Primera entrega de un informe de Damián Glanz en Crítica sobre las disputas en ámbitos del poder ante el anuncio de la propuesta de modificación de la ley de radiodifusión.

LEY DE RADIODIFUSIÓN: GOBIERNO Y MULTIMEDIOS YA CAVAN SUS TRINCHERAS (1ª entrega)

Estalló la guerra de las licencias

Tuvieron que pasar 25 años de democracia y parece que esta vez va en serio: la administración K sigue avanzando en la redacción de una nueva ley que amenaza con ponerle límite a los holdings de la comunicación privada, muy especialmente el del Grupo Clarín. Las dos posiciones del Ejecutivo, la “moderada” y la “chavista”. La postura de los empresarios y las presiones de los lobbystas. Qué dicen los borradores oficiales y cuánto se parecen a los proyectos presentados por la oposición.

Damián Glanz

–Alberto, ¿realmente creés que se van animar?

–¿Por qué lo decís?

–Después del kirchnerismo hay vida. ¿Creés que todos van a votar una ley en contra de los medios? Acá se pueden terminar muchas carreras, Alberto.

El diálogo entre el jefe de Gabinete y Jorge Rendo, directivo y principal lobbysta del Grupo Clarín, ocurrió hace unos pocos días, apenas producida la declaración de la guerra mediática. Cristina y Néstor Kirchner habían enviado a su tropa de voceros para instalar en la opinión pública que el Gobierno está decidido a sancionar una nueva Ley de Radiodifusión, cuyo principal objetivo es desarticular la matriz de monopolios que concentran las licencias de radio y televisión del país. En el grupo ciertamente creen que la Rosada camina en esa senda. Pero dicen no temer. Están convencidos de que la mayoría de los diputados y senadores, oficialistas u opositores, no se atreverán a votar una ley que los deje al margen (o en la mira telescópica) de la prensa, de las fotos, de la historia.

–¿Vos creés, Alberto? ¿Se van a animar?

El jefe de Gabinete no responde. Está parado en el centro exacto del campo de batalla, sin armas. Canciller acostumbrado a lacrar la paz entre la Casa Rosada y Clarín, fue despojado del sello real. Esta vez, Kirchner quiere sangre, y apartó a Fernández de la guerra por su cercanía con el monopolio. El jefe de los ministros conoce las intenciones del general: reducir al mínimo las licencias por cada propietario; quebrar el monstruo que él ayudó a crear, la fusión entre Cablevisión y Multicanal, las operadoras de cable de Clarín; regular ese mercado, sometiéndolo al régimen de servicios públicos, donde las tarifas las decide el Estado; abrir el espectro de medios (incluyendo los sindicatos amigos) e impedir que los propietarios de los diarios tengan, al mismo tiempo, intereses económicos en los medios audiovisuales.

GOLPISTAS Y DEMÓCRATAS. La Presidenta hizo sonar los clarines de guerra. Primero los llamó “generales multimediáticos” y comparó a los empresarios de la comunicación con los tanques que acompañaron a los golpistas del 76. Habló de una caricatura del Menchi Sábat y dijo que era un mensaje “cuasi mafioso”. Después los acusó de “reclamar” y “editorializar” a favor de la “calidad institucional” pero ser “los que menos la practican”. Y finalmente, Fernández de Kirchner atacó públicamente a los propietarios de los medios por defender la Ley de Radiodifusión vigente, que es una ley de la dictadura. Los otros reaccionaron: a coro con la oposición, advirtieron que el Ejecutivo quiere controlar los contenidos periodísticos desde el Observatorio contra la Discriminación y permitir el ingreso de otros actores al mercado de la comunicación para acallar a las voces críticas. El argumento lo dio el chofer de la CGT Hugo Moyano, que reclamó la exclusividad de una licencia de televisión para responderles a quienes lo cuestionan.

La lógica de la reyerta pública, la argumentación maniquea, ensombreció las motivaciones que oculta cada sector.

Ciertamente, la norma dictatorial que regula el espectro radiofónico lleva la firma del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla. Pero de aquella ley golpista queda poco más que la firma. Las más de doscientas modificaciones que sufrió en casi 25 años de democracia la transformaron en otra cosa. Uno de los cambios más importantes que recibió aquel texto fue introducido en septiembre de 1999 mediante un decreto de necesidad y urgencia que firmó Carlos Saúl Menem. Aquel DNU elevó de cuatro a 24 el límite de licencias que una misma persona o empresa puede concentrar. Además, liberó a los empresarios de la obligación de invertir en estaciones de radiodifusión para zonas aisladas como condición para obtener varias licencias simultáneas en una misma localidad. Y es ese capítulo menemista de la Ley de Radiodifusión lo que hoy más estimula al kirchnerismo en la batalla.

Lo dijo la Presidenta desde su atril estéreo de la Casa Rosada: “Yo creo que los argentinos tenemos que reflexionar esencialmente sobre quiénes son los titulares del derecho de la libertad de información y de la libertad de prensa; si son realmente las grandes empresas de comunicación o es el ciudadano y la ciudadana de a pie que merece que todas las historias y todos los relatos diferentes y plurales que una sociedad tiene acerca de determinados acontecimientos sean difundidos de la misma manera o por lo menos con la misma intensidad y frecuencia”.

Dos posturas –“reflexiones”, como le gusta decir a la Presidenta– sobre la manera de resolver el problema de la titularidad “del derecho de la libertad de información” dividen hoy al Gobierno. Ambas miradas pretenden restablecer parte de la norma que firmó Videla en 1980: reducir el número máximo de licencias permitidas para cada grupo empresario.

La mirada moderada, impulsada por Alberto Fernández con la asistencia de la Comisión de Comunicación e Informática de Diputados, que comanda el pampeano Manuel Baladrón, propone un máximo de doce licencias por operador. ¿Por qué doce? “Es la mitad de 24. Partimos al medio el liberalismo de los 90”, explica uno de los redactores del proyecto, que pidió mantener su nombre en reserva. La solución “50% ciento menemista” implicaría un golpe moderado para los grandes grupos: Telefe, con sus canales en el interior del país, sus señales de radios y algunas frecuencias que tiene asignadas pero que no explota comercialmente, excede por poco la media docena de licencias. Peor les iría a los grupos Uno (de Vila-Manzano) y Clarín: ambos superan las 25 licencias.

El número 12 también figura en los proyectos de ley que desde el regreso de la democracia fueron presentados en el Parlamento por la oposición. Las últimas propuestas integrales de reforma que nacieron por fuera del oficialismo pertenecen a la diputada porteña Silvana Giudici (UCR) y a Margarita Stolbizer, ex candidata a gobernadora de Buenos Aires por la Coalición Cívica. Ambas iniciativas proponen el mismo esquema como límite para la concentración: ningún licenciatario podrá poseer más de dos AM, cuatro FM, dos de VHF (asignadas a la TV abierta) y cuatro en UHF (disponibles para TV codificada) en todo el territorio del país.

ALBERTISTAS Y CHAVISTAS. El último antecedente que se registra como favor del Gobierno para los grandes grupos de medios es muy cercano. El 11 de marzo pasado, Julio Bárbaro dictó su última resolución como interventor del Comfer para obligar a todos los operadores de cable del país a desplazar de los primeros lugares de la grilla a los canales locales para garantizarles las mejores ubicaciones a las emisiones porteñas. Al día siguiente comenzó el paro agropecuario y, en medio de la guerra gaucha, estalló la guerra de los medios.

Bárbaro, como Fernández, quedó afuera de la batalla por su afinidad con el grupo. Lo sucedió Gabriel Mariotto, comandante designado para enfrentar al león. Él lidera el equipo que recibió la instrucción de Néstor Kirchner para redactar la nueva ley. Su tropa quiere una reforma más radical que aquella que proponen desde las oficinas de la Jefatura de Gabinete. Con el coordinador de contenidos del Servicio Nacional de Medios Públicos (SNMP), Luis Lázzaro, como principal promotor, este sector quiere limitar al máximo el poder de los multimedios: evalúan acotar a cuatro o cinco el número máximo de licencias que una empresa puede acumular. De prosperar este esquema, el campo quedará sembrado de sangre. “Es la propuesta chavista”, define uno de los integrantes de ese grupo.

Tomando como modelo el documento de 21 puntos que la Coalición por una Radiodifusión Democrática (un colectivo de escala nacional que abarca desde la CTA a organizaciones sociales y de derechos humanos, periodistas y medios alternativos) le presentó a la Presidenta, Mariotto y Lázzaro evalúan dividir en tres partes el espectro radioeléctrico: un tercio para el sector privado, otro para el público y otro para las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, como los sindicatos o las cooperativas.

La pregunta es en qué frecuencia transmitirán: hoy la grilla está completa. Y la opinión de los empresarios es clara. “Las licencias que están otorgadas no deberían volver a licitarse. Deberían respetarse los derechos adquiridos”, afirmó Alberto Veiga, presidente de la Asociación Radiodifusora Privada Argentina (ARPA) y directivo de Rock & Pop. La empresa que representa –CIE Medios– es propietaria de, al menos, seis licencias.

La transformación de la tecnología analógica al mundo de la radio y la TV digital podría resolver parte del problema. En la Argentina, cada señal de televisión tiene asignada una frecuencia de 6 megahertz, que además requiere mantener liberados los canales adyacentes. Es así como en la frecuencia que va de los 54 a los 216 MHz, en la ciudad de Buenos Aires, hay sólo cinco canales de aire: América 2, Canal 7, Canal 9, Telefe y Canal 13. La nueva generación tecnológica permitirá emitir hasta seis señales por canal, lo que elevaría a más de cien el espectro de programas gratuitos para emitir en simultáneo. Eso dependerá de la calidad de la imagen que se quiera transmitir: a más canales, menor será la resolución de la emisión. “Habrá que ver si los canales que se sumen quedan en manos de los grandes grupos o si respetan la pluralidad”, advirtió Gustavo López, presidente del SNMP, en un foro que lanzó hace un mes para “pensar la comunicación”. “El foro anti-Clarín”, lo definió un funcionario de la Secretaría de Medios.

CRISTINA DE HIERRO
. “Hay que ver si se inclinan por la alta calidad, como en Estados Unidos, o por las señales múltiples, como ocurre en Europa”, observó Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (AATC) y directivo de Cablevisión. El viernes pasado, Burzaco asistió a una reunión de empresarios de medios convocada por la Presidenta en el marco de su anunciada ronda de consultas sobre la Ley de Radiodifusión. Fernández de Kirchner lo hizo tragar en seco. En la reunión, y como al pasar, la jefa de Estado deslizó que el Gobierno considera que la TV por cable es un “servicio público”. No es un dato menor: actualmente su estatus jurídico es el de servicio de “interés público”. La frase de la Presidenta fue una advertencia. En el Gobierno analizan modificar las reglas de ese mercado y someterlas al mismo régimen de las demás empresas de servicios públicos, como la energía o la telefonía, donde es el Estado el que fija las tarifas y tiene la autoridad para rescindir los contratos. El plan va más allá: todos los proyectos de reforma que circulan por el Comfer contemplan la prohibición para que las empresas de servicios públicos sean adjudicatarias de licencias de radiodifusión. Si esto prosperara, implicaría que los medios audiovisuales de Clarín y sus empresas de cable no podrían convivir.

–No conocemos el proyecto –se excusó Burzaco.

De esa reunión con la Presidenta también participaron las entidades que nuclean a las editoras de diarios: la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA). No fue una invitación más. Entre las medidas que se analizan en el círculo de Mariotto para incluir en la nueva ley figura prohibir que una empresa que posea licencias de radiodifusión tenga al mismo tiempo intereses económicos en la prensa escrita. “Así es en Estados Unidos y en algunos países de Europa”, defiende Lázzaro.

Ése no será un misil dirigido sólo al Grupo Clarín. En todas las provincias, está repleto de multimedios que poseen diarios, canales de TV y radios. Es el caso del ex chofer de Kirchner, Rudy Ulloa Igor; o del vicepresidente del Senado, el neokirchnerista Juan Carlos Romero, o del propio presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, el jujeño Guillermo Jenefes.

En el Senado también hay vigente un proyecto de ley de reforma integral del servicio de radiodifusión. Pertenece a la salteña Sonia Escudero. Ese texto propone un límite a los grandes grupos, pero salva del ataque a sus compañeros de bancada: permite que un mismo grupo empresario en una misma región acumule hasta seis licencias; de la incompatibilidad entre papel y señal audiovisual no dice nada.

Pero ese proyecto no es el de Kirchner. Su plan para desmembrar los monopolios de poder mediático llegará al Congreso a fines de mayo, según afirma un operador gubernamental. Después llegarán el debate y el tiempo de los legisladores para poner el voto y dar la cara.

–¿Vos creés, Alberto? ¿Se animarán?