Nota de Crítica a raíz de la denuncia de la presidenta Cristina Fernández, sobre la contaminación de la empresa Papel Prensa de la que son socios el Estado (minoritario), Clarín (mayoritario) y La Nación (minoritario).

La Presidenta admitió que la sociedad del Estado, clarín y la nación, contamina

Una fábrica llamada papelón prensa

Cristina quiso utilizar las denuncias de este diario para un nuevo round de su pelea con el Grupo Clarín. Pero no hizo más que reconocer la responsabilidad estatal.

Jefa y Secretaria. Al denunciar que el diario Clarín hostiga a Romina Picolotti, Cristina Fernandez de Kirchner reconoció que Papel Prensa contamina. La encargada de Ambiente intentó inspeccionar la planta sin éxito.

Cristina Fernández de Kirchner fue protagonista de un episodio sin antecedentes en el mundo: por primera vez, un jefe de Estado admite que su Gobierno contamina el medio ambiente. Reconoció también que no realiza las inversiones que tiene obligación de hacer para evitar perjuicios a la población, la fauna y la flora de la región afectada. La confesión de la Presidenta estuvo enmarcada en su combate diario con el Grupo Clarín. Para denunciar que Clarín hostiga a su secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, dijo: “Es una funcionaria que colocó una multa y está obligando a invertir más de 10 millones de dólares a Papel Prensa, porque se comprobó que contamina el río Baradero”. Los dueños de la empresa Papel Prensa son: el Estado nacional, el Grupo Clarín y el diario La Nación. Y aún más: el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ocupa una silla como “director titular” entre los accionistas de la fábrica que –según confirmó la Presidenta– contamina.

En cada oración de su breve pero impactante declaración, formulada en la Casa Rosada, Cristina Kinchner incluyó un dato erróneo. Fueron tres en total, pronunciados por la Presidenta, que acusa a los medios de desinformar.

1. “MULTA”

El primer dato falso es que su Gobierno le aplicó una multa a Papel Prensa.

–¿Podríamos tener precisiones sobre el monto y fecha de la multa que le aplicaron a Papel Prensa? –preguntó este diario a Juan Biondi, vocero de Romina Picolotti.

–Nunca hubo multa a Papel Prensa. Sí hicimos intimaciones. Luego, la discusión se judicializó. Ellos niegan que nosotros tengamos competencia para controlarlos. Nosotros creemos que sí. Estamos esperando que la Corte resuelva. Hasta ese momento, no podemos hacer absolutamente nada al respecto.

2. “DENUNCIAMOS”

La causa judicial caratulada “Papel Prensa S.A.C.I.F. sobre presunta infracción a la ley 24.051” fue iniciada de oficio por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray. Y la denuncia pública sobre la existencia de la causa y de las pericias que prueban la contaminación producida corrió por cuenta de Crítica de la Argentina en su tapa del 13 de abril pasado, tras una paciente investigación de los periodistas Mauro Federico y Natalia Zuazo.

La polución fue verificada por una pericia que el fiscal pidió al Instituto Nacional del Agua (INA) y por otras tres pericias privadas que encargó Crítica de la Argentina a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se trata de las instituciones más prestigiosas en materia de exámenes ambientales que existen en el país. Las pruebas realizadas midieron distintos índices y niveles de contaminación, pero en todos los casos el resultado fue negativo para la empresa: los valores de contaminación son entre 10 y 200 veces más que el límite permitido por la legislación vigente.

3. “NUESTRO REPRESENTANTE”

El tercer dato incorrecto surge de este tramo de su declaración: “Nuestro representante en Papel Prensa está exigiendo que se haga la inversión de 10 millones de dolares” estimados como necesarios para un mejor tratamiento de los desechos industriales que la papelera vuelca al río Baradero, en la localidad bonaerense de San Pedro. No hay ninguna constancia al respecto. Sin embargo, aun si se creyera la versión K, queda rotundamente desmentida por el comunicado oficial que el directorio de la papelera difundió el 18 de abril en respuesta a lo publicado por este diario. Según ese parte empresarial, destinado a “tranquilizar” a los pobladores de San Pedro, las violaciones a la ley ambiental “no existen”, sus desechos “no son tóxicos” y, por lo tanto, “no hay contaminación […] los efluentes no son contaminantes ni para la salud ni para el agua ni para el medio ambiente en general”. La representación del Gobierno en Papel Prensa avaló con su silencio ese comunicado, que –como se informó aquí el 19 de abril– está plagado de falacias e inexactitudes .

Del mismo modo, un par de días antes, en la reunión mensual del directorio la delegación estatal ni siquiera planteó el caso de la contaminación, que ya tenía estado judicial y público.

EL SILENCIO CONTAMINA

Lo que sí es cierto y verificable es que el Grupo Clarín tiene entre ceja y ceja a Romina Picolotti y que una denuncia por presuntas irregularidades administrativas en su gestión coincidió con la inspección que la Secretaria de Ambiente intentó sin éxito en Papel Prensa el año pasado. En la causa que tramita la justicia federal de San Nicolás consta que “directivos de la empresa le impidieron obtener muestras de agua, alegando que el río Baradero pertenece a la provincia de Buenos Aires y que la jurisdición es provincial, no nacional”. Tampoco en ese momento se conoció ninguna objeción ni disidencia de los que Cristina Kirchner citó como “nuestros representantes en Papel Prensa”.

Y es más: la Cámara de Diputados bonaerense votó, sobre tablas y por unanimidad de todos sus bloques, un proyecto que exigió al gobierno K de Daniel Scioli urgentes informes de lo actuado por el Estado en defensa de la salud y del medio ambiente. Todavía están esperando que alguien les responda. Los responsables del Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) de la provincia son Ana Corbi y Nicolás Scioli, hermano menor del gobernador.

FOPEA condenó la agresión

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidarizó con Diego Levy, el fotógrafo de Crítica de la Argentina agredido el 16 de abril por José Antonio Aranda, directivo del Grupo Clarín. Fopea estableció que “tiene una postura clara acerca de un estricto respeto a la intimidad de las personas y a un comportamiento decoroso de los periodistas. Si se trató de un intento de preservar la propia imagen, ello no justifica una reacción que cercene el trabajo de la prensa como la que tuvo lugar”.