La Cámara Empresaria CEMCI cuestionó el ordenamiento dispuesto por el COMFER de la grilla nacional de TV paga como un intento de censura. Los empresarios advierten que “el poder político pretende digitar qué cosa y de qué manera deben llegar al público”, con lo que insólitamente reconocen que son ellos quienes ahora están “digitando” lo que “debe” llegar al público. Publicado en La Nación.

Objetan la resolución del Comfer

Cemci dijo que es un acto de censura

Viernes 14 de marzo de 2008 | Publicado en la Edición impresa 

Un enérgico rechazo a la resolución N° 110/08 del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que obliga a las empresas de TV paga de todo el país a incluir en los primeros 15 lugares a los canales abiertos y señales de noticias, formuló ayer la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci), que reúne diarios, revistas, radios y emisoras de TV abierta y por cable.

“Elevamos nuestra voz de alerta ante la resolución del Comfer, ahora dependiente de la Jefatura de Gabinete, que violando la Constitución nacional y la legislación vigente, se entromete arbitrariamente en la libertad editorial de los medios y destruye el carácter federal de la radiodifusión argentina”, señaló la entidad.

Advirtió que al establecer categorías inexistentes en la ley de radiodifusión, como canales y señales nacionales, la resolución contradice normas de mayor jerarquía y “busca consagrar una notoria desigualdad ante la ley, discrimininando la producción local que encarnan los canales abiertos de todo el país. La norma constituye un acto de avasallamiento al federalismo y a las identidades locales”.

Cemci denunció la “arbitrariedad” de la disposición y consideró que “al establecer en forma compulsiva un determinado ordenamiento para la grilla de los cableoperadores de todo el país, la medida vulnera flagrantemente el principio de la liberta de expresión”, pues pretende “imponer, desde el Estado, restricciones y condiciones a los contenidos emitidos por un medio de comunicación”.

El comunicado advierte, como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, que se trata de “un caso de censura previa, en el que el poder político pretende digitar qué cosa y de qué manera deben llegar al público”.

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