Diario sobre Diarios publica en su “Zona Dura” una síntesis del debate registrado en los últimos tiempos sobre la necesaria reforma de la ley de radiodifusión, centrándose en los “21 puntos” de la Coalición por una radiodifusión democrática que, significativamente, no publicó hasta ahora ningún diario.

La Argentina, ante la posibilidad de tener una norma democrática

“Los 21 puntos”, el documento que sería la base de
la nueva ley de radiodifusión y que pocos leyeron

 

Cristina Kirchner en la Casa Rosada con integrantes de la Coalición por una Radiodifusión para la Democracia. (Foto: Presidencia)

Todos los diarios porteños están cubriendo las distintas alternativas en torno a la posible modificación de la Ley de Radiodifusión. En medio del debate los matutinos mencionan uno de los proyectos en danza: “los 21 puntos” presentados a Cristina Kirchner por la Coalición por una Radiodifusión para la Democracia. Sin embargo, hasta ahora, ningún diario publicó el texto completo del documento, que probablemente sea la base del proyecto oficial. Por eso DsD lo presenta hoy junto a todas las voces expresadas en los diarios.

Dentro de algunos años, la sede de la ONG Nueva Tierra, en planta baja de la calle Piedras 575 de la Capital Federal, puede convertirse en un lugar histórico. Es que allí, en el año 2003, comenzaron las reuniones entre académicos, sindicatos de prensa, organizaciones sociales, de derechos humanos y de radio y televisión comunitaria, que derivaron en la redacción del documento de 21 puntos titulado “Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia”. Ese texto, conforma la base del proyecto que el Poder Ejecutivo se apresta a enviar al Congreso para modificar una norma dictada por la última dictadura militar: la ley 22.285 también llamada “Ley de Radiodifusión”.

En torno a ese documento se formó también una “Coalición” decidida a impulsar una nueva norma. Muchos de los grupos que integraron ese espacio tenían una notoria cercanía con el Gobierno de Néstor Kirchner, en especial con su política de derechos humanos. Eso abrió la esperanza de las organizaciones de la “Coalición” para cambiar el marco jurídico en el que se desenvuelve la comunicación en nuestro país. Pero las organizaciones debieron esperar el turno de Cristina Kirchner para pasar de la esperanza a la posibilidad de una reforma íntegra de la Ley de Radiodifusión. En el medio, hubo desencantos de todo tipo y quienes giran en torno a la Coalición señalan hoy con cautela que “hasta que no se publique en el Boletín Oficial, no vamos a celebrar”.

Para que la norma se modifique en el sentido de lo expresado por la Coalición –el mismo en el que apunta el Gobierno- también deberá sortear un obstáculo poderoso: el lobby de las grandes empresas periodísticas para que se mantenga el actual estado normativo, que beneficia a sus intereses. Los principales grupos mediáticos del país (nucleados en organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas -ADEPA o la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente –CEMCI-) ya hicieron oír su voz a través de distintos comunicados. Esa es la fase pública de su ofensiva. Se espera que el lobby de las empresas de medios también llegue al Congreso cuando comience a tratarse el proyecto.

Una historia de encuentros y desencuentros

La relación de la Coalición con el gobierno de Néstor Kirchner tuvo sus idas y vueltas. La participación de entidades como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la CGT, la CTA y movimientos aliados al kirchnerismo como Barrios de Pie o Libres del Sur, hizo prever una buena sintonía con el Ejecutivo.

El 27 de agosto de 2004, en concordancia con el “Día de la Radiodifusión”, la Coalición realizó su presentación en sociedad. Fue a través de un programa radial que se transmitió por Radio Nacional a todo el país en simultáneo con radios universitarias y medios comunitarios. En ese marco se dieron a conocer los “21 puntos”, número no casual, ya que también se cumplían 21 años de democracia.

Todos los miembros de la Coalición la definen como “un espacio horizontal, sin un liderazgo, en donde hay diferencias entre sus integrantes”. Así y todo, los miembros de la organización reconocen como “un referente claro” de la Coalición al presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso. Junto a FARCO también integraron el grupo fundador el Sindicato de Prensa de Rosario, la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (FETRACCOM), la Asociación de Radios Universitarias de la Argentina (ARUNA), miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y especialistas como Damián Loreti (entonces director de la carrera de Comunicación de la UBA), Luis Lázzaro y Néstor Piccone. A lo largo del 2003 y 2004 se fueron sumando más organizaciones, entre otras la extinta Asociación Periodistas.

A fines de 2004 la Coalición gestionó una reunión con el entonces presidente Néstor Kirchner. Los grupos cercanos al Gobierno daban por descontado que se dictaría una nueva ley de radiodifusión. Finalmente, luego de varias negociaciones Kirchner no recibió a la Coalición y la reunión se llevó a cabo con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y el secretario de Medios, Enrique Albistur.

La negativa de Kirchner a recibir a la Coalición generó cierta decepción entre sus integrantes. Pero nadie imaginó que todavía faltaba lo peor.

El decreto maldito

El 20 de mayo de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 527/05 por el que suspendió el vencimiento de las licencias de radio y TV (en esa fecha se estaban por vencer las de América TV, Canal 9, Canal 13 y Telefé) y prorrogó por 10 años las concesiones.

Al día siguiente, La Nación editó la noticia como segundo título de tapa y afirmó que la medida “beneficiará, entre otros, a los grupos Telefónica y Clarín, que mantendrán los canales 11 y 13 respectivamente hasta el año 2025”. El matutino explicó que la medida presidencial tuvo que ver con un pedido especial del titular de Canal 9, Daniel Hadad a cuyo socorro financiero respondió la Casa Rosada pero generalizando la medida para todas las licenciatarias. Clarín lo consignó ese día en una breve información en la página 56.

El anuncio obró como “un mazazo” para la Coalición. Muchas de las organizaciones que forman parte de ese espacio se pronunciaron públicamente contra la decisión presidencial. Entre otras, lo hicieron el sindicato de Prensa de Rosario, la UTPBA, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y FARCO. A partir de ese momento sobrevino un “enfriamiento” en la relación entre la Coalición y el Gobierno.

Cristina vuelve a impulsar el cambio de la ley

La cobertura mediática del paro o lockout agrario, que el Gobierno consideró hostil, fue el detonante de una pulseada entre el Ejecutivo y los medios de comunicación, más precisamente, el Grupo Clarín. La Presidenta le dedicó varias críticas públicas al holding que conduce Héctor Magnetto y la puja sigue hasta estos días. En ese marco, el Gobierno decidió, ahora sí, cambiar la ley de radiodifusión.

Para eso, desde la Casa Rosada se tomaron dos decisiones. Remover a Julio Bárbaro (de buena relación con las empresas periodísticas) del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) y designar en su lugar a Gabriel Mariotto, ex subsecretario de Medios. La otra fue iniciar una ronda de consultas con todos los sectores vinculados a la comunicación. Una de ellas fue, obviamente, con la Coalición, que le presentaron el documento de los “21 puntos” el pasado martes 15 de abril.

La opinión de los medios

También fueron recibidas por Cristina Kirchner las empresas periodísticas nucleadas en ADEPA. En la reunión los representantes de los grandes medios le entregaron a la Presidenta un documento titulado “ADEPA ante una futura Ley de Radiodifusión”.

Allí expresó:

– El objetivo principal de ADEPA es la defensa de la libertad de prensa y representa la voz institucional de referencia para la protección de la libre expresión en todos los soportes tecnológicos.

– Su visión sobre los principios de la Ley de Radiodifusión es que la misma no se vea reñida con las garantías constitucionales y las tradiciones más profundas de nuestra sociedad en relación al valor estratégico de la libertad de prensa.

– ADEPA coincide en la necesidad de actualizar la Ley, evitando la regulación de los contenidos periodísticos y contemplando la influencia de los avances tecnológicos.

– Considera llamativo que se aborde esta cuestión en el marco de un clima de confrontación con los medios de prensa.

– La Argentina exhibe con orgullo poseer la mayor cantidad de diarios y revistas en América latina y una multiplicidad de canales de televisión, señales noticiosas, emisoras de radio y sitios de Internet que aseguran la más plena satisfacción del derecho de la ciudadanía a la información, como estímulo y garantía de nuestro sistema institucional democrático.

– Una futura ley debería, ante todo, respetar esa diversidad que se expresa en los derechos y la inversión de aquellos licenciatarios legales que brindan servicios de radiodifusión a lo largo y ancho del país.

– ADEPA señaló también la necesidad de excluir por completo la regulación sobre los contenidos periodísticos, de información y de opinión.

– La norma debería tomar en cuenta, con una interpretación dinámica, la prohibición expresa que existe para la sanción de leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

– Las eventuales responsabilidades civiles por contenidos periodísticos deberán estar siempre sujetas a análisis ulteriores de la Justicia, nunca a controles o autorizaciones preliminares, ya que los mismos constituirían un caso de censura previa.

– En este sentido, sería coherente con los más modernos principios jurisprudenciales eliminar expresamente responsabilidades penales por contenidos.

– La libertad de expresión de los titulares de licencias tiene como base la libertad editorial y la libertad de programación.

– Las injerencias estatales en este punto siempre son riesgosas y entrañan el peligro de un exceso de intervencionismo.

– En cuestiones como la propiedad de los medios o la producción de contenidos nacionales, ADEPA sostiene la necesidad fundamental de que el país resguarde el valor estratégico del capital nacional en las industrias de la cultura en general y los medios de comunicación en particular.

– ADEPA denunció un exceso de cargas fiscales y parafiscales que terminan comprometiendo la viabilidad de los mismos.

– Solicitó que, en materia de radiodifusión, se busque un efectivo control de las emisiones irregulares de radio y televisión, lo que produce un caos en el espectro radioeléctrico.

– Además pidió que se hagan efectivas las normas que regulan el acceso a la titularidad y la transferencia de licencias, así como el respeto a los derechos adquiridos de cara a las nuevas tecnologías, como la digitalización.

– Sobre Publicidad Oficial, reclamó pautas y procedimientos objetivos para su distribución y también una clara regulación de los medios estatales, garantizando, de acuerdo a los más avanzados antecedentes internacionales, su carácter público y no gubernamental.

La polémica periodística

Además de ADEPA, algunos medios y periodistas también opinaron sobre la futura ley de radiodifusión.
El director de Crítica, Jorge Lanata, señaló: “¿Quién podría, de buena fe, discutir que no es justo y lógico que los sindicatos, las oenegés, las universidades, las asociaciones cooperativas, tengan un medio? Ojalá pueden llevar adelante medios profesionales, eficientes y atractivos. ¿Quién podría querer taparles la boca? Una buena ley de radiodifusión, bien aplicada y que no duerma en la teoría, logrará una sociedad más justa y equitativa. Cometería un grave error el Gobierno si quiere apropiársela, si la interpreta como un camino más en su carrera por concentrar poder”.

En el mismo diario, unos días después, Miguel Bonasso consideró que “no se trata de censurar, sino de ampliar el espectro. Con medios públicos gestionados por el Estado (y no por el gobierno), medios públicos concesionados a privados y medios públicos concesionados al sector social de la economía”.

Desde la contratapa de Perfil, el CEO de la editorial, Jorge Fontevecchia, afirmó que “un cambio tan significativo en el mapa de medios, para ser practicable, probablemente precisaría rever la limitación de un máximo de 30% de participación extranjera en los medios de comunicación, salvo que tras la excusa de democratizar la comunicación sólo se busque pasar a una fase degradada del capitalismo de amigos, en el que, con el fin de crear una nueva burguesía nacional, personas como Rudy Ulloa terminen al frente de los medios de mayor audiencia de la Argentina”.

El sábado 3 de mayo, La Nación publicó un editorial titulado “La futura ley de radiodifusión” en donde pidió que “debería evitarse avanzar sobre algunos de los 21 puntos de la llamada Coalición por una Radiodifusión Democrática, que según el interventor del Comfer ha hecho suyos el gobierno nacional. En tal sentido, no debería avanzarse sobre los derechos de los licenciatarios a transferir sus licencias, ya que esto coartaría la posibilidad de un empresario de capitalizar su éxito o paliar su fracaso. Tampoco parece aconsejable que se fijen criterios de cuotificación de contenidos y la obligatoriedad de asignación de inversiones”.

Un día después, desde Página/12, Mario Wainfeld criticó el editorial de La Nación y aseguró que “pueden ponerse en cuestión los móviles que indujeron al gobierno a reavivar los proyectos sobre reforma de la Ley de Radiodifusión, es más arduo negar la necesidad de un cambio. Casi nadie lo hace, cuanto menos en voz alta. Con un texto original parido en la dictadura y zurcido con varios parches ulteriores, la norma actual es, amén de mal nacida, anacrónica e impropia.

Clarín evitó opinar desde sus páginas, aunque en la edición de las noticias referidas al tema le cedió más espacios a quienes critican la reforma que impulsa el Gobierno o la oportunidad elegida para hacerlo. También publicó con formato informativo opiniones de la empresa. Se pudo apreciar claramente en una nota sin firma publicada el domingo 4 de mayo titulada “Qué se esconde detrás del debate sobre la futura Ley de Radiodifusión”.

Allí afirmó que “la Ley de Radiodifusión no fue objeto de ningún discurso durante la campaña de Cristina Kirchner, ni antes de 2003, durante la campaña de Néstor Kirchner, ni durante toda la gestión anterior, ni tampoco fue mencionado en el acto de apertura de sesiones del Congreso. Hubo repentinamente ahora una acumulación de reuniones, con académicos de la Universidad de Buenos Aires, y diversas casas de altos estudios públicas y privadas”.

Luego se quejó porque “En cinco años de gestión del matrimonio Kirchner, ésa fue la primera reunión con las entidades representativas de los medios en el país, ya no del jefe del Estado, sino de cualquier otro funcionario del área de comunicación de ambos gobiernos. También estuvo el secretario de Medios, Enrique Albistur, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quienes no dijeron una sola palabra durante toda la reunión. Albistur está siendo investigado por otorgar publicidad oficial a empresas propias y de su familia”.

Al margen de las diferentes opiniones, lo mejor que se publicó a nivel informativo respecto a la posibilidad de una nueva norma, estuvo en el diario Crítica en dos notas firmadas por el periodista Damián Glanz (una el 29 de abril y otra el 30 de abril . Allí abordó los diversos conflictos que plantea una nueva ley, tanto en lo que respecta a las licencias de radiodifusión como a la norma digital que deberá elegir el gobierno para el nuevo sistema de televisión.

El documento

Todo el debate en torno a este tema, generó todo tipo de opiniones. Sin embargo, ningún hizo público en su totalidad el documento de los “21 puntos” de la Coalición. El texto está inspirado los principios de libertad de expresión declarados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). También toma como fuente distintos pronunciamientos de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH.

Los grandes medios, en cambio, impulsan que el marco de la discusión sea la Declaración de Chapultepec elaborada por las empresas periodísticas nucleadas en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

A continuación, entonces, los “21 puntos”.

1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional . Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la Defensoría del público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

FUNDAMENTOS

Ratificando que los derechos humanos son la piedra fundamental de la vida en democracia.

Convencidos de que los procesos de consolidación de democracia y justicia en nuestro continente son plenamente dependientes del ejercicio del derecho a la información de modo universal.

Convencidos de que la libertad de expresarse, opinar e informarse es fundamental para el desarrollo de los pueblos, y para mantener vivas sus culturas y diversidades, a las que se debe respetar para alcanzar una plena convivencia entre las naciones americanas. Convencidos de que cuando no hay democracia, junto con el derecho a la vida y a la libertad física se atenta siempre contra la posibilidad de expresión e información de las mayorías.

Convencidos de que sólo el pluralismo garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales en el estado de derecho.

Considerando que en diversas declaraciones los sectores representativos de la vida democrática de nuestro continente han afirmado el valor de la pluralidad.

Considerando que en la Declaración y Plan de Acción de Santiago de UNESCO (1992) se han reivindicado el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía.

Inspirados en la importancia para nuestro continente de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información.

Reconociendo el alcance universal en materia de sujetos, medios y mensajes con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 13 de la Convención.

Reconociendo la importancia que alcanza la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, al fijar estándares de interpretación del artículo 13 de la CADH. Reconociendo los valores asentados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA desde su instalación, en la búsqueda de ampliar los sectores amparados por su intervención.

Reconociendo la importancia del capítulo referido a las radios comunitarias del Informe 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que todos estos acuerdos representan el marco legal y político al que se encuentran sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos.

Recordando los dichos de la Declaración de los tres relatores de Libertad de Expresión (de la OEA, de la ONU y el Representante de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación (OSCE)) realizada en Noviembre de 2001, titulada Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo se expide sobre el punto diciendo: Radiodifusión: La promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión. Enfatizando que el Relator de Libertad de Expresión de la OEA señala que la utilización de los medios tradicionales de comunicación masiva no siempre se presentan como medio accesible para la difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores mas empobrecidos o vulnerables de la sociedad. (y que) En este sentido, los medios comunitarios de comunicación y difusión vienen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesidades de éstas comunidades.

Recordando que también dice el Informe 2002 que Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitarias, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. Igualmente preocupante resultan las prácticas que, aún en los casos de funcionamiento en el marco de la legalidad, importan amenazas de cierre injustificadas, o incautación arbitraria de equipos.

Enfatizando que las normas técnicas aplicables a la radiodifusión deben facilitar y no obstaculizar la libre circulación de informaciones, de obras radiofónicas y audiovisuales y opiniones de conformidad al art. 13. 3 de la Convención Americana.

Considerando que la Relatoría entiende que los Estados en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos, en virtud del Principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión.

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