Mario Wainfeld destaca contenidos del proyecto de ley de servicios audiovisuales del gobierno y lo compara con la comunicación oficial sobre la televisación en abierto del fútbol. Publicado en Página 12.

EL PAIS

De mayor a menor

Por Mario Wainfeld

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una propuesta reparadora tras años de desidia gubernamental. El proyecto, bien concebido y fundado, sintetiza intentos de todo el espectro político, arrumbados por la pasividad de sucesivos gobiernos, incluido el kirchnerista. El esquema legal de la dictadura fue empeorado por los emparches de ulteriores administraciones democráticas, redondeando un cuadro de concentración con escasos parangones en la experiencia comparada. Y el desamparo de medios alternativos sin fines de lucro.

El gran titular del derecho a la información es el ciudadano común, no las empresas ni los periodistas. Las personas de a pie deben tener acceso a vastedad de ofertas pero también poder emitir sus ideas o defender sus intereses o valores. La pretensa libertad de quien tiene el control remoto, sugerida en una propaganda de asociaciones de televisoras privadas, es un mero simulacro. La democratización, en los dos lados del mostrador, es mucho más que el zapping. O mejor dicho, son calidades distintas, una versión más de las enormes diferencias que existen entre democracia y mercado.

El proyecto incluye puntos cuestionados, que podrían contrariar sus pretensiones y su correcto diseño general. Acaso el más denso es el que augura que se posibilita un nuevo monopolio, en cabeza de las telefónicas. Ese reproche y otros (como la excesiva brevedad de los plazos de concesiones) podrían ser abordados a fondo y eventualmente corregidos en un debate parlamentario plural y de calidad.

El oficialismo viene dilatando el envío del proyecto (discutido en foros que recorrieron toda la geografía nacional) al Congreso pese a sucesivos anuncios. El último lo formuló Agustín Rossi, jefe de la bancada de Diputados del Frente para la Victoria (FPV) hace menos de dos semanas, en el recinto.

Un meritorio propósito expresado en los fundamentos de la ley es garantizar el derecho universal del acceso a los espectáculos deportivos de mayor popularidad, en especial el fútbol. El convenio firmado el jueves entre el Ejecutivo nacional y la AFA apunta a ese objetivo. La instrumentación elegida, la liturgia que entornó el anuncio y algunas presencias en los medios públicos, a los ojos de este cronista, habilitan dudas, prevenciones y cuestionamientos.

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Abolir el esquema monopólico preexistente, que incluía una creciente tendencia al arancelamiento, es un innegable avance. Hacerlo vía una sociedad con un ente privado es algo más ríspido. La AFA y los clubes tienen, desde el vamos, un encuadre legal tramposo. Aunque son entidades que manejan presupuestos y negocios siderales, no están regidas por las sociedades con fines de lucro. Se amparan en tipos legales más laxos, piadosos, chúcaros al control público. La conducta de los presidentes de clubes (con excepciones minoritarias) y la de Julio Grondona agravan el descontrol y la suspicacia.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner comprometió transparencia en la gestión del contrato, como debe ser. Pero la tarea será hercúlea con socios de ese jaez: pésimos administradores, de oscuras vinculaciones económicas y políticas con las barras bravas. Muchos colegas más versados han explicado estos riesgos, en Página/12 o en otros medios. Sin experticia en esos puntos, el cronista añade que las asociaciones comerciales entre Estado y particulares, sin ser ilícitas, están plagadas de acechanzas. Entre otras variables, más espinosas, ocurre que los objetivos de los socios son pocos y precisos (la ganancia por encima de todo), mientras que los deberes del Estado son múltiples y, eventualmente, contradictorios entre sí.

Una de las objeciones más trilladas, el costo fiscal del emprendimiento, no parece la más relevante. Primero porque es posible, como promete el Gobierno, que la actividad no sea deficitaria en el corto plazo. Pero, sobre todo, porque las políticas culturales o comunicacionales justifican inversión. La chicana “¿cómo gastar millones cuando hay tanta pobreza?” es efectista pero carece de sustancia, precisamente porque el Estado siempre aspira a (y paga en aras de) fines múltiples. En una sociedad compleja siempre es tiempo de todo, no caben etapismos tan triviales. Las políticas culturales deben sustentarse aún en medio de restricciones económicas. Ampliar los consumos culturales de sectores populares es un modo de mejorar el (escaso de por sí) haz de recursos públicos. Si se quiere, hasta un modo de ampliar su “salario indirecto”.

Pero, volviendo, un contrato de tracto sucesivo con gentes de avería es un desfiladero que obligará a los funcionarios concernidos a extremar su destreza y su cautela para no desbaratar en la ejecución los fines perseguidos.

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La liturgia de la presentación del convenio fue, entiende quien firma esta columna, un desafortunado primer paso. El uso de la cadena oficial, la entonación del Himno al lado de Julio Grondona podían haberse obviado. En el mandato de Néstor Kirchner se apeló a una encomiable avaricia en el uso de la cadena: cuando el anuncio del juicio a la Corte Suprema menemista, cuando el entonces presidente clamó por la aparición de Luis Gerez. Cristina Fernández se valió ya más veces de ella, en medio del conflicto por las retenciones móviles. Las justificaba la magnitud del conflicto. El volumen del anuncio del jueves y, sobre todo, la forzosa partición de los réditos con Grondona y su ballet aconsejaban prescindir de ese boato.

Claro que los gobernantes deben dialogar y negociar con los actores reales, así sean chocantes. Su mandato de representar a todos los argentinos y la real politik lo imponen. Pero sobraron la unción que supone un acto con la Presidenta, abarcando un discurso vergonzoso de Grondona ovacionado por decenas de funcionarios. Un derroche del capital simbólico del oficialismo, que está en mengua.

Para colmo, Cristina Fernández incurrió en una demasía retórica cuando emparentó el embargo de imágenes de los goles hasta la medianoche del domingo con “secuestros” y, aún, con los secuestros de los 30.000 detenidos-desaparecidos. Los aplausos complacientes de esos ámbitos endogámicos son un mal termómetro del mundo real y a menudo un mal incitador. La gravedad inequívoca del terrorismo de estado, del genocidio o del Holocausto impone –sostiene este escriba desde hace décadas– a limitar las comparaciones con hechos básicamente distintos. El mundo real rebosa de situaciones afligentes o criticables, que pueden llegar a segar vidas, que no son terrorismo de estado. Permítase incluso un ejemplo extremo: un caso de gatillo fácil es una conducta atroz, que amerita las sanciones penales y políticas más severas, pero no es un genocidio.

Se aludía a un abuso de posición dominante que restringe emisión de imágenes. Puede ser ilegal, pero ni entra en la órbita del derecho penal común. Seguramente configura una práctica monopólica, digna de ser sancionada por los organismos de defensa de la competencia, no un crimen de lesa humanidad. La comparación a la baja, banaliza la gravedad del término mayor.

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La práctica monopólica quedó de lado desde anteayer. Los argentinos menos ricos podrán tener acceso a un espectáculo que los gratifica. Un consumo cultural que engrosa su patrimonio no salarial. Es un paso interesante (insuficiente por sí solo) en la democratización de la información.

La responsabilidad de los medios públicos (lo dice quien trabaja desde hace años en algunos de ellos y se enorgullece de eso) debería ir más allá. Incluir una revisión de los contenidos de las transmisiones deportivas, que en un crescendo incontenible emanaron mal gusto y un discurso antidemocrático. El machismo, la homofobia, el chauvinismo, la exaltación de la procacidad de los hinchas (que la incitaba), un ethos exitista sin límites éticos fueron características salientes de la narrativa cotidiana del fútbol televisado, que tuvo varias y meritorias excepciones entre sus periodistas. La expresión “no existís”, la apología del “aguante” llevaron al clímax la apología del fanatismo tribunero. El deber de los medios públicos es proponer un lenguaje más digno. Habrá que ver si figuras como Marcelo Araujo, ayer nomás exponente y pionero de todas esas desmesuras, dan la respectiva talla en un nuevo contexto.