El debate centrado en la ley de radiodifusión suele soslayar la cuestión de la intervención del Estado en los contenidos de los medios, por temor a lesionar la libertad de expresión. Otros países regulan contenidos precisamente, como salvaguarda del derecho a la comunicación de toda la sociedad y de sus sectores más vulnerables, advierte Mónica Beltrán en La Ventana, de Página 12.

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El Estado en el medio

El debate iniciado sobre la legislación en materia de servicios públicos de comunicación reinstala la discusión sobre la responsabilidad reguladora del Estado en materia de contenidos y la responsabilidad de las empresas privadas.

Por Mónica Beltrán *

Se suele decir que una de las deudas pendientes de la democracia es la Ley de Radiodifusión. Tal vez sea hora de intentar ir un poco más lejos. Nadie pone en duda que no es lo mejor para un país democrático funcionar con una ley sancionada por la dictadura. Pero el problema no es sólo la ley, son los múltiples decretos sancionados por gobiernos democráticos que permitieron la concentración de los medios en pocas manos, es la anuencia de los oficialismos ocasionales en el Congreso, que fracasaron en intentos de reforma, y también la de una gran parte de la sociedad que sigue los programas taquilleros, como si hubiera sido hipnotizada, favoreciendo con su encendido el mito del “rating”.

Es tiempo de hablar, sin temor de que nos acusen de querer restringir la libertad de expresión, sobre cuál debe ser el rol de un Estado democrático a la hora de regular los contenidos que se transmiten por los medios de comunicación audiovisual. Una parte significativa de la intelectualidad argentina que se define como progresista defiende en la teoría la democracia informativa y la pluralidad de ideas, pero no se anima en los hechos a discutir seriamente la necesidad de intervención del Estado en los contenidos, por temor a que, desde posturas liberales, se los acuse de coartar la libertad de prensa. Esa dicotomía: intervención del Estado versus libertad de expresión, es falsa y funcional a los intereses de los empresarios que concentran el poder y están al frente de los medios de comunicación.

No es posible ignorar en estos días el fuerte impacto que los medios en general, pero sobre todo la televisión, tienen en la formación de las nuevas generaciones y en la educación integral de los niños y los jóvenes. La escuela pública, como institución estatal, tiene también sus desafíos en este tema. Así como la escuela sarmientina se propuso homogeneizar las raíces culturales de los hijos de inmigrantes en las aulas argentinas, en su época; las instituciones educativas de hoy deberían promover en los chicos un pensamiento crítico y flexible, capaz de leer por igual los clásicos de la literatura universal y los valores que, con sus géneros mezclados y confusos, les imponen las telenovelas de moda de la tarde, con toda su carga cultural.

Hay un rol central de los ministerios de Educación nacional y provinciales que tienen que ofrecer capacitación gratuita y masiva, para garantizar a los profesores una formación con contenidos que incluyan las nuevas tecnologías y sus discursos. Hoy más que nunca, con la extensión de la obligatoriedad de la educación formal, los alumnos provienen de familias diversas, cuyos principales signos en común son la fragmentación, heterogeneidad y el acceso a los contenidos televisivos.

Por eso no sólo será necesario el envío al Congreso de un proyecto oficial sobre comunicación audiovisual –hubo decenas desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días y ninguno pudo ser aprobado–, sino que el desafío es instalar un debate público sobre el papel de regulación de los medios que el Estado tiene que cumplir.

Una anécdota reciente, durante un seminario organizado por el Ministerio de Educación para debatir la calidad de la televisión, permite graficar hasta qué punto las sociedades legitiman o no la forma en que funcionan sus instituciones. Las normas y las leyes tienen el sustento que sus sociedades les otorgan. Y el cumplimiento o incumplimiento que les permiten.

En el encuentro, una funcionaria francesa del Conseil Supérior de l’ Audiovisuel francés, Agnes Vincent Deray, explicaba cómo prohibieron en ese país a las cadenas de televisión editar o difundir programas para niños menores de 2 años. Desde la platea una especialista en educación preguntó: “¿Cómo logran que los canales privados respeten las normas de prohibición?”. A lo que la francesa respondió: “Somos el Estado, ¿cómo harían los canales para no respetar la norma? Es una ley. Es imposible no cumplirla”.

El silencio en la platea dio cuenta de la distancia entre una y otra realidad.

La comunicación es un derecho de todos. El ejercicio de ese derecho nos abre las puertas de acceso al conocimiento y permite la construcción de discursos y debates más pluralistas. La sociedad será más democrática en la medida en que el Estado garantice a todos sus ciudadanos el pleno ejercicio del derecho a la comunicación.

* Periodista educativa, directora del portal Cátedra Libre Digital.