sindicales) y de algunos partidos políticos. Este reclamo no es nuevo, tiene más de veinte años.

Otros aspectos del proyecto serán muy probablemente modificados por el Congreso. Legisladores de centroizquierda ya anticiparon algunos ejes que intentarán cambiar: la composición de la autoridad de aplicación que reemplazará al COMFER, para garantizar que no tenga mayoría del gobierno; los mecanismos de revisión de licencias o las condiciones en las que las empresas telefónicas pueden participar del mercado de medios son algunos de ellos.

En el acto de envío al Congreso del proyecto, la presidente Cristina Fernández cometió dos errores: dijo que era la primera vez desde la recuperación del sistema constitucional, en que el Poder Ejecutivo enviaba al Parlamento una iniciativa para modificar la “ley Videla” cuando tanto Raúl Alfonsín (1983-1989) como Fernando de la Rúa (1999-2001) son autores de sendos proyectos de ley que remitieron a un Congreso que no los debatió. La presidente también afirmó que su proyecto propendía a dividir el sistema de medios en tres tercios, un tercio de explotación comercial, otro de uso para entidades sin fines de lucro, y el tercero para el Estado. Sin embargo, el proyecto de ley reserva el 33% de las licencias para entidades no lucrativas y establece cotas mínimas de participación estatal en el restante 66%. Esto es razonable, dada la tradicional ausencia de políticas públicas en materia de medios y de la incapacidad de generar medios de gestión estatal en todos los niveles geográficos de la Argentina que pudieran llegar al 33% de las licencias.

El debate por el proyecto desató una agresiva campaña del principal grupo mediático, Clarín, cuya posición dominante podría ser afectada si se desconcentrara el sistema de medios argentinos. Sin advertir a su numerosa audiencia sobre el conflicto de intereses que motiva su iracunda línea editorial sobre el tema, así como la sesgada elección de fuentes informativas que sistemáticamente coinciden con lo que opina el grupo, Clarín editorializó: “presentan la ley K para controlar a los medios”.

La actitud confrontativa del gobierno hacia los medios es citada con alta frecuencia por parte de periodistas televisivos, radiales y de grandes diarios: mención significativa porque elude generalmente informar que así como fue árido y por momentos confrontativo el estilo K ante los medios de comunicación en el plano retórico, sin embargo durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se prodigaron ayudas cuantiosas a los grandes grupos mediáticos sin que ello desatara la queja de las principales plumas y periodísticas que reportan a esos grandes grupos. Estas ayudas continúan en forma de condonación de deudas fiscales o provisionales con Cristina Fernández. La protección a los medios nacionales, la prórroga de licencias, la autorización de fusiones que implican el monopolio de medios estratégicos, como en el caso de Multicanal y Cablevisión en 2007, las subvenciones y exenciones impositivas resultaron, entre otras medidas dispuestas por Kirchner, son sistemáticamente omitidas del examen con que los comentaristas políticos de los medios más importantes reprenden al gobierno. Cabe, pues, colegir que la arbitrariedad en el manejo de recursos públicos en beneficio de los capitales concentrados en el sistema de medios no merece sino aprobación por parte la élite periodística argentina.

Sin embargo, la extensión del debate (y probablemente la sobreactuación negativa de los grandes grupos y de los periodistas más identificados con el interés de sus patrones) ha permitido en los últimos días una apertura de fuentes informativas y otros medios de comunicación comenzaron a tomar distancia del principal operador y suelen incluir las posiciones de políticos, periodistas o especialistas que, siendo o no afines al gobierno, saludan la posibilidad de discutir sobre la regulación de los medios como una necesidad que la democracia argentina venía postergando desde hace varios lustros.

El debate parlamentario recién se inicia y su suerte determinará el futuro del sistema de medios de la Argentina.

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