El nuevo anuncio por parte del Poder Ejecutivo de presentación de un proyecto para modificar la ley de radiodifusión tuvo amplia repercusión. Se reproducen las notas de Martín Piqué, en Página 12, y de Pablo Sirven, en La Nación, en las que se mezcla información y análisis.

EL PAIS › EL GOBIERNO PRESENTA LA SEMANA QUE VIENE UN ANTEPROYECTO DE LEY DE RADIODIFUSION

Los medios en el centro del debate

El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual buscará reemplazar la norma vigente. Será presentado en el Teatro Argentino de La Plata por la Presidenta y el titular del Comfer. Está previsto realizar una ronda de consultas con foros y talleres.

Por Martín Piqué

La decisión se había tomado hace varios días y se intentó mantener en secreto para no conspirar contra el efecto sorpresa. Esto es: la tendencia habitual del Gobierno a impactar con anuncios que ocupen la agenda mediática. La presidenta Cristina Fernández presentará el anteproyecto de la nueva ley de Radiodifusión el próximo miércoles 18, con un acto en el Teatro Argentino de La Plata. La presentación tendrá un marco institucional: en el palco se sentarán todos los miembros del gabinete, también los gobernadores, tanto oficialistas como opositores. Habrá invitaciones para todos, aunque el Ejecutivo descuenta que algunos preferirán faltar. El acto está programado para las 18 y, en principio, tendrá sólo dos oradores: el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y por supuesto, la Presidenta. Ambos insistirán con un mensaje central. El anteproyecto será sometido a un debate abierto con todos los partidos políticos. Y el debate se ampliará a todo el país. Está previsto realizar una ronda de consultas que funcionará a través de foros y talleres de comunicación.

El anteproyecto lleva por título “proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual”. Se trata de un texto que hasta ahora tiene 100 páginas y cuenta con abundantes citas de legislación comparada. Es lo que en el derecho suele llamarse una “ley anotada”, un proyecto que para defender sus reglamentaciones se ampara en legislaciones que rigen en otros países. En este caso, el texto menciona leyes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Uruguay. El anteproyecto se está terminando de delinear en las oficinas del Comfer. Sus reglamentaciones más importantes son:

– Reduce la cantidad de licencias de servicios que puede detentar un mismo operador. Según la ley actual, una empresa puede tener hasta 24 licencias. La idea es disminuir esa cifra a 10 o 12.

– Establece una división del espectro de frecuencias disponibles, en radio y TV, entre el sector privado comercial, el sector privado sin fines de lucro (universidades, cooperativas, ONG, iglesias) y el sector público (Estado nacional, provincial y municipal).

– Determina que la TV por cable debe ser considerada un servicio público, y no un servicio complementario, como fija la ley vigente. El cambio permitiría que el Estado pueda supervisar las tarifas que cobran las empresas que se dedican al rubro, que se caracteriza por la concentración.

– Promueve que la digitalización favorezca la pluralidad de voces en vez de potenciar la concentración. La norma japonesa de TV digital, ya implementada por Brasil, sería más útil para este objetivo, aseguran.

– Levanta la prohibición existente para que las operadoras de telecomunicaciones –léase Telefónica y Telecom– puedan incorporarse al negocio de la radiodifusión con vistas al triple play (la posibilidad de brindar servicios de teléfonos, Internet y TV en un mismo soporte).

A la presentación fueron oficialmente invitados los gobernadores, legisladores nacionales del oficialismo y la oposición, la jerarquía de la Iglesia Católica, también representantes de las religiones judía y musulmana, las entidades empresarias de la comunicación (Adepa, Adira, Arpa, ATA, Atvc), los secretarios generales de la CGT y la CTA, sindicatos del área, la comunidad universitaria nacional, las entidades que integran la Coalición por una Radiodifusión Democrática, una multisectorial que pugna por la sanción de una nueva ley democrática.

También se invitó a los embajadores de los países que aparecen citados en los párrafos de legislación comparada. Si los diplomáticos invitados hacen honor a las invitaciones, en el teatro se podrá ver al embajador estadounidense, Earl Anthony Wayne, habitual visitante de varios propietarios de medios de la Argentina. La convocatoria se completará con miembros de los pueblos originarios que tienen radios cuya programación es transmitida en lengua indígena. También se espera que asistan el arzobispo Jorge Bergoglio, a quien el Gobierno invitó en calidad de titular del Episcopado, y el arzobispo de Mercedes, Agustín Radrizzani. La presencia de Bergoglio, que nunca tuvo demasiada empatía con el kirchnerismo, sería algo inédito.

El Teatro Argentino de La Plata es un lugar muy caro al kirchnerismo. Se trata, si hace falta recordarlo, del escenario preferido por el matrimonio presidencial para las ocasiones importantes. En sus instalaciones se lanzó la candidatura a senadora de Cristina Fernández en 2005, también allí se presentó la postulación de CFK para ocupar la Presidencia. Dentro de diez días, el teatro con mejor acústica del país –según algunos entendidos, compite con el Teatro Colón– será la plataforma de lanzamiento del nuevo proyecto oficial. En la Casa Rosada intuyen que el anteproyecto puede despertar resistencias entre los diversos sectores que se consideren perjudicados.

¿Nueva ley de radiodifusión o pura bravata?

Por Pablo Sirvén –  lanacion.com -Miércoles 11 de marzo de 2009

Así como se pretende asustar a los ruralistas con el cuco de la posible estatización de la comercialización de granos, cada tanto los Kirchner hacen flamear como mera amenaza la posibilidad de cambiar la ley de radiodifusión. La verdad es que hasta el momento parece pura bravata: no hay anteproyecto oficial que se conozca. El ex presidente tira dardos, pero en los hechos es el que más hizo por consagrar el statu quo de los medios audiovisuales privados cuando les regaló graciosamente, en 2005, diez años más de licencias a los actuales permisionarios de radio y TV.

La idea de darle a la Argentina una nueva ley de radiodifusión, en sí misma, no es mala: es una de las peores asignaturas pendientes de esta democracia ya con 25 años de vida ininterrumpida, que nunca se haya dado tiempo para suplantar el desvencijado, arcaico y autoritario texto de la dictadura, que lleva la firma de Jorge Rafael Videla, por otro más adecuado al sistema de libertades en el que vivimos y más a tono con los desafíos que nos impone los avances de la tecnología y la creación de nuevas audiencias.

Pero está visto que eso deberá suceder en armonía, con las consultas técnicas que correspondan con los sectores involucrados (empresas, trabajadores, representantes del público y de la industria audiovisual, etc.), para lograr una legislación equilibrada, moderna y estable que organice ese ámbito en los próximos años. Ni una ley de radiodifusión ni ninguna otra legislación servirá para nada si es sólo producto de venganzas e inquinas, apuros interesados y resentimientos que saltan a la vista.

Ya el peronismo de los años cincuenta cometió muchas bestialidades en el manejo de los medios de comunicación: los dominó un tiempo a través de confiscaciones, ventas impuestas y persecuciones varias. Si en aquella época ese esfuerzo por disciplinar las opiniones unificándolas en un solo discurso oficial, militante y almibarado, a la larga fue inútil e ineficaz, piénsese con más razón, ahora que la sociedad tiene tan desarrollada gimnasia de comunicación horizontal, por intermedio de Internet y de otros medios alternativos, ¿alguien puede creer que se pueda amarrar todo dando mayor lugar a las plumas y voces compradas y obsecuentes, que serán las primeras en darse vuelta cuando el sol se ponga en el horizonte K?

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