La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia prohíbe a los directivos de Telecom Italia tomar decisiones de fuste en el directorio de Telecom Argentina, mientras investiga la posición dominante de la incumbente Telefónica, que desde el año pasado forma parte del paquete accionario de la italiana. Este conflicto influye en el mercado telefónico local y en el posicionamiento de grupos e intereses corporativos ante la habilitación del triple play que prevé el proyecto de ley de radiodifusión del gobierno. Nota de Fernando Krakowiak en Página 12.

EL PAIS › CRUCES ENTRE EL GOBIERNO Y TELECOM ITALIA POR UNA RESOLUCION DE LA COMISION ANTIMONOPOLIO

Sube la tensión por el control de los teléfonos

En la Comisión de Defensa de la Competencia aseguraron ayer a Página/12 que la denuncia de Telecom Italia, que el sábado afirmó que sufrió una “confiscación” de su patrimonio, es “una exageración”, pues lo único que se hizo fue ratificar una exigencia existente.

Por Fernando Krakowiak

La pelea por el control de Telecom Argentina volvió a recalentarse. Fuentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aseguraron ayer a Página/12 que la denuncia de Telecom Italia, que el sábado aseguró que sufrió una “confiscación” de su patrimonio invertido en el país, es “una exageración absoluta”. En el organismo antimonopolio sostienen que la resolución publicada el viernes, que anula los derechos políticos de los directores y síndicos designados por los italianos en su filial local, lo único que hace es ratificar una exigencia que ya figuraba en la norma que obligó a Telefónica de España a notificar su ingreso en Telecom Italia para determinar el impacto que tuvo en la filial de esta última la operación de concentración económica. Sin embargo, Telecom Italia lo niega y afirma que hará valer sus derechos en tribunales locales e internacionales. Las próximas horas serán decisivas para saber si es posible un acercamiento o si se está frente al retiro definitivo de los italianos y el inicio de una demanda millonaria contra el Estado argentino.

La resolución 44 de la CNDC, fechada el pasado viernes 3 de abril, notifica a los directores y síndicos de todas las sociedades que Telecom Italia controla en el país “deberán abstenerse de adoptar decisiones que hayan involucrado o involucren en el futuro, directa o indirectamente, el ejercicio de derechos políticos”. En términos concretos eso significa que sus representantes no pueden participar, deliberar y votar en las reuniones de directorio. Además, se ordena a las firmas a revocar y retrotraer todas las decisiones adoptadas por los directorios, comités, comisiones fiscalizadoras, apoderados o gerentes que implicaron el ejercicio de dichos derechos políticos desde el pasado 9 de enero, cuando se dictó la resolución 4 que los obligó a notificar, hasta la fecha.

En los considerandos de la norma se afirma que los dos veedores oficiales designados el lunes pasado en Telecom Argentina detectaron el martes en una asamblea de accionistas de Telecom Personal que se “habrían producido cambios y alteraciones en la organización funcional del grupo en cuanto respecta a los distintos niveles de decisión (…) adjuntando documental en sustento de ello”. Los italianos difundieron el sábado esa resolución a los medios de comunicación, sin ninguna documentación adjunta, y remarcaron que en ningún lado se detallan los motivos de la decisión. Afirman que el único cambio que hubo en la empresa recientemente fue el retiro de Guillermo Gully, quien se desempeñaba como director General Corporativo de Telecom Argentina, el cual no fue reemplazado formalmente por nadie, aunque sus funciones las asumió el director general operativo de la firma, Franco Bertone.

Fuentes del Gobierno prefirieron ayer no darle detalles a Página/12 sobre los “cambios y alteraciones” que detectaron los veedores, pero remarcaron que la resolución 44 lo único que hizo fue reafirmar una directiva que ya figuraba en los artículos 3 y 4 de la resolución 4, fechada el pasado 9 de enero. En el artículo 3 de esa norma anterior se dispone que los accionistas de Telco, la firma a través de la cual Telefónica de España y otras firmas ingresaron en Telecom Italia, deben abstenerse de ejercer sus derechos políticos en Telecom Argentina y otras filiales locales y en el artículo 4 se ordena expresamente a los directores y síndicos de Sofora, Nortel, Telecom Argentina y Telecom Personal, designados a instancias de Telecom Italia, “que se abstengan de realizar acto alguno que implique contrariar lo dispuesto en la presente resolución”.

La diferencia pareciera estar en ese último artículo. Para los funcionarios oficiales lo que dice allí es lo mismo que figura en la flamante resolución 44, pero para los abogados de la firma italiana la norma publicada el viernes pasado marca un cambio sustantivo porque “confisca” su patrimonio en el país. El sábado fue el propio Franco Bernabé, CEO de Telecom Italia, quien salió al cruce al afirmar que “la resolución de la CNDC es completamente infundada y daña fuertemente los intereses de Telecom Italia que haremos valer en todos los ámbitos competentes a nivel internacional”.

A simple vista pareciera que lo que se remarca en la resolución 44 del viernes ya estaba expresado de alguna manera en el artículo 4 de la resolución 4, pero lo cierto es que en la norma publicada el 9 de enero no se hizo referencia explícita a que los directores y síndicos de las sociedades argentinas controladas por Telecom Italia debían “abstenerse de adoptar decisiones que hayan involucrado o involucren el ejercicio de derechos políticos”, como sí lo dice la reciente resolución 44. Ahora serán los abogados de ambas partes los que tendrán que ponerse de acuerdo. De lo contrario, lo más probable es que la disputa se termine dirimiendo en los tribunales internacionales.

En Telecom Italia afirman que hasta ahora siempre mostraron buena predisposición frente a las decisiones que fue tomando el Gobierno, aunque no las compartieran. Sin embargo, remarcan que lo del viernes superó su límite de tolerancia y que esperan que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner interceda ante la CNDC, organismo que controla a través de la Secretaría de Comercio Interior, para revertir la situación porque, de lo contrario, se estaría convalidando una confiscación, ya que la empresa quedaría en control del Grupo Werthein, accionista minoritario con quienes los italianos mantienen un fuerte enfrentamiento por este tema.

En el Gobierno descreen de esta explicación y sospechan que los italianos están queriendo embarrar la cancha porque saben que su situación es complicada y tarde o temprano iban a verse obligados a realizar algún tipo de desinversión. De hecho, cuando la CNDC intimó a Telefónica de España para que notifique la operación de compra de acciones a través de la cual en 2007 ingresó en Telecom Italia y, de manera indirecta, en Telecom Argentina, de alguna manera selló la suerte de españoles e italianos en esta última firma.

Hasta entonces, la estrategia de Telefónica había apuntado a demostrar que no tenían que notificar porque la transacción no constituía una concentración económica y, por lo tanto, no estaba alcanzada por el régimen de control previo de fusiones y adquisiciones. Ese rechazo forzó al organismo regulador a iniciar una investigación preliminar de donde surgió que sí tenía que hacerlo. Lo llamativo es que para llegar a esa conclusión tuvo que demostrar el impacto local. “Resulta indudable que la transacción en análisis implicó un cambio de control en Telecom Argentina”, se afirmó en la resolución 4 difundida el 9 de enero. Al reconocer la existencia de una concentración económica, italianos y españoles quedaron contra las cuerdas y varios especialistas coincidieron en que tarde o temprano el Gobierno la obligaría a desinvertir en Telecom Argentina. La denuncia del sábado podría ser una reacción desesperada frente a ese desenlace inminente.

fkrakowiak@pagina12.com.ar

EL PAIS › RESTRICCIONES A LOS DIRECTORES DE TELECOM ITALIA EN TELECOM ARGENTINA

No tocar ni mover nada

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dispuso que Telecom Italia se inhiba de manejar Telecom Argentina, “para preservar el interés de consumidores”. La respuesta de la empresa.

Un nuevo capítulo de la disputa por el manejo de Telecom Argentina se desarrolló ayer con una resolución dispuesta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que inhibe a los directores representantes de los accionistas de Telecom Italia a tomar decisiones en la compañía. Esta medida se explica “con el objetivo de tutelar los intereses públicos del mercado de la competencia y consumidores”, se señala en el documento oficial. Para los italianos esa resolución “es totalmente infundada y daña fuertemente los intereses de Telecom Italiana”, y amenazaron con hacer “valer en todos los ámbitos competentes a nivel internacional” sus derechos.

El origen de esta controversia se encuentra en la compra de acciones que realizó Telefónica de España de Telecom Italia, en 2007, lo que implicó el ingreso de manera indirecta de los españoles en Telecom Argentina, su principal competidor en el país. La CNDC designó dos veedores el 30 de marzo pasado y, al día siguiente, esos funcionarios participaron de una asamblea de Telecom Personal. A partir de ello, elaboraron un informe que derivó en la resolución mencionada, que cuestiona a los italianos por no respetar una disposición anterior que los restringía en el manejo de la compañía.

Los italianos interpretan que esos límites sólo se referían a frenar la decisión de ejercer la opción de compra de las acciones del grupo argentino Werthein de Telecom. Pero la CNDC considera que esa restricción era más amplía que la suspensión de esa transacción y así queda expresado en la última norma emitida el viernes pasado. “Los veedores designados por la Resolución 43/09 han informado que se habrían producido cambios y alteraciones en la organización funcional del grupo en cuanto respecta a los distintos niveles de decisión (facultades delegadas oportunamente al consejo de dirección, directorio y comisión fiscalizadora), con relación a cuánto fuera materia de análisis oportunamente por parte de esta Comisión”, se explica en la resolución que despertó la ira de los italianos.

A través de su vocero en Argentina, Massimiliano Paolucci, Telecom expresó que la compañía fue notificada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre una resolución que impide el ejercicio de los derechos políticos de Telecom Italia en Telecom Argentina. En forma terminante afirmó que “la decisión mencionada, además de significar un abuso de las facultades por parte de la CNDC, representa, en los hechos, la confiscación del patrimonio de Telecom Italia en la República Argentina”. En la práctica, lo que la Comisión dispuso fue que los italianos no pueden tomar ninguna decisión en Telecom Argentina, haciendo retroactiva esa situación al 9 de enero último. Esa restricción fue evaluada como “confiscatoria”, aunque el Estado no se apropió de las acciones del grupo. De todos modos, sostienen que la Comisión no tiene plazo para resolver la cuestión de fondo (el desembarco de Telefónica en Telecom y la conformación de un monopolio), lo que significa en la práctica “que nos sacan de la empresa”, explicó a este diario uno de los voceros de la compañía italiana. En un comunicado, la empresa también señaló que “tal abuso de poder es inconstitucional, y su ilegalidad será objetada a través de todos los recursos a su alcance”. El propio CEO de la compañía, Franco Bernabé, aseguró que “la resolución es completamente infundada y daña fuertemente los intereses de Telecom Italia que haremos valer en todos los ámbitos competentes a nivel internacional”. Igualmente deja abierta un puerta al agregar que “confiamos en que el gobierno argentino interceda para resolver esta situación que pone en riesgo y perjudica el futuro de las inversiones internacionales en la Argentina”.

En cambio, funcionarios del Gobierno consideraron una “exageración” esa interpretación y que sólo están poniendo un marco para evitar cualquier hecho consumado que ponga en riesgo la competencia y el interés de los consumidores. Así queda expresado en la resolución del viernes pasado cuando sentencia que “lo señalado se encuentra en el marco del necesario ejercicio del poder del Estado –llámase autoridad de competencia, en este caso– para aplicar las leyes de manera activa, protegiendo el interés económico general y previniendo daños generales y no simplemente esperando a que la dinámica y los comportamientos empresariales influyan de manera negativa en la competencia y el bienestar general”.

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