La ley de acceso a la información pública en Chile impulsada por la presidenta Michelle Bachelet entrará en vigencia en 2009 y representa un avance enorme para fortalecer el espacio público. Nota de Mónica González en Clarín, editada y titulada de modo tal que no parece a primera vista que la norma haya sido impulsada por el Poder Ejecutivo.

SE IMPLEMENTARA UN CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA QUE OBLIGARA A LOS FUNCIONARIOS A INFORMAR

La Ley de Acceso a la Información Pública inquieta al Estado en Chile

Los ciudadanos podrán exigir a las autoridades que informen sobre cada uno de sus actos.

Por: Mónica González

Una simple ley tiene a muchos jefes de organismos públicos con miedo. Pánico al poder inédito de fiscalización que un simple trámite le otorgará al ciudadano común. Y es que 18 años después del fin de la dictadura, la nueva Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado le ha puesto la lápida al secretismo de los organismos públicos.

La ley debiera transformarse en una herramienta para combatir la corrupción y los abusos de poder, además de crear un potente instrumento de participación ciudadana inédito en Chile y en la mayoría de los países del continente. Hasta ahora, por ejemplo, las decisiones del área inmobiliaria de los municipios, uno de los negocios mÁs lucrativos del país, no son públicos.

Y si una ley obligaba a todas las autoridades a entregar una declaración de su patrimonio al iniciar su tarea y otra al finalizar su gestión, una investigación realizada por CIPER (www.ciperchile.cl) constató que muchas de ellas estaban incompletas, no estaban disponibles en sitios web y no había sanción para la omisión o su incumplimiento. Un hecho grave, ya que si los ciudadanos no conocen el patrimonio e intereses reales de los senadores o jueces, difícilmente puedan fiscalizar si éstos se inhabilitaron o no al legislar o fallar en asuntos que afectan sus bolsillos o de grupos de interés.

La nueva ley termina con muchas zonas oscuras. A partir de abril próximo, cuando la normativa impulsada por Michelle Bachelet entre en vigencia, el requerimiento de información hecho por cualquier ciudadano con su nombre y firma -por vía escrita o electrónica- a un organismo público sobre una resolución de su área deberá ser respondido a lo máximo en 20 días. Un plazo que podrá extenderse otros 10 días y que, de no cumplirse, dará paso a multas y sanciones.

La decisión de abrir puertas y ventanas sobre las entidades públicas y el patrimonio de sus autoridades no fue un proceso fácil. El secreto imperante en la dictadura persistió. Hasta que en setiembre de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado de Chile por la negación de información del Comité de Inversiones Extranjeras sobre un importante proyecto forestal en el sur de Chile, que involucraba un negocio de varios millones de dólares en detrimento del medio ambiente.

El fallo sentó jurisprudencia no sólo para Chile: reconoció por primera vez el derecho de acceso a la información pública como un derecho ciudadano fundamental y parte de la columna vertebral del sistema democrático. En su sentencia, no sólo obligó al Estado de Chile a dar la información denegada, sino también a crear las herramientas legales que les garantizaran a los ciudadanos el acceso permanente a la información pública, además de educar sobre su práctica en todos los niveles del Estado.

El resultado fue esta nueva ley, que incorpora un aspecto clave para que funcione: la máxima divulgación de toda la información que los organismos del Estado poseen y que no sea considerada secreta, excepciones que deberá justificar y demostrar en virtud de que su divulgación sea una amenaza mayor para la seguridad del país, vulnere el derecho a la privacidad de los ciudadanos o altere una investigación judicial en curso. De allí el rol crucial que tendrá el Consejo de la Transparencia, que deberá dictar reglamentos y sancionar a los que sigan ejerciendo el secreto, además de resguardar que se rechacen sólo las excepciones que contempla la normativa.

En abril de 2009 una corriente de aire fresco llegará a Chile. Está por verse si esta vez se rompe el secreto sobre las actas reservadas del régimen de Pinochet y la privatización de las empresas del Estado durante la dictadura. Pero el desafío mayor será derribar las rejas de seguridad en el sector privado. Un área en donde la modernidad se ha instalado excepto para informar y garantizar fiscalización.

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