El especialista Enrique Bustamante analiza la experiencia europea sobre medios públicos en el marco de la creciente comercialización de los productos culturales. Bustamante ha estado en la Argentina invitado por el Observatorio de la Cultura y la Comunicación de la Fundación Alternativas y realizó actividades con el Centro Cultural de España y con la Maestría en Industrias Culturales de la U. Nacional de Quilmes, . Entrevista de Fernando Krakowiak en Página 12.

 ENTREVISTA A ENRIQUE BUSTAMANTE, CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

“No quieren pasar de piratas a corsarios”

Este especialista cuenta su experiencia como asesor de Zapatero en la reforma de la televisión pública española y destaca las resistencias de los medios privados cuando quisieron reformar el conjunto de la legislación audiovisual.

Por Fernando Krakowiak

Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido uno de los cinco expertos designados por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 para reformar la televisión pública española. A mediados de diciembre estuvo en Buenos Aires invitado por el Centro Cultural de España. En diálogo con Página/12, sostuvo que los países deben crear consejos audiovisuales independientes de los gobiernos capaces de definir la misión de la televisión estatal y garantizar el cumplimiento de principios de interés general en la televisión privada, sobre todo de cara al nuevo escenario digital. No obstante, aseguró que las reformas del sector audiovisual y de la comunicación sólo se pueden hacer en la primera mitad de un gobierno, cuando todavía falta para las elecciones y se puede resistir mejor el lobby empresario. “Los grandes grupos privados se resisten a pasar de piratas a corsarios y pretenden siempre trabajar sin reglas”, advirtió.

–En su última conferencia afirmó que actualmente está habiendo una reivindicación pública de las políticas keynesianas, pero que pocos mencionan el papel central que cumplieron los medios de comunicación en el desarrollo de esas políticas, ¿cuál fue ese papel?

–El elemento cultural y comunicativo fue muy importante en el modelo europeo de Estado de Bienestar. En los años ’40 y ’50 se reforzó en Europa Occidental el servicio público de radio y televisión, la escuela pública y el modelo de biblioteca pública. Había toda una conciencia de que el mito fundador de la democracia, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, no era posible si no existía el acceso colectivo a la comunicación y la cultura. En parte eso permanece porque el servicio público de radio y televisión sigue teniendo importancia en Europa, pero es cierto que en un clima neoliberal que alienta una menor intervención del Estado el aspecto comunicativo y cultural tendió a debilitarse en el discurso oficial. Esto es un error porque si en los años ’40 y ’50 el servicio público de televisión era fundamental para el Estado de Bienestar, en la era digital es mucho más importante para aspirar a tener igualdad de oportunidades.

–¿Qué papel deben jugar los medios de comunicación privados en ese esquema?

–Los medios privados tienen un elemento fundamental de interés general. Gozan de un usufructo de la sociedad de un enorme valor económico y político como es el uso de las frecuencias. En la mayor parte de los países no pagan el costo real que significa el uso de esas frecuencias. Es la sociedad la que les está dando una concesión a cambio de que no se comporten como cualquier otro actor económico sino que su legítima búsqueda de beneficios esté determinada por principios de interés general. El modelo social europeo implicaba también que debía haber consejos audiovisuales independientes de los gobiernos que fueran capaces de controlar la misión de servicio público y el interés general de las cadenas privadas.

–Pero cuando el Estado intenta regular a los medios privados éstos se defienden argumentando que se quiere restringir la libertad de expresión.

–Los grandes grupos privados se resisten a pasar de piratas a corsarios y pretenden siempre trabajar sin reglas, pero en Europa fueron aceptando el principio de interés general y la regulación de la autoridad audiovisual, que no se refiere sólo a la concentración sino también a la defensa del consumidor en materia de publicidad y fomento de la producción nacional e independiente. El principio de interés general y la defensa de los ciudadanos es uno de los pilares del sistema de medios, junto con un servicio público fuerte y un consejo audiovisual independiente del gobierno que controle el cumplimiento de la normativa. Esos elementos han sido vitales en Gran Bretaña, Francia e Italia, pero en algunos países mediterráneos como España, Portugal y Grecia los lobbies privados siguen resistiendo la regulación.

–Hay muchas expectativas centradas en las posibilidades que ofrecerá la Televisión Digital Terrestre (TDT) en cuanto a mayor diversidad de contenidos y democratización en el acceso, ¿el desarrollo del dispositivo es garantía suficiente para lograr esos objetivos?

–La TDT posibilitará una multiplicación de la oferta de señales, algo que en el pasado no era posible debido a las restricciones del espectro radioeléctrico. Además, el discurso oficial de los propios estados refrenda que la TDT es mucho más que televisión porque la interactividad permitirá, con una inversión bastante modesta, el acceso universal a la sociedad de la información en muy poco tiempo. Ahora bien, otra cosa es si las decisiones de los gobiernos se adecuan a sus discursos. A veces reivindican el potencial de la TDT, pero toman decisiones que mutilan las posibilidades de mayor pluralismo y no permiten, por ejemplo, el acceso a la sociedad de la información al no promocionar decodificadores con capacidad interactiva.

–Lo que sucede es que los radiodifusores presionan para no perder el lugar de privilegio que tienen.

–El gran pretexto durante años para darle un oligopolio a la televisión privada era que había poco espectro. Con la TDT habrá más espectro disponible, pero lo que no se debe hacer es repartir muchos más canales entre los mismos actores. Es la gran ocasión no sólo de darle más canales a la televisión pública sino también para que entren nuevas voces privadas que representan a otros grupos económicos y sociales. A su vez, eso debe ir de la mano de una legislación que impida que vuelvan a concentrarse en pocas manos a golpe de chequera. La paradoja es que muchos gobiernos tienen un discurso de mayor pluralidad, pero luego consolidan el statu quo dándole las nuevas frecuencias a las mismas cadenas que operan en el mercado. El caso estadounidense es el mejor ejemplo, en la práctica lo único que han hecho ha sido reforzar las cadenas vigentes. El gran pretexto fue el impulso de la alta definición, que ocupa un mayor espectro. De ese modo, preservaron un sistema oligopolista que margina a la televisión pública y a las televisoras locales.

–¿El lobby de las operadoras de televisión paga no puede convertirse también en un obstáculo para el desarrollo de una TDT gratuita y de múltiples canales?

–En Estados Unidos y Alemania las redes de pago son muy potentes y son ampliamente mayoritarias. En el caso alemán, por ejemplo, se calcula para la TDT un objetivo de público de no más de un 13 por ciento porque el resto está conectado a la televisión por cable o por satélite. Eso deja en evidencia que una parte de la población no tiene acceso a una televisión multicanal y un país por más rico que sea no puede darse el lujo de tener una sociedad a dos velocidades: un grupo que paga y tiene acceso a los servicios y otro grupo excluido de todo. En países más pobres como los de América latina o el mediterráneo europeo la fractura es mayor. En España la televisión de pago se expandió mucho, pero apenas llega al 22 por ciento de la población, Internet llega al 50 por ciento, pero el ADSL sólo al 20 por ciento de los hogares. La mayoría de la población queda afuera. Por lo tanto, es importante potenciar la TDT para garantizar el acceso universal a una televisión multicanal e interactiva. La TDT y la televisión de pago se van a complementar.

–El gobierno argentino redactó un borrador de una nueva ley de radiodifusión, pero existe temor por las resistencias que van a surgir. Usted formó en España parte del consejo de notables que convocó José Luis Rodríguez Zapatero para avanzar en una reforma del sistema de medios, ¿qué resistencias enfrentaron y cómo pudieron neutralizarlas?

–Tuvimos una ventaja fundamental e insólita. Rodríguez Zapatero nos propuso como consejo para la reforma antes de las elecciones y ratificó su voluntad una vez electo. Eso nos dio un impulso fundamental, pero también nos colocó en el faro de todos los medios públicos y privados. Durante los primeros seis meses de trabajo gozamos de un notable apoyo general. Todos entendían que era necesario hacer una reforma integral de la televisión pública española, pero cuando se empezaron a filtrar borradores del informe que estábamos elaborando se desató una fuerte lucha de intereses. Los grupos privados pretendían fragmentar Televisión Española en varias empresas que se pudieran vender. Finalmente, el informe se publica, el gobierno lo respalda y la reforma de la televisión pública se aprueba. La pena es que esa reforma quedó inconclusa porque la intención era avanzar también sobre el conjunto de la legislación audiovisual para garantizar principios de interés general para la televisión privada y crear además un consejo audiovisual con bastantes competencias.

–¿Por qué no se avanzó?

–Esos dos proyectos de ley desaparecieron. Los borradores fueron enviados al Consejo de Estado, fueron visados y aprobados, pero no se enviaron al Parlamento. Faltaban seis meses para las elecciones municipales y un año y medio para las elecciones generales y los grandes lobbies amenazaron con adoptar posiciones hostiles al gobierno. La historia enseña que las reformas del sector audiovisual y de la comunicación sólo se pueden hacer en la primera mitad del gobierno, cuando todavía falta para las elecciones. No obstante, el tema sigue siendo una reivindicación ciudadana porque el Partido Socialista, parte del Partido Popular e Izquierda Unida volvieron a prometer la ley de audiovisual y la ley del consejo y ahora se ha hecho un nuevo borrador.