Si bien en las últimas semanas los principales diarios argentinos ya habían establecido su posición frente al debate sobre la anunciada reforma de la ley de radiodifusión, ayer y hoy La Nación y Clarín publicaron un editorial y una nota que resume su postura.

Sábado 3 de mayo de 2008

La futura ley de radiodifusión

En el Día Mundial de la Libertad de Expresión, es menester reafirmar este derecho fundamental, inalienable e imprescindible para la existencia de una sociedad democrática, sobre todo en momentos en que el gobierno nacional se muestra particularmente preocupado por impulsar con inusual urgencia distintos proyectos vinculados con controles a los medios de comunicación.

Recientemente, las autoridades nacionales convocaron a distintos sectores, entre ellos representantes de entidades periodísticas, para considerar la formulación de un proyecto de ley de radiodifusión que modifique la legislación en vigor.

Pese a que la vigente ley 22.285 de radiodifusión fue dictada por el último gobierno militar, no parece correcto hablar de la “ley de la dictadura”, como se les ha escuchado decir a funcionarios del actual Gobierno. En rigor, esa norma ha recibido numerosas enmiendas durante los gobiernos democráticos posteriores a diciembre de 1983. Y algunos de los que hoy se quejan por su vigencia son los mismos que durante los períodos gubernamentales de Carlos Menem y de Eduardo Duhalde votaron reformas parciales y consintieron sus políticas en materia de radiodifusión.

No implica esto que la ley no pueda ser mejorada. Fundamentalmente, por el hecho de que la autoridad de aplicación, el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), en lugar de ser un organismo meramente técnico, ha pasado a convertirse en un brazo del Poder Ejecutivo nacional.

Resultará difícil hablar de una “ley democrática” o de garantías efectivas para expresarse libremente como licenciatario de radio o televisión, en tanto exista un organismo dependiente del poder político con facultades sancionatorias administrativas.

La mejor ley de prensa es la que no existe. En tal sentido, deberían restringirse al máximo los niveles regulatorios, no avanzando más allá de un procedimiento claro de concurso para la asignación de las frecuencias; la estructuración de un acotado sistema público de radiodifusión para cumplir con fines educativos y culturales, no comercial y sin injerencia gubernamental; un régimen de horario de protección al menor que garantice la armonía entre los contenidos de la radio y de la televisión y los impartidos por el sistema educativo nacional; un régimen sancionatorio con infracciones y penas claramente tipificadas para quienes incumplan las normas técnicas que originaron la licencia o contravengan el régimen de horario de protección al menor, y la garantía de aplicación del régimen sancionatorio específico por la Justicia.

Del mismo modo, debería evitarse avanzar sobre algunos de los 21 puntos de la llamada Coalición por una Radiodifusión Democrática, que según el interventor del Comfer ha hecho suyos el gobierno nacional. En tal sentido, no debería avanzarse sobre los derechos de los licenciatarios a transferir sus licencias, ya que esto coartaría la posibilidad de un empresario de capitalizar su éxito o paliar su fracaso. Tampoco parece aconsejable que se fijen criterios de cuotificación de contenidos y la obligatoriedad de asignación de inversiones.

Es de esperar también que no se pretenda volver a la prohibición a los medios de prensa gráfica de tener canales de televisión abiertos y que no se busque condicionar los contenidos a partir de la definición del negocio de la televisión por cable como un servicio público.

Será bueno que la ley de radiodifusión sea analizada abierta y profundamente, para descartar cualquier intencionalidad política detrás de este debate, instalado curiosamente por el Gobierno en su peor momento de credibilidad ante la opinión pública y en medio de una ríspida discusión con algunos medios de prensa, a cuyos responsables la presidenta de la Nación acusó no hace mucho de golpistas, pretendiendo equiparar el derecho a disentir con operativos desestabilizadores.

Clarín . El País – EL TEMA JAMAS FUE MENCIONADO DURANTE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Qué se esconde detrás del debate sobre la futura Ley de Radiodifusión

Los intentos de controlar a la prensa tras el Observatorio de Medios y la propuesta de cambiar la ley.

En el ojo mismo de la tormenta de la crisis con el campo, ascendió al primer plano del debate nacional la Ley de Radiodifusión. Se generó una agenda de reuniones, y mítines en otros casos, en los que voceros como Hugo Moyano o Luis D”Elía apuntaron contra lo que denominaron una “ley de la dictadura”, y reclamaron una transformación inmediata de ese corpus legislativo. El martes había hecho lo mismo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Federico Schuster. Pero es muy poco lo que queda de aquella ley de la dictadura sancionada en 1980: sufrió desde su sanción, y en democracia, 207 modificaciones.

El jueves último, en un foro convocado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, con el declarado objetivo de “defender al gobierno popular”, D”Elía, en sintonía con el tono del Gobierno, pidió impulsar una nueva Ley de Radiodifusión, y recomendó seguir el ejemplo que en materia de medios aplican “los ingleses y los norteamericanos”.

Antes, el interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, se había reunido con Hugo Moyano, el jefe de la CGT, y vicepresidente del Partido Justicialista que comanda Néstor Kirchner. El sindicalista enfatizó que su reunión había sido altamente positiva, y que había planteado el derecho y la necesidad de la CGT de poseer un medio propio. “Confiamos en que eso ocurra”, señaló. Aclaró, de todos modos, que no está en sus planes conducir un programa de radio o de televisión, y señaló sonriendo que no pretende conducir “Bailando con Moyano”.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió a la vez con el líder sindical, con Mariotto y con el secretario de Medios, Enrique Albistur, y avanzaron supuestamente en el proyecto de reforma.

La Ley de Radiodifusión no fue objeto de ningún discurso durante la campaña de Cristina Kirchner, ni antes de 2003, durante la campaña de Néstor Kirchner, ni durante toda la gestión anterior, ni tampoco fue mencionado en el acto de apertura de sesiones del Congreso. Hubo repentinamente ahora una acumulación de reuniones, con académicos de la Universidad de Buenos Aires, y diversas casas de altos estudios públicas y privadas.

El viernes 25 de abril, la Presidenta había recibido a los miembros de las cámaras que agrupan a los directivos de medios en la Argentina, entre otras ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, y CEMCI, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes.

En cinco años de gestión del matrimonio Kirchner, ésa fue la primera reunión con las entidades representativas de los medios en el país, ya no del jefe del Estado, sino de cualquier otro funcionario del área de comunicación de ambos gobiernos. También estuvo el secretario de Medios, Enrique Albistur, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quienes no dijeron una sola palabra durante toda la reunión. Albistur está siendo investigado por otorgar publicidad oficial a empresas propias y de su familia.

Néstor y Cristina Kirchner invocan enfáticamente la necesidad de adherir formalmente a todos los puntos que sostiene el Acta de San José de Costa Rica, en consonancia con los países latinoamericanos. Pero todos los países del grupo Panamericano de Naciones adhirieron a la Declaración de Chapultepec, elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que se sostiene el irresctricto e irrenunciable respeto a la libertad de expresión, sin controles oficiales de ningún tipo.

El texto de la Declaración es contundente. Dice: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas contra el sector público”.

Las autoridades de ADEPA calificaron al encuentro con la Presidenta como positivo, aunque recalcaron: “Debe fructificar tras esto una sana colaboración y no un enfrentamiento estéril”.

Destacaron, además, la necesidad de contar con “un control del dial que debe organizarse para que no se superpongan las frecuencias que determinan un caos radiofónico configurado por cinco mil emisoras ilegales instaladas en el espectro”.

Los referentes de distintas radios, se encontraron en el restaurante Piégari de Puerto Madero, y Enrique Albistur dijo no temer por el futuro de su carrera política, y recordó que el COMFER opera bajo su órbita, indicando una suerte de potestad sobre el organismo.

La iniciativa de modificar la Ley de Radiodifusión es paralela a la decisión presidencial de promover la tarea de un Observatorio de Medios integrado al Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). Elisa Carrió aludió a que en este contexto se negará a participar de las reuniones de consulta que viene realizando la Casa Rosada, porque “se está atacando la libertad de expresión y de prensa en la Argentina”.

Carlos Campolongo, profesor titular de Políticas y Planificación de la Comunicación en la UBA, en la carrera de Ciencias Sociales, recordó que “los Observatorios de Medios existen en innumerables países democráticos y con distintas formas organizativas, pero en todos los casos absolutamente independientes del poder del Estado”. Y a la vez, se preguntó: “¿Quién observará a los observadores?”.

Por su parte, Henoch Aguiar, presidente de la Fundación Digital y titular de la cátedra de Legislación Comparada en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, fue puntilloso respecto de la Ley de Radiodifusión. “Hay que abrir el espectro cerrado en televisión abierta. Aparte de Capital Federal —describió— la mayor parte de las ciudades del interior del país tienen un solo canal de televisión abierta. En cada ciudad podría sin embargo haber seis canales funcionando. Es una riqueza de comunicación que nos hemos perdido en los últimos 25 años, porque no ha habido concursos de canales de televisión abierta”.

La amplitud y riqueza de la comunicación está garantizada solamente por la debida rendición de cuentas del Ejecutivo sobre las cuestiones de interés público, y no, a la inversa, por el control del Estado sobre lo que se publica o lo que se dice en los canales y en las radios.