La posición crítica de los grandes medios de comunicación contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es explicada por Horacio Verbitsky no sólo a raíz de la anunciada intención de modificar la regulación vigente, sino por los intereses económicos cruzados de los grupos mediáticos nacionales con otras esferas de la economía en la que el Estado ha pretendido intervenir en los últimos años. Para Verbitsky incluso con la actual ley de radiodifusión el Estado podría afectar el interés más concentrado en los medios. Publicado en Página 12.

EL PAIS

Todo Nebuloso

Por Horacio Verbitsky

El gobierno ha incluido en la campaña electoral al Grupo Clarín, pero no ha hecho suficiente esfuerzo por explicar la causa. A lo sumo, Kirchner sostiene que el principal multimedios comunicacional del país lo ataca en respuesta al demorado proyecto de ley de servicios audiovisuales, que permitiría un pluralismo audiovisual allí donde Clarín impera con débil competencia.

Pero hay también otras razones para la hostilidad con que todos los medios del Grupo tratan a Kirchner y a su esposa. Una ha sido mencionada aquí durante el conflicto con las cámaras patronales: en sociedad con La Nación, Clarín posee la feria Expoagro, donde se cierran negocios por más de 300 millones de dólares al año, y uno de los directivos del Grupo es al mismo tiempo fuerte exportador de cereales y criador de ganado.

A esto debe sumarse el impacto de la estatización de los fondos previsionales. La fiscal de Cámara Alejandra Gils Carbó, quien se opuso al Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de Cablevisión y que a raíz de ello fue querellada judicialmente por el Grupo Clarín, dijo en su defensa presentada esta semana que Clarín y su socio el fondo especulativo Fintech, del paraíso fiscal de Delaware, crearon “una burbuja financiera en perjuicio de los fondos de las AFJP y de los ahorristas”, mediante la oferta de “títulos sobrevaluados, engañando al mercado, sin respaldo genuino, que al poco tiempo cayeron hasta casi un 10 por ciento de su valor en perjuicio de las AFJP, merced a la actuación de operadores que cobraron gruesas comisiones para entregar los aportes de nuestros jubilados”. Gils Carbó sostiene que su impugnación del APE fue ocultada por el Grupo, para apurar la colocación de sus papeles en el mercado de valores.

Las acciones de Clase B emitidas por JP Morgan cotizaron en octubre de 2007 a 29,15 pesos y hoy valen 5,50. Pero el desplome comenzó de inmediato, antes de la crisis internacional. Entre todas las AFJP que adquirieron esas acciones enterraron allí 500 millones de pesos, que hoy valen 140 en la cartera del ente estatal que se hizo cargo. Mejor que pegar carteles anónimos contra Todo Noticias, Clarín y De Narváez, impresos en el formato clásico de la SIDE, donde siguen actuando funcionarios de la dictadura, sería promover una investigación a fondo de estos hechos, así como respecto de la participación del candidato de UniónPro en el canal de televisión América, en sociedad con el ex ministro José Manzano, pese a que la legislación vigente lo prohíbe. En ambos casos hay también responsabilidad de los organismos de control que lo permitieron, como la Comisión Nacional de Valores y el Comfer.

La discusión sobre mercado y Estado se enriquecería si cada cual cumpliera con su responsabilidad. El episodio también debería tomarse en cuenta durante la discusión de la ley que reemplazaría a la que rige desde hace tres décadas. El menemismo abrió el ingreso a la radiodifusión a grupos económicos que también realizan otras actividades, como Clarín y sus directivos. El proyecto actual se propone extenderlo a los prestadores de servicios públicos. Estos son excesos que no permitía el objeto único exigido a las empresas de medios por la abominada ley de la dictadura. Es un debate que vale la pena.