La Comisión Permanente del Episcopado reclamó participar del debate por el cambio de ley de radiodifusión y, en una peculiar interpretación, manifestó que las licencias otorgadas a la Iglesia Católica durante los gobiernos de Carlos Menem son “derechos adquiridos”. Algunas de esas licencias (cuyo titular es el Estado) fueron tercerizadas a operadores comerciales en ciertos Obispados. Nota de Washington Uranga en Página 12.

LA IGLESIA ESTA PREOCUPADA POR LAS EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION QUE LE DIO EL MENEMISMO

Un terrenal interés por los medios

La inquietud fue transmitida al término de las deliberaciones de la Comisión Permanente del Episcopado. Los obispos pidieron participar en el debate de la Ley de Radiodifusión y reclamaron que se respeten sus “derechos adquiridos”.

Por Washington Uranga

La “Iglesia quiere participar en la formulación de la Ley de Radiodifusión”, aseguró Jorge Oesterheld, vocero de la Conferencia Episcopal, al terminar ayer las deliberaciones de la Comisión Permanente del Episcopado. Oesterheld sostuvo también que “la Iglesia valora positivamente la intención de modificar la ley, pero espera que se respeten sus derechos adquiridos y el trabajo pastoral que lleva adelante en los medios”. Agregó el portavoz que para la Iglesia es “muy importante que ella, otros credos y organizaciones comunitarias tengan presencia en el espectro de la radio y la televisión”.

Oesterheld hizo mención a que miembros de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, presidida por el obispo Mario Maulión, entregaron en mayo pasado una carta a la presidenta Cristina Fernández solicitando se le permita a la Iglesia hacer su aporte y participar en el debate del proyecto de ley de radiodifusión que elabora el Poder Ejecutivo. En este sentido, se destacó la importancia que la Iglesia le asigna a los medios de comunicación para su labor de evangelización. A pesar del interés demostrado, no hubo pronunciamiento formal sobre el particular, a la espera de que se avance en el debate de la ley y se conozcan detalles del proyecto que en este momento prepara el Poder Ejecutivo.

La insistencia de algunos participantes del encuentro episcopal para que “se respeten los derechos adquiridos” en materia de radiodifusión apunta directamente a que no se revean las concesiones de frecuencias de radio que en su momento hizo el gobierno de Carlos Menem a las diócesis católicas de todo el país y que fueron cuestionadas por diferentes actores de la sociedad civil por considerar que resultaban un privilegio eclesiástico.

La última reunión de la Comisión Permanente del Episcopado antes de la asamblea general de los obispos que se celebrará en noviembre próximo se cerró sin ninguna declaración pública de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, no obstante la importancia de los temas que estuvieron en consideración, en particular algunos referidos a la cuestión social y al papel que la Iglesia quiere jugar en la construcción de políticas de Estado a largo plazo, tomando como marco la celebración del bicentenario. La próxima vez que los obispos se reúnan será el 10 de noviembre en asamblea plenaria, que será electiva y que incluye la renovación de la presidencia que ahora encabeza el cardenal Jorge Bergoglio.

Aunque ninguna consideración se escapó fuera de los recintos de reuniones de la sede episcopal de la calle Suipacha, se sabe que en el intercambio “pastoral” aparecieron nuevamente preocupaciones por la cuestión social. Todo ello se alimentó con el informe que los propios obispos recibieron del Barómetro de la Deuda Social, un estudio permanente que realiza la Universidad Católica Argentina. El cierre de las deliberaciones sin declaración alguna responde, en primer lugar, al convencimiento de parte de los obispos de que las manifestaciones públicas tienen que hacerse en momentos adecuados y no ser reiterativas. Por este motivo, y para evitar el riesgo de ser malinterpretados en un momento de alta tensión política del país, prefirieron que todo lo dicho quedara puertas adentro.

De manera informal, el tema del juicio al sacerdote Julio César Grassi también estuvo presente en los pasillos del encuentro episcopal. Preocupa a muchos jerarcas lo que decida el tribunal, porque ello está directamente ligado con la imagen pública de la Iglesia. Oesterheld afirmó que la Iglesia respeta la Justicia y que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, pero advirtió también que las declaraciones públicas de Grassi en el sentido de que cuenta con el respaldo del cardenal Jorge Bergoglio “corren por cuenta de quien lo dijo”.

La noticia de la renuncia de Alberto Iribarne a su postulación como embajador argentino ante el Vaticano cayó como una buena señal respecto de la relación con el Gobierno. Si bien los obispos argentinos no tienen directa incumbencia en un tema que atañe a las relaciones internacionales entre Argentina y la Santa Sede, es sabido que la jerarquía local hizo todo lo que estuvo a su alcance para encontrarle una salida negociada al diferendo que se planteó a partir de la negativa a dar su acuerdo a la designación de Iribarne dada su condición de divorciado. Otro signo a favor fue la vuelta atrás de Roma en su intención de crear una nueva diócesis de Tierra del Fuego que no incluía a las islas Malvinas (para la Iglesia, un territorio de misión con jurisdicción especial). Argentina se opuso a la iniciativa por considerar que de esta manera se estaban desconociendo los derechos argentinos sobre las islas. Quedan todavía cuestiones en la agenda Iglesia-Gobierno, y en particular la resolución sobre el futuro de las capellanías militares y la designación del obispo castrense que sucederá al ahora renunciado Antonio Baseotto.