La presentación ante el Congreso del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual por parte del gobierno se realizó con el apoyo de organizaciones sociales, sindicatos, universidades y personas del ámbito de la cultura. Martín Piqué anticipa en Página 12 las principales modificaciones realizadas en los foros de debate sobre la iniciativa que presentó en marzo la presidente Cristina Fernández. El grupo Clarín reaccionó tildando de “controvertida” la iniciativa y citando sólo las reacciones desfavorables de la oposición de centro y derecha. Por su parte, la Unión Cívica Radical confirmó que se opondrá a modificar la ley de Videla (comunicado reproducido por Página 12).

LA PRESIDENTA ANUNCIA EL PROYECTO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Llegó la nueva ley

El Gobierno presentará hoy el proyecto que enviará al Congreso para reemplazar la ley 22.285, heredada de la dictadura. Habrá una movilización en la Plaza de Mayo.

Por Martín Piqué

“Ahora es cuando.” La frase se fue convirtiendo en una señal de identidad entre las organizaciones de la sociedad civil que impulsan la democratización del mapa de medios en la Argentina. Era una frase que describía el clima de urgencia, la determinación de no seguir postergando el debate para modificar la ley 22.285, heredada de la dictadura. Esa exigencia de no esperar tendrá su primera coronación hoy a las 11, cuando la Presidenta anuncie la presentación del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales al Congreso. El acto será en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, pero tendrá su eco en la Plaza de Mayo. Allí se reunirán medios comunitarios, ONG, movimientos sociales que forman parte de la Coalición para una Radiodifusión Democrática. Tras el discurso de CFK, el público se movilizará hasta el Congreso como un gesto de acompañamiento y apoyo al proyecto. La iniciativa que se presentará en la Parlamento no es exactamente la misma que se anunció el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. En el tiempo que pasó desde entonces, y como consecuencia de los 24 foros de debate que se realizaron a lo largo del país, el texto original recibió cincuenta modificaciones.

Los foros contaron con el auspicio de 11 gobernaciones y 25 universidades nacionales. Las modificaciones que se incorporaron al texto original provienen de los aportes de los participantes. Otros cambios surgieron de documentos girados por correo al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) o de mails que se recibieron en el organismo. El nuevo proyecto, con las cincuenta modificaciones que quedaron tras la sistematización de 1200 aportes individuales, fue enviado a Presidencia y a la Secretaría Legal y Técnica el 10 de julio.

Los cambios más importantes tienen que ver con las controversias que había despertado el anteproyecto original: la revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el Interior, el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el triple play. Otros cambios apuntan a ampliar los derechos de pueblos originarios, hacer más federal el funcionamiento de la Defensoría del Público y declarar el espectro radioeléctrico como un bien público. A continuación un punteo de las principales modificaciones al texto original.

– Revisión de licencias. El artículo 38, en su redacción original, dispone que cada dos años se revisarán las licencias en poder de los adjudicatarios. La oposición planteó que el artículo permitiría que el Gobierno ejerciera un poder discrecional para cambiar las reglas y digitar el escenario tecnológico cada dos años. En el Gobierno aseguran que con la nueva redacción del artículo se ofrecerán garantías claras de que no va a haber discrecionalidad en la distribución de licencias. La constatación bianual tendrá como único objetivo evitar que la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación audiovisual –la famosa digitalización– termine distorsionando el espíritu de evitar la concentración y preservar la pluralidad.

– Pulseada entre cableoperadores locales y cooperativas de servicios públicos. Esta situación se produjo principalmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde los servicios de electricidad y teléfonos son brindados por cooperativas de usuarios. El artículo 23 excluye a las prestadoras de servicios públicos de la posibilidad de ofrecer servicios de comunicación audiovisual. En el artículo 25 se plantean las excepciones a esa regla. Allí se establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro –léase cooperativas– pueden dar esos servicios pero con una condición: antes deben pedir un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ese organismo considera que las cooperativas no se quedarán con más del 35 del mercado, las cooperativas podrán desembarcar en el negocio de la TV por cable. Las pequeñas empresas de distribución de cable habían planteado que si las cooperativas ingresaban en la actividad les resultaría imposible competir con ellas. “Vamos a ofrecer condiciones de convivencia”, responden en el Gobierno.

– El triple play y las condiciones para que las telefónicas puedan ingresar al negocio del cable. El mismo artículo 25 plantea que las telefónicas privadas con una lógica comercial también podrán ingresar al negocio de la distribución por cable –lo que haría realidad el famoso triple play, la posibilidad de brindar Internet, teléfono y cable en un mismo soporte– si antes cumplen con una serie de requisitos bastante exigentes: interoperabilidad de redes, portabilidad numérica y demostrar que el 70 por ciento del capital es de origen argentino. En el Ejecutivo dicen que el proyecto establecerá mecanismos de seguimiento para controlar la composición accionaria de cada telefónica que pretenda desembarcar en la actividad audiovisual.

El radicalismo se opone

El radicalismo adelantó esta tarde su rechazo a la Ley de Radiodifusión, que el Ejecutivo enviará en forma inminente al Congreso, al afirmar que “no hay condiciones democráticas de debate” en torno a esa norma.

En un comunicado de prensa, la UCR sostuvo que “la Argentina necesita una legislación moderna e integral sobre medios de comunicación y sus realidades tecnológicas, pero sobre todo precisa una ley que garantice las libertades de expresión, de opinión y de prensa”.

“El escaso respeto por los mecanismos, las herramientas y las instituciones de la República demostrado por el gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, obliga a reclamar una norma que tutele los derechos de los ciudadanos a expresarse e informarse con pluralidad, independencia y responsabilidad, replicar si fuera necesario, y acceder a la información sobre el manejo de los recursos públicos”, advirtió.

Indicó que “de trampas, zancadillas y estafas, el kirchnerismo viene esclareciendo a la Nación desde hace algún tiempo. En especial, después de conocer la opinión mayoritaria expresada en las urnas el pasado 28 de junio, donde el pueblo dijo basta a la manipulación, el abuso y la demagogia mediante el sagrado instrumento del voto”.

“El Comité Nacional de la UCR, entonces y ante la presentación de un proyecto de gran envergadura y trascendencia para la Nación, observa que no están dadas las condiciones y las garantías políticas necesarias para un serio tratamiento en el Congreso, con amplio y participativo debate en conjunto de las iniciativas con estado parlamentario”, aseveró el pronunciamiento opositor.

Según dijo, “la estrategia de hacer valer una mayoría circunstancial pone en jaque a la democracia, doblegando libertades al mejor estilo chavista, con medios de rodillas replicantes del discurso oficial”.

Advirtió que “evitar -como se pretende- la discusión en la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por la oposición, dejará al descubierto el temor a la confrontación de ideas de un oficialismo que tiene como único objetivo promulgar una ley contra un ocasional enemigo”.

El extenso texto difundido apenas el Gobierno anunció el envío del proyecto al Congreso, agregó que “la comunidad debe garantizarse una norma para su conjunto”.

“La sola posibilidad de que enriquezca aún mas a los amigos del poder quienes, en la ideologización simplista de ‘nosotros buenos, contra los otros malos’, siguen acumulando cifras siderales tanto en oscuros negocios de medios de comunicación como en el juego o en las obras públicas, devela un alto grado de autoritarismo. ¿Hasta cuándo se podrá permitir luchar contra los monopolios conformando otro monopolio?”, se preguntó.

Asimismo, advirtió que “el mínimo intento de concentración de cualquier signo -incluso gubernamental- afectando el proceso de consolidación de la democracia merecerá su impugnación”.

También sostuvo que “la pretensión autoritaria de acumular poder y presionar con dineros del Estado será -desde ya- rechazada de plano”.

Por último, manifestó que “la construcción de consensos, en especial para legislación de fondo como es el modelo de comunicación, es fundamental y, en ese sentido, la UCR brega por más democracia con medios y periodismo independientes, honestos, tolerantes y pluralistas”.

“El Radicalismo defiende las libertades de prensa, expresión y opinión, pero también a los periodistas y medios de comunicación independientes que en la Argentina entienden que la verdad es el contenido y, a la vez, el continente de las libertades democráticas todas”, concluyó el texto.

Anuncios