Roberto Follari sintetiza, en su nota publicada en La Ventana, de Página 12, el peculiar derrotero de dirigentes de la derecha vernácula (Barrionuevo, De la Sota, Reutemann), que cuentan con generosa cobertura de los medios en relación proporcionalmente directa a su crítica al gobierno y enmarca su reflexión en la necesidad de modificar la ley de radiodifusión.

LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACION

¿Quién controla a los medios?

Por Roberto Follari *

La “nueva derecha” tiene mucho de derecha, pero nada de nuevo. Apela a nombres tristemente conocidos, como los de Reutemann, De la Sota o Barrionuevo, en el peronismo; fuera del mismo, es variopinta y confusa, como para mezclar a Macri, Carrió, De Angeli y Estenssoro, entre otros…, lo curioso es la forma en que la mayoría de los medios masivos promocionan y celebran a este conglomerado al que sólo lo une el oponerse al Gobierno, y que carece de cualquier norte que no sea la descalificación de las actuales autoridades.

Basta distanciarse del Gobierno para pasar –en un acto mágico de esos que sólo la televisión puede obrar– de la denostación al encendido elogio. Cobos –que no es antigobierno ni es de derecha– era cuidadosamente silenciado por los medios, hasta que tomó alguna distancia respecto de los Kirchner; ello bastó para catapultarlo a tapas de diarios y minutos de primeros planos de pantalla; en Mendoza, quienes lo han calumniado minuciosamente durante años en periódicos locales se han vuelto efímeros y oportunistas “admiradores” del vicepresidente. Los malos de ayer se vuelven grotescamente buenos en un solo acto; así, Schiaretti pasó de un dudoso proceso electoral a ser un “honesto defensor de su provincia”; Reutemann, de mostrarse incapaz frente a la inundación de Santa Fe y “borrarse” por no estar a la altura de la candidatura que le ofreciera Duhalde en el 2002, a ser considerado un gran operador de opciones en el Senado; De la Sota, del paso oscuro por la gobernación de su provincia, el “regalo” desastroso de Kammerath como intendente de la capital cordobesa, o el triste 5 por ciento que medía como precandidato presidencial, a ser una “expectable figura alternativa del justicialismo”. Y ahora, estamos ante el paroxismo: Barrionuevo el impresentable, aquel del “dejemos de robar por dos años” o “la plata no se hace trabajando”, se convierte en el adalid de una supuesta CGT alternativa, ciertamente irrepresentativa y frágil, pero destacada por esos medios tan volubles.

¿Qué hacer frente al comportamiento obsceno, grosero e incalificable que la mayoría de los medios masivos ha asumido frente al conflicto planteado por los patrones del campo? Los comportamientos diferenciales de algunos pocos medios sirven como contraste de la amplia gama hegemónica, donde hasta se ha pretendido imponer el nombre de “guerra gaucha” a la insurrección antiinstitucional de la pampa gringa.

Se requieren remedios claros y eficaces. En nombre de la libertad de expresión no pueden seguir imponiéndonos la esclavitud de recepción. El monopolio tergiversado de la palabra y la imagen públicas no puede seguir existiendo, es contrario a todo derecho.

Por ello, la nueva ley relativa a medios (que no sólo a “radiodifusión”, como se la suele llamar en relación con la lamentable norma vigente), deberá incluir –como bien se ha propuesto– una rotunda prohibición de sostener propiedad simultánea de medios gráficos y electrónicos, a la vez que debiera poner límites a la propiedad dentro de cada una de estas categorías, ya que tenemos monopolios internos a lo gráfico, y también a lo radial y televisivo.

Habrá que agregar la exigencia de federalización de los mensajes emitidos, en cuanto a su origen y producción. Y un punto decisivo: habrá que institucionalizar observatorios públicos –pero no estatales–, realizados con personas intachables de la sociedad civil, para que emitan dictámenes semanales sobre los medios, y que los mismos puedan leerse en un periódico financiado a nivel gubernamental, que sea de acceso gratuito a la población. Además de que tales dictámenes fueran de publicación estrictamente obligatoria para todos los medios de propiedad privada.

Que nadie pretenda que con ello se afecta la libertad de expresión. Cada medio podrá seguir emitiendo lo que quiera, sólo que habrá también quien pueda hablar sobre lo que ellos publican. Pretender impedir esta última posibilidad sí que sería coartar la libertad de expresión: es llamativo que en nombre de la misma se pretenda impedir que otros se expresen.

* Director Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de Cuyo.