Nota de María Cristina Mata en La Ventana, de Página 12, sobre la necesidad de replantear los análisis sobre la sesgada cobertura informativa de los medios respecto de la protesta agropecuaria.

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Los medios son parte del conflicto

La actuación de los medios en torno del conflicto del “campo” no sólo ha permitido el análisis acerca de las posiciones y del comportamiento de medios y periodistas, sino que ha dejado al descubierto los límites de la propia información que recibe la ciudadanía. Y no siempre ha tenido en cuenta que no basta con la crítica a los medios, sino que hay que considerar las condiciones estructurales que los generan.

Por María Cristina Mata *

El título remite al papel que jugaron los medios masivos de comunicación en los últimos días. Esos mismos días durante los cuales un conjunto de entidades sectoriales y algunos productores agropecuarios autoconvocados decidieron interrumpir el flujo de las actividades económicas como estrategia de reclamo ante una medida que, a su criterio, afectaba sus intereses particulares. No niego que muchos medios contribuyeron para que la protesta agropecuaria adquiriese legitimidad en amplias capas de la sociedad mediante estrategias que parcelaron y distorsionaron la información; que exaltaron como legítimos ciudadanos y casi héroes a quienes ponían en riesgo la convivencia democrática y el desarrollo (no normal, porque ¡vaya si tiene anormalidades!) cotidiano de la economía nacional; que dieron pantalla y papel a líderes políticos que se regocijaban con un adelantado final de lo que caracterizan como un gobierno despótico (tal vez porque en épocas dictatoriales no sintieron que se cercenara ningún derecho). Sin negar todo eso y otras cosas más, tengo la impresión de que las críticas que recibieron los medios en esos días obviaron muchas veces –por su carácter denuncista– un dato estructural que requiere ratificarse.

Poco tiempo antes de que se realizaran las elecciones nacionales que consagraron a Néstor Kirchner como presidente de la Nación, un estudio que realizamos en la Universidad Nacional de Córdoba nos permitió comprobar que los integrantes de diversas organizaciones sociales tenían clara conciencia de que no hallarían, en esos medios, informaciones adecuadas (completas, fundadas, plurales, etc., etc.) que contribuyesen a esclarecerles y orientarlos en sus intenciones de voto. En otros estudios hemos constatado que tampoco la población –en su condición de público de los medios– cree que ellos puedan brindar, sino lo que el poder que representan escoge dar para reproducirse. Y en todos esos casos encontramos que públicos y ciudadanos están indefensos ante ese poder. En ocasiones cuesta reconocerlo y, aun reconociéndolo, consideran que nada puede hacerse. Lo máximo sería no mirarlos, no escucharlos, no leerlos. Esa no es solución. Porque no hacerlo significa quedar fuera de lo que sucede, del día a día que se comparte, de las ideas que circulan.

Y lo que sucede, en sociedades como las nuestras, lo que día a día se vive, lo que circula y se expande, es un conflicto que se expresa en las brutales desigualdades que existen y del cual los medios son parte. Además de representar a unos u otros sectores, los medios cuentan con el formidable poder simbólico de intervenir en la construcción de lo que sucede, a lo cual sólo tenemos acceso –me refiero a mayoritarias capas de la población– a través de estos mismos medios.

Vuelvo al dato estructural. No alcanza la crítica a lo que hacen los medios que son parte de los sectores concentrados de la economía y que no resignarán jamás una pequeña porción de su capital y sus beneficios en función de modelos inclusivos y justos de sociedad. Es necesaria una redistribución del poder comunicativo dentro de la sociedad. Es decir, leyes que resguarden y promuevan el derecho a contar con información variada y de calidad y que permitan la expresión de muchísimos sectores que no cuentan con los recursos, las licencias, las capacidades para hacer oír –no sus ruidosas cacerolas o sus arengas más o menos vociferantes– sino sus ideas y demandas acerca del país que quieren.

Lo que necesitamos es que el Estado resguarde los derechos que, constitucional y humanamente, tenemos todos los argentinos a comunicarnos públicamente. La población –se ha dicho en estos días con acierto– no puede ser rehén de un sector, atrapada en rutas o desabastecida. No es menos grave ser rehén de pools mediáticos, de cadenas informativas, de unos cuantos periodistas. El debate necesario, la sanción necesaria de una nueva ley que regule la radio y la televisión liberándonos de esos tutelajes no pueden demorarse. No solucionará ningún conflicto. Pero debe permitir que podamos debatirlos en un pie, al menos, de mayor igualdad con quienes han acaparado la palabra pública.

* Docente e investigadora de la comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.