En su columna dominical de Página 12, intitulada Las eliminatorias, Horacio Verbitsky repasa la coyuntura electoral y dedica varios párrafos al contenido del proyecto de ley de servicios audiovisuales que, a pesar del compromiso asumido por el gobierno, no fue presentado formalmente en el Parlamento hasta hoy.

La voz del amo

Las discusiones acerca de cómo proseguir la escalada contra el gobierno después de las elecciones se realizan en forma cada vez más abierta. Por cierto la forma que adquiera será distinta según sean los resultados. Clarín suministró un involuntario pero excelente ejemplo de las dudas que hay en ese sector, digno de la antología de Barcelona. Tituló “Si pierden el 28, van por los bancos, los depósitos y los medios” una nota en cuyo texto Francisco de Narváez decía que esa abominación ocurriría si Kirchner “gana en la provincia”. Esta semana en la Sociedad Rural de Resistencia, Chaco, miembros de la Mesa de Enlace anunciaron un segundo semestre difícil porque “nos vamos a encontrar con un Kirchner agresivo” (Mario Llambías) y “una actitud revanchista” que lleve a sancionar cosas “que perjudiquen aún más la situación, como la estatización del comercio de granos” (Biolcati). El escenario de la cita fue una exposición ganadera que organizaron La Nación (representada por su mentor ideológico Claudio Escribano, quien en 2003 vaticinó que el gobierno de Kirchner duraría sólo un año y sufre con cada día que transcurre) y por la Asociación Argentina de Brangus.

La relación de Kirchner con Clarín es curiosa. El diario ha contabilizado con satisfacción cuatro menciones críticas del candidato en esta semana y Kirchner ha dicho que al Grupo le preocupa la posibilidad de democratización de la comunicación audiovisual. Pero el proyecto de ley de servicios audiovisuales sigue en la misma lista de espera que el comercio de granos. El interventor en el Comfer, Gabriel Mario-tto era uno de los funcionarios que creían que el texto, que fue debatido en doce foros multisectoriales en todo el país, ingresaría al Congreso en el Día del Periodista. Pero ya han pasado dos semanas de esa fecha y es ostensible que no habrá novedades antes de las elecciones. Eso hubiera sido mucho más inteligente que pintar o pegotear consignas contra el diario o consentir ataques a su stand en la Feria del Libro. El gobierno también está largamente en deuda con la ley de acceso a la información y con la despenalización de los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios. Poco después de asumir, Kirchner firmó un decreto de acceso a la información, que obliga al Poder Ejecutivo y que ha sido bien utilizado por varios de los medios más críticos de su gobierno. La ley sólo extendería ese derecho a los otros poderes del Estado Nacional y a las provincias, por lo que no se comprende su demora desde el punto de vista de la conveniencia política del gobierno central, que ya abrió sus puertas al escrutinio público y no tiene nada que perder. Desde 2003 Kirchner prometió varias veces impulsar la despenalización de calumnias e injurias. Pero el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del periodista Eduardo Kimel, quien durante el gobierno de Menem había sido condenado por su investigación sobre el crimen de los eclesiásticos palotinos de 1976. Ahora se trata de una obligación, ya que la Corte dijo que los artículos respectivos del Código Penal no se ajustan a la Convención Americana de Derechos Humanos. La demora genera responsabilidad internacional. Mientras, Chile sancionó una ley de transparencia mediante la cual el Centro de Investigación Periodística creado por Mónica González Mujica está investigando la contratación de parientes de legisladores como secretarios, y Uruguay despenalizó la difamación contra funcionarios. El proyecto de ley de servicios audiovisuales cuenta con amplio apoyo social, porque está inspirado en los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una Radiodifusión Democrática, elaborados por una amplia coalición de organizaciones, como la CGT, la CTA, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, el CELS, las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, las entidades que agrupan a radios comunitarias y universitarias, sindicatos de todo el país de trabajadores de prensa, educación y televisión, centrales de cooperativas, canillitas y actores.

u texto contempla los principios de libertad de expresión y pluralismo contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos, reserva un tercio del espectro para personas sin fines de lucro, permite que provincias, municipios y organismos no gubernamentales actúen como radiodifusores; rompe el monopolio de los sistemas pagos para la transmisión de partidos de fútbol, fija cuotas de producción nacional, establece una tarifa social para el servicio básico de cable donde no haya otro, crea un ente regulador colegiado con representación de las dos principales fuerzas de la oposición en el Congreso, cosa que también ocurrirá con el sistema de medios públicos; establece la intervención legislativa en el nombramiento de la autoridad de aplicación, el sistema de medios públicos y el Defensor del Público y la realización de audiencias públicas antes de prorrogar una licencia. También dispone que los titulares de licencias de televisión abierta no podrán poseer al mismo tiempo licencias de televisión por cable y que quienes operen sistemas de cable por suscripción sólo podrán poseer una señal propia, lo cual obligaría a desinvertir en aras de la desmonopolización y desconcentración a Clarín y a De Narváez, asociado con el ex ministro José Manzano y con un empresario mendocino.

El punto más discutible es el que autoriza a operar un servicio de televisión por cable a los prestadores de servicios públicos, como las dos grandes telefónicas, cosa que hace dos décadas les prohibió la ley de privatización de ENTel. La propuesta oficial les exige a cambio que abran más de la mitad de su propio mercado a la competencia mediante una serie de duras condiciones, como permitir que otros operadores utilicen para su interconexión las redes de las telefónicas, en cualquier punto y en las mejores condiciones técnicas y de precios; que los competidores puedan acceder a su propia infraestructura de postes, mástiles y ductos, en condiciones de mercado, y a su información técnica y comercial pertinente; la interoperabilidad de redes y la portabilidad numérica, es decir la posibilidad de que el cliente conserve su número telefónico, celular o fijo, aunque cambie de compañía prestadora y/o de domicilio. Si todos estos requisitos se cumplieran, la democratización de las comunicaciones daría un salto impresionante. Pero la portabilidad numérica ya estaba contemplada en el pliego de privatización de ENTel y en dos décadas no se ha cumplido. Los abusos de la posición dominante de Clarín y su manipulación informativa para obtener fines propios, son bien conocidos. Pero nadie interesado con sinceridad en el pluralismo informativo y la cultura nacional podrá creer que los españoles de Telefónica o el mexicano Carlos Slim serían mejores si ocuparan la misma posición en el mercado.

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